El Gobierno, desvelado por la inflación, pasa a la ofensiva para frenar el desgaste en la calle

Ministros por tierra, mar y aire desplegados para vender el plan de choque de medidas contra la guerra aprobado por el Gobierno y orden en todas las delegaciones del Gobierno de presentar el paquete de ayudas. El Ejecutivo está en guardia para que la entrada en vigor del descuento de 20 céntimos por litro de carburante este viernes, una de las medidas más directas a todos los ciudadanos, no se convierta en “un caos”, como avisan las gasolineras.

En Moncloa confían en tener un verdadero respiro en un mes, cuando la factura de la luz refleje la ‘excepción ibérica’, que debe autorizar Bruselas, con un precio límite al gas que permita una bajada automática hasta la mitad en el recibo de ciudadanos y empresas. Esa es la gran esperanza, mientras confían en que los paliativos del plan de choque relajen los ánimos, con la bonificación de los carburantes como aperitivo. Con la aplicación de ese tope de 30 euros/MWh al gas para las centrales de ciclo combinado que España y Portugal han enviado a Bruselas como punto de partida, se estima que el precio de la luz en el mercado mayorista se situaría en unos 120 euros/MWh, muy por debajo de los más de 220 euros/MWh actuales.

Hubo ayer casi pleno de ministros con agenda pública, 20 de 23, para enfatizar el mensaje optimista ante la crisis. Este viernes, son 16

De momento, las previsiones de turismo en Semana Santa no son todo lo positivas que podría esperarse. Lejos de los niveles prepandémicos como se preveía. El Gobierno achica aguas, con la máquina a todo trapo dirigida desde Moncloa, ante la evidente indignación social por la escalada de los precios, que ya se nota en la cesta básica de la compra y la hostelería. Hay preocupación porque la inflación acabe por desbordar el malestar social. Ya se vio con los transportistas y el Gobierno quiere evitar otro estallido que los pilló desprevenidos y con un diagnóstico claramente erróneo, ninguneando el enfado y vinculándolo a la extrema derecha. El lema del plan es elocuente 'España responde'.

Evitar la foto del "caos"

Este viernes, muchos ciudadanos acudirán a llenar su depósito aguardando al anuncio del presidente Pedro Sánchez de una bonificación de 20 céntimos por litro. Una medida que forma parte del plan de choque aprobado, con 6.000 millones de euros de ayudas públicas hasta junio y 10.000 millones el líneas de crédito ICO hasta final de año, y que el Gobierno insiste en que funcionará “sin problemas” y “no se ha improvisado”. La inflación ha desbordado el plan antes de entrar en vigor y Sánchez se abrió este miércoles en el Congreso a prorrogarlo. Medidas como la rebaja de los impuestos de la electricidad podrían extenderse hasta final de año con un coste en las arcas públicas de 7.000 millones de euros. El Gobierno extremará "la vigilancia" para que todo el esfuerzo fiscal en la electricidad no la absorban las empresas eléctricas.

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La bonificación de los carburantes, la medida que absorbe la mayor parte del desembolso de dinero público del Estado en este plan, tiene muchos flancos débiles. Las gasolineras más pequeñas han advertido de sus dificultades para anticipar el descuento y amenazan con cierres. Las asociaciones de consumidores han alertado de que las petroleras han disparado los precios en la antesala de la entrada en vigor de la medida. Eso tiraría por el desagüe el descuento y el ciudadano no lo notaría. 'Caos' es la palabra que más repiten desde el sector, que advierten de una situación "muy complicada".

Desde el puente de mando del Gobierno admiten que la grave crisis del transporte, que puso la economía española al borde del colapso y al Ejecutivo contra las cuerdas, ha sido un aviso. Se erró en el diagnóstico y en la valoración pública de la profunda indignación de un sector que lo estaba pasando muy mal. El Gobierno no solo vigila mucho más de cerca desde entonces los signos de estallido, sino que también trabaja en el mensaje.

La foto de un caos en las gasolineras este viernes tiraría por tierra todos los esfuerzos de los últimos días para reconducir, o al menos embridar, la situación. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha un sistema de vigilancia “mucho más intenso” del precio de los carburantes para evitar que las gasolineras aprovechen la ayuda pública. “Conocemos los precios de todas las gasolineras todos los días”, sostuvo la presidenta de la CNMC, Cani Fernández. El Gobierno insiste en que “no hay improvisación” y asegura que desde el martes, que se aprobó en Consejo de Ministros, “todo se ha hecho en tiempo récord”. Habrá un buzón al que los ciudadanos puedan dirigir cualquier queja o aviso sobre el incumplimiento de los descuentos.

Hacienda dará también auxilio a las gasolineras ante el aviso de las más pequeñas de que no pueden aguantar ese desembolso. La Agencia Tributaria permitirá acceder a un formulario para pedir un anticipo que el Gobierno promete transferir “la próxima semana”. El cálculo del adelanto se realizará según la venta promedio mensual.

Debates crudos por delante

La extensión del bono social de la luz a familias más vulnerables o el aumento en un 15% durante tres meses del ingreso mínimo vital, están también en el paquete. Como la congelación de los alquileres, que no podrán subir por encima del 2%, o la prohibición del despido, una medida que tiene en contra a los empresarios. Por delante quedan debates que el Gobierno asume que serán duros, como la subida de las pensiones ligadas al IPC. La Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones que entró en vigor este 1 de enero vincula la revalorización de las pensiones a un índice de precios que está desbocado y supondría un enorme desembolso de dinero público. Desde el Ejecutivo aseguran que eso aún no toca, que esa decisión llegará a finales de año y que entonces confían en haber “doblado la curva” a la inflación. El otro gran objetivo es el pacto de rentas propuesto por Sánchez para repartir los daños de esta crisis.

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“El Gobierno hace todo lo que está en su mano”, “nos vamos a desvivir”, “hay que parar el discurso catastrofista de la derecha”, “saldremos de esta crisis otra vez sin aplicar recortes sociales”, “estaremos a la altura como ocurrió en la pandemia”, “el Gobierno está atento y vigilante”, “vamos a vigilar con mucho detalle la inflación”, “hemos demostrado la solvencia en los dos últimos años”, fueron algunas de las declaraciones con un claro fondo político que desplegó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este jueves en una rueda de prensa para detallar la ejecución presupuestaria de 2021 de las administraciones públicas, con un dato positivo de déficit en el 6,3% y 29.300 millones más de recaudación. Una subida de la recaudación que desvinculó de la inflación, asegurando que se debió sobre todo a “la buena marcha de la economía”, por IRPF, en relación con el salario mínimo, y sociedades.

Son mensajes que con más o menos énfasis trasladaron todos los ministros con agenda, casi pleno, 20 de 23, más los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas. Este viernes, son 16 los convocados. El Gobierno también admite preocupación por que cale el mensaje del PP sobre la bajada de impuestos, con esa idea que manejó el futuro líder, Alberto Núñez Feijóo, de que se están “forrando” a costa de los ciudadanos o esa idea de que “de cada 100 euros de gasolina, 57 se los lleva Sánchez”, que el principal partido de la oposición difundió en redes sociales. La mayoría de ese impuesto va a las arcas autonómicas. “El PP usa un eslogan tramposo, el de que todo se soluciona bajando impuestos, eso llevaría a deterioro el estado del bienestar, es el ‘Sálvese quien pueda”, defendió Montero. Desde el Gobierno recuerdan, además, la subida de impuestos que aprobó en 2012 el presidente Mariano Rajoy. Se desconoce si esta ofensiva, mientras los precios sigan desbocados y sin techo, sofocará el incendio que crece en la sociedad española.