El conflicto del contrato de Ayuso obliga a Delgado a reunir la primera junta en un año

La Junta de Fiscales de Sala, que reúne a la cúpula de la carrera fiscal y es uno de los principales órganos consultivos de la institución, lleva sin reunirse más un año. El conflicto generado entre fiscalías sobre cuál de ellas debe ocuparse de las diligencias respecto al contrato de compra de mascarillas adjudicado por la Comunidad de Madrid a Priviet Sportive y del que acabó beneficiándose el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha obligado a Dolores Delgado a reunirla pese a hacer un uso extremadamente limitado de este órgano de asistencia. La convocatoria para hoy lunes se hizo este viernes de manera sorpresiva. Según indican fuentes fiscales, la última ocasión en que se convocó la junta fue hace meses para informar sobre dos circulares. Lo habitual, destacan, es que la junta se reúna con mucha más frecuencia.

En esta ocasión, Delgado tampoco preveía reunirla. Según estas fuentes, la pasada semana ya notificó de forma oficial su decisión respecto al conflicto, fallando a favor de Anticorrupción frente a la demanda de la Fiscalía Europea. No atendió la previsión reflejada en el Estatuto Fiscal, al que remite la ley orgánica por la que se establece una cooperación reforzada para la creación de este departamento del Ministerio Público dependiente de la UE. Cuando se percató del error, dio marcha atrás para anunciar la convocatoria, que tendrá finalmente lugar este lunes.

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Acudirá a ella con un criterio ya formado. Defiende la tesis del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y considera que la investigación debe continuar en sus manos, dado que el delito principal de los existentes a nivel indiciario sería un tráfico de influencias de relevancia nacional prioritario sobre la presunta malversación de cantidades procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). A pesar de ello, no será hasta que no escuche el criterio de los fiscales de Sala cuando anuncie su decisión final.

La desavenencia entre los dos departamentos arrancó hace unos días, después de que la Fiscalía Europea pidiera investigar si se produjo una malversación de fondos comunitarios en la adjudicación de la que se benefició Tomás Díaz Ayuso. Según informan fuentes fiscales, la representante del departamento en España, Concepción Sabadell, se puso en contacto con la Fiscalía Anticorrupción para que se le facilitara el acceso a las diligencias abiertas, al considerar que pudo realizarse un mal uso de las ayudas. La solicitud se realizó después de que el Servicio Nacional de Cooperación Antifraude remitiera un informe a la Fiscalía Europea en el que se daba cuenta de la posibilidad de que el dinero procediera de las cantidades que destina la UE al desarrollo regional.

La junta está diseñada para aconsejar al fiscal general en materia doctrinal y técnica "en orden a la formación de criterios unitarios de interpretación y actuación legal, la resolución de consultas, elaboración de las memorias y circulares, preparación de proyectos e informes que deban ser elevados al Gobierno y cualesquiera otras, de naturaleza análoga, que el fiscal general del Estado estime procedente someter a su conocimiento y estudio".

Las diligencias

La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias a finales de febrero a raíz de las tres denuncias presentadas por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, que reclamaron que se investigara el contrato de adquisición de mascarillas vinculado al hermano de Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid aclaró que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive, la adjudicataria, por las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid.

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El departamento dirigido por Alejandro Luzón se encontraba analizando el contrato sospechoso para determinar si existen indicios delictivos y no descarta citar al familiar de la presidenta madrileña. Los tres partidos de la oposición madrileña han reclamado, en concreto, que se investiguen los puntos oscuros de la adjudicación que estuvo en el origen de la guerra abierta entre el presidente popular, Pablo Casado, y la propia Ayuso. De hecho, las primeras sospechas de corrupción partieron del seno del partido, que investigó de forma interna presuntas irregularidades. Fontaneros de la formación llegaron a contactar con una agencia de detectives para tratar de comprobar el cobro con la idea de que era muy superior, de 286.000 euros.

Los grupos parlamentarios de la izquierda acudieron al Ministerio Público de forma individual y atribuyen a Ayuso delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación y prevaricación. En el caso de que esta investigación que acaba de arrancar terminara provocando la presentación de una querella, será el Supremo el tribunal competente, dado que el estatuto madrileño determina que los presidentes, vicepresidentes y consejeros de la región sean aforados ante la Sala de lo Penal de este alto tribunal. Si no afectaran a la presidenta, el tribunal competente sería la Audiencia Nacional.

Ayuso respondió este mismo viernes a la reclamación de la Fiscalía Europea. "Ya no sé en cuántos más organismos se va a fiscalizar esta historia. No sé a quién le interesa hacerlo así, pero, sinceramente, después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto", ironizó.