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Sánchez tapona la hemorragia de la coalición y ofrece un papel de reparto a Podemos
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Calviño acusa a Belarra de frivolizar

Sánchez tapona la hemorragia de la coalición y ofrece un papel de reparto a Podemos

El presidente cerró el acuerdo con la vicepresidenta Díaz por teléfono el domingo por la noche y desencalló lo más complicado: congelación de alquileres y veto al despido libre

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
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La coalición de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos vuelve a tener constantes vitales normales y sale de la unidad de cuidados intensivos. Una de las señales inequívocas de cierta normalidad es que Moncloa prevé que sean las tres vicepresidentas económicas, Nadia Calviño, Teresa Ribera y Yolanda Díaz, que han tenido importantes roces en los últimos días, las que salgan este martes tras el Consejo de Ministros a presentar el plan de choque frente a la invasión de Ucrania y la guerra de Rusia. Unas medidas que ya esbozó el presidente, Pedro Sánchez, este lunes y que brindaron a los socios de Unidas Podemos un relato para defender su vuelta al acuerdo con el PSOE después de semanas muy tensas, agrietadas las relaciones con Podemos por el envío de armas a Ucrania y definitivamente rotas por el giro histórico en el Sáhara sin ni siquiera informar a sus socios de coalición.

Fue la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la que cerró el acuerdo con el presidente Sánchez en una llamada telefónica ya entrada la noche y después de lo que en el equipo de Unidas Podemos califican de “uno de esos domingos caóticos”. La parte socialista del Gobierno quita mucho hierro a lo que consideran “un relato épico” de sus socios y aseguran que todo se hizo “con mucha más normalidad”. Lo cierto es que el acuerdo se cerró a última hora y ya entrada la madrugada. Aunque la tensión seguirá aflorando, como se pudo ver en la tarde ayer. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, reprochó a la ministra de Agenda Social, Ione Belarra, que saliera a proponer un precio máximo del gas en la cifra de 30 euros. "Me sorprende mucho que alguien tenga una opinión al respecto, la verdad. Es un trabajo que se está haciendo desde el punto de vista técnico para afinar los números (...) Son cuestiones muy complejas como para que uno diga, 'pues me gustaría tal número", censuró.

Foto: EC.

El PSOE ha virado, tras el desdén en el Sáhara y después de la indiferencia con que desde Moncloa trataron esta última crisis, transmitiendo prácticamente que seguiría tomando decisiones al margen de sus socios porque Unidas Podemos está en una posición de franca debilidad y no tiene más remedio que continuar en la coalición pese a las diferencias. El presidente, consciente de que necesita un gran pacto nacional sobre este plan de choque en un momento muy excepcional, sabía que debía empezar por un acuerdo dentro de su propio Ejecutivo. Y dio orden al equipo socialista, pilotado por Félix Bolaños, de ofrecer una pista de aterrizaje, un relato para que se firmara la paz con Podemos.

Hay un paquete de medidas dentro del plan de choque que lleva 'el sello' de Unidas Podemos, como se encargaron ayer de reseñar los de Ione Belarra. Las negociaciones han estado abiertas las últimas semanas y el diálogo a todas las bandas y con distintos ministerios del Gobierno se ha producido a lo largo de la última semana. Fuentes del Gobierno indican que junto a la vicepresidenta Díaz han trabajado de forma estrecha el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, su jefe de gabinete, Josep Vendrell, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. La coordinacion del decreto ley ha estado capitaneada por el ministro Félix Bolaños como principal interlocutor con Unidas Podemos y con el área económica socialista, con Nadia Calviño, María Jesús Montero y Teresa Ribera.

Sin impuesto a las eléctricas

Los socios de Unidas Podemos tuvieron claro que no iban a conseguir un impuesto a las grandes eléctricas para gravar sus beneficios. Se conformaron con que esos 'ingresos caídos del cielo' para estas empresas se limiten por la vía de los precios, fijando un tope al precio de referencia del gas que estiman que de forma indirecta logrará poner orden en esos beneficios a favor de los ciudadanos. Esa “excepción ibérica” que la Comisión Europea ha prometido autorizar para España y Portugal fue un paso adelante para Podemos que se vendió como un triunfo histórico de Pedro Sánchez desde Moncloa. A partir de ahí, Unidas Podemos fijó su esfuerzos en dos asuntos clave: limitar el precio del alquiler, para grandes y pequeños tenedores, y prohibir el despido con la guerra y sus efectos económicos como causa objetiva.

Los grupos valoran las medidas del Gobierno

Ambos asuntos han sido objeto de duras negociaciones dentro de la coalición a las que la parte socialista trata en todo momento de restar dramatismo. Por primera vez en la historia, el Gobierno pondrá un tope del 2% a la subida de las rentas del alquiler. Una medida que no se logró ni siquiera en pandemia, cuando los precios se vincularon al IPC, que estaba en caída libre. Ahora, con ese dato desbocado al 7,6%, los socios de Unidas Podemos han peleado, con reticencias de los ministerios socialistas, por intervenir en esta congelación de las rentas para todos los propietarios con un tope al margen de esa referencia de los precios. Una medida que señalan como una gran victoria y que los socialistas han desechado durante días por considerar que entraba en intervenir en precios de mercado y en la propiedad privada.

Por primera vez en la historia, se impone un tope al alquiler sin vincular al IPC

El otro gran tanto que se anota Unidas Podemos es la 'prohibición' de los despidos, aunque aquí hay matices. Es el asunto que más ha tensado la cuerda entre las vicepresidentas Díaz y Calviño. La redacción de esta propuesta ha sido complicada y se ha afinado hasta lograr una medida que convenza a las dos partes. Desde el Ministerio de Economía alertaban del peligro de impedir el despido objetivo y de sus consecuencias para empresas y el mercado de trabajo. Era todo demasiado genérico. Esa medida ya estuvo en vigor durante la pandemia, pero entonces, admiten fuentes del Gobierno, la redacción fue mucho más fácil porque era más claro fijar las causas objetivas, por ejemplo, del cierre de un bar con las restricciones de aforo o la caída del negocio por los confinamientos y los cerrojazos bajo el paraguas legal del estado de alarma. Ahora, usar como causa objetiva la guerra para impedir el despido era mucho más delicado y se ha optado por una fórmula intermedia: se prohíbe el despido a todas las empresas que hayan recibido cualquier ayuda pública, ya sea un ERTE, un crédito ICO o una ayuda al combustible. Si despiden, tendrán que devolver esas ayudas directas con fondos públicos. Desde el Ministerio de Trabajo, aseguran que han amarrado bien la prohibición para que cualquier juez pueda dictaminar el despido nulo en estos casos y admiten que “no ha sido nada fácil”.

El Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra se apunta la subida de un 15% del ingreso mínimo vital durante tres meses, para permitir combatir la escalada de precios a las familias más vulnerables, y un aumento de la partida para el bono social de la luz, con la adhesión de 200.000 nuevas familias.

"La coalición está viva"

Desde el ala morada del Ejecutivo se muestran satisfecho por los logros en este plan de choque y aseguran que “la coalición vuelve a tener vida”, admitiendo la ruptura más grave de toda la legislatura con el detonante final del Sáhara tras semanas de encontronazos importantes. Se anotan también como un tanto que se haya doblado el brazo al PP y al guion que Sánchez pactó con Alberto Núñez Feijóo en la Conferencia de Presidentes de La Palma, con una hoja de ruta de bajada general de impuestos por la vía del IVA. Unidas Podemos nunca ha querido este camino y la vicepresidenta Díaz se rodeó de más de 60 expertos de todo signo o afinidad política para dejar claro que implementar un paquete de ayudas públicas potente, el actual es de 6.000 millones de euros, y abrir un agujero en las cuentas públicas bajando impuestos iba a conducir a un aumento disparatado del déficit público. El Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero tampoco ha estado nunca a favor de esa bajada indiscriminada de impuestos para inyectar dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Unidas Podemos aceptó una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible para todos los ciudadanos sin discriminar rentas ni vehículos, aunque su apuesta siempre fue, indican, "medidas más progresivas". El PSOE quería un mensaje directo al bolsillo de todos los ciudadanos para calmar unos nervios muy tensos.

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La mayor renuncia de Unidas Podemos ha estado en los beneficios de las grandes eléctricas, en los que querían meter la mano directamente por la vía de los impuestos. Un camino que la vicepresidenta Teresa RIbera nunca ha apoyado y que desde su departamento han considerado como “eslóganes populistas”.

Allanado el acuerdo interno, al Gobierno le toca ahora amarrar los apoyos en el Congreso. Unidas Podemos, con una crisis interna en su grupo parlamentario con una nueva baja entre sus diputados, sabe que estaba en una situación difícil en la que, incluso desde partidos como ERC, se ponía el foco en la contradicción de permanecer en un Consejo de Ministros donde no se comulga con la mayoría de las medidas que se adoptan. Ahora, con Unidas Podemos asido a un relato que le da oxígeno y permite dar apoyo al PSOE, el resto de socios de la investidura de la izquierda, desde ERC a EH Bildu o Más País, que han defendido un giro para proteger a los más vulnerables, tienen también más difícil oponerse. Con ese cálculo, además del convencimiento del presidente Pedro Sánchez de que quiere agotar la legislatura y llevarla a 2023, él mismo descolgó el teléfono a última hora del domingo para desbrozar los temas más conflictivos con la ministra de Trabajo.

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La vicepresidenta Díaz ya le había trasladado al presidente su preocupación por la imagen de inacción que el Gobierno estaba proyectando mientras que en la calle se avecinaba un estallido y España se asomaba al abismo del colapso económico por las dos semanas de paros de los transportistas. “Quien se baja del coche oficial, está en la calle, va al supermercado o a recoger a sus hijos al colegio se da cuenta perfectamente de que no es la extrema derecha lo que late detrás del profundo malestar en la sociedad. Eso se perdió de vista y cometimos errores”, trasladan fuentes próximas a Díaz. El presidente mandó virar el guion de que había que esperar al Consejo Europeo y ordenó activar medidas. Los socialistas niegan que lo hayan hecho empujados por Unidas Podemos. Cada socio pone sus acentos, sus comas y sus subrayados en el relato, pero lo cierto es que ambos partidos en el Gobierno han vuelto a salvar en un momento excepcional una coalición sin precedentes previos en el país y en un momento, con una guerra a las puertas de Europa, que tampoco tiene antecedentes en la historia reciente.

La coalición de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos vuelve a tener constantes vitales normales y sale de la unidad de cuidados intensivos. Una de las señales inequívocas de cierta normalidad es que Moncloa prevé que sean las tres vicepresidentas económicas, Nadia Calviño, Teresa Ribera y Yolanda Díaz, que han tenido importantes roces en los últimos días, las que salgan este martes tras el Consejo de Ministros a presentar el plan de choque frente a la invasión de Ucrania y la guerra de Rusia. Unas medidas que ya esbozó el presidente, Pedro Sánchez, este lunes y que brindaron a los socios de Unidas Podemos un relato para defender su vuelta al acuerdo con el PSOE después de semanas muy tensas, agrietadas las relaciones con Podemos por el envío de armas a Ucrania y definitivamente rotas por el giro histórico en el Sáhara sin ni siquiera informar a sus socios de coalición.

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