El Gobierno salva el acuerdo del transporte con 1.050M y la duda de si desinflará los paros

Tras más de 12 horas de negociación en una maratoniana reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte, que representa a las asociaciones mayoritarias de transportistas, pasada la media noche el acuerdo seguía en el aire y no fue hasta las 2.15 horas cuando el Ministerio de Transportes comunicó que había fumata blanca: las partes habían llegado a un pacto que incluía una rebaja e 20 céntimos por litro en el combustible que se extenderá hasta el 30 de junio. Las conversaciones, eso sí, no contaron en ningún momento con la presencia de la plataforma que ha convocado los paros de los últimos días y está por ver si el texto definitivo seduce a algunas patronales que también habían apostado por cesar su actividad ante la inacción del Ejecutivo.

En total, según el desglose oficial, se trata de un paquete de 1.050 millones de euros, más del doble del anunciado hace solo unos días, en el que se incluye ese descuento por litro de carburante. 600 millones irán destinados a esa bonificación por litro, de la que 15 céntimos correrán a cuenta del Estado y otros 5 serán añadidos por las petroleras. De acuerdo a las estimaciones del Gobierno, implicará un ahorro de unos 700 euros por camión. En paralelo, se otorgarán 450 millones de euros en ayudas directas al sector, tanto para el transporte de mercancías como de viajeros: 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias). Cada empresa del sector podrá recibir un máximo de 400.000 euros.

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El sector había advertido durante la jornada de que el parón total de la economía podría llegar el fin de semana si no se acordaba un paquete de medidas para frenar las protestas. Fuentes del sector se quejaban ya cerca de la madrugada de que las ministras de Transportes, Raquel Sánchez, Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, habían salido del Ministerio y dejado la negociación final "en manos de altos cargos y técnicos". Había un aviso: sin acuerdo, los paros serían del cien por cien y la huelga total, una realidad. A las 12 y media de la madrugada, la ministra de Transportes volvió a la mesa con "una oferta de cierre" que debía ser evaluada por los representantes del sector.

Horas antes, la patronal había quedado a la espera de un documento que cuando llegó, informan fuentes del Comité Nacional, no cumplía lo acordado sobre las ocho de la tarde. El atasco se dio, explican los transportistas, por "desencuentros entre los ministerios". Desde el Gobierno seguían confiando en rubricar un documento, mientras que los transportistas describían una situación límite y avisaban de que todo lo avanzado podía "saltar por los aires". El objetivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era que nadie se levantara de la mesa hasta cancelar los paros y firmar una tregua. Y, finalmente, la rúbrica llegó, según explicó la propia ministra en una rueda de prensa posterior.

La presión era máxima y desde el sector había un diagnóstico claro: el país podía pararse el fin de semana. Al empezar la tarde, el Gobierno había ofrecido 20 céntimos por litro desde el 1 de abril al 30 de junio, la cifra que finalmente se ha pactado. Un periodo prorrogable si siguen las tensiones en los precios después de esa fecha. La ayuda directa sería para todo el sector, vehículos pesados, ligeros y viajeros. Sería aplicable directamente en gasolineras y estaciones de servicio. El sector lo consideró insuficiente y exigió aumentar esta cantidad para seguir negociando. En total, el Gobierno acabó elevando la cifra hasta esos más de 1.000 millones en total.

Los problemas de abastecimiento, el bloqueo en los puertos, las pérdidas en cooperativas agroalimentarias, los efectos en la hostelería y las estanterías vaciadas en supermercados, agitando el miedo y la incertidumbre entre los ciudadanos, han puesto al Gobierno contra las cuerdas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez erró en el diagnóstico inicial y desde mediados de esta semana desde Moncloa se dio orden de cerrar un acuerdo como fuera antes de que acabara la semana. Los transportistas les acusaban de haber dejado demasiado tiempo pudrirse el conflicto, lo que lo hacía más difícil de reconducir.

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La Plataforma en Defensa del Sector del Transporte por Carretera, la que ha convocado los paros hasta ahora, dejó claro desde primera hora que no iba a desconvocarlos, por lo que el efecto del pacto es aún incierto. “Que no nos engañen, ellos no nos representan”, insistían en alusión al Comité Nacional. “No nos vamos a mover hasta que la ministra se siente con la plataforma y se llegue a un acuerdo”, aseguraron. Este viernes han convocado una protesta en Madrid a las puertas del ministerio.

Con todo, el Gobierno confía en que el acuerdo cerrado con el Comité Nacional y las ayudas directas al sector permitan desactivar los paros. La mayoría de quienes protestan no son afiliados de esa plataforma, que es una entidad minoritaria que ha sabido canalizar el hondo malestar de un sector muy castigado y atomizado, que lleva años en un movimiento de precarización. Las redes sociales y los vídeos de su presidente, Manuel Hernández, se convirtieron en un poderoso instrumento para aglutinar todo ese descontento.

Desde la patronal, calculaban que, de cerrarse el acuerdo, la mayoría de los transportistas sí volverían al tajo, independientemente de la llamada de la plataforma a seguir los paros. Si las principales federaciones desconvocaban, el impacto, decían, sería "mínimo". Las ayudas directas en el repostaje calmarían los ánimos, estimaban.

Error en el diagnóstico

Las primeras protestas fueron poco importantes y tensas por piquetes agresivos en algunos casos. Sin embargo, el malestar de los transportistas, que ya en diciembre cerraron un acuerdo tras un amago de paro en la época de mayor consumo del país, fue el caldo de cultivo perfecto para que la huelga fuera escalando. El Gobierno despreció esas movilizaciones y las vinculó con la extrema derecha y después incluso con Rusia y los intentos de Putin de desestabilizar Europa.

Lo cierto es que desde el primer momento un paseo entre los camioneros que circulaban a lenta velocidad en las circunvalaciones de las principales ciudades del país, sobre todo en Andalucía, Asturias y Galicia, donde el paro ha tenido más consecuencias, era un termómetro perfecto. La mayoría eran autónomos con un aviso claro: “Me sale más caro trabajar que estar aquí parado”. Cuando se trabaja a pérdidas y el paro es más rentable que arrancar el camión por los altos precios de la gasolina, frenar una huelga es mucho más difícil. Desde el pasado 14 de marzo, la tensión fue escalando mientras el Gobierno no daba soluciones, rehuía el conflicto y se escudaba en el Consejo Europeo de este jueves y viernes y en el Consejo de Ministros del próximo martes 29 de marzo, que aprobará el decreto-ley con un plan de choque de medidas contra la guerra y los efectos económicos de la invasión de Ucrania.

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El pasado lunes, una semana después de que se iniciaran los paros y ya con problemas en la cadena de suministro y desabastecimiento de productos básicos de forma puntual, el Gobierno accedió a reunirse con el Comité Nacional del Transporte. A la ministra del ramo, Raquel Sánchez, la acompañaron la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sobre la mesa pusieron una oferta en ayudas directas de 500 millones de euros que no sirvieron para calmar los ánimos. Desde el sector exigían conocer más detalles sobre esa oferta. Una concreción sobre a cuánto iba a ascender la subvención directa en céntimos por litro y con qué horizonte temporal.

Mientras que el Gobierno daba por hecho el acuerdo, las principales asociaciones de transportes convocaron a sus afiliados en asambleas telemáticas y algunas de las principales federaciones decidieron descolgarse del acuerdo y hacer paros. La adhesión de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España (Fenadismer), la más importante, y otras como la Federación Española del Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa) y la Federación Independiente de Transportistas (Feintra) sumaron a la huelga a “un 75% del sector”, según fuentes de la patronal. La división en el seno del Comité Nacional del Transporte fue palpable. Quedó en evidencia que el acuerdo sellado en diciembre y materializado en un decreto-ley que precisamente el Congreso convalidó la semana pasada cerró en falso las heridas en el sector del transporte.

La escalada de precios de los carburantes por la invasión de Ucrania quebró cualquier consenso. Quedó claro también que las grandes patronales y los sindicatos clásicos habían perdido el control de las movilizaciones. El Gobierno respondió desplegando a la Policía para contener piquetes violentos, pero la huelga era ya mayoritaria entre los autónomos, mayoría en los transportistas. El riesgo de parón en todo el país es una amenaza cierta para el fin de semana.