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La investidura de Mañueco se retrasa por las nuevas exigencias del programa de Vox
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Primera crisis tras firmar el acuerdo

La investidura de Mañueco se retrasa por las nuevas exigencias del programa de Vox

Los de Abascal creen que negociaron con demasiada premura y renunciaron a partes importantes de su ideario. El PP advierte de que ahora tampoco cruzará ninguna de sus líneas rojas

Foto: El presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. (EFE/Miguel Calero)
El presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. (EFE/Miguel Calero)
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El pasado 10 de marzo, el PP y Vox llegaban en Castilla y León a su primer acuerdo para gobernar juntos. La negociación fue dura y hasta el último minuto no lograron cerrar un pacto. Los de Santiago Abascal impusieron presidir las Cortes y ocupar la vicepresidencia y tres consejerías en el futuro Ejecutivo. El PP cedió, pero marcó sus líneas rojas en el programa. Para el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, había límites que no estaba dispuesto a cruzar. Uno de ellos era retroceder en políticas de violencia de género, educación o cualquier planteamiento que pusiera en cuestión el modelo territorial. Doce días después, los nuevos socios sufren su primera crisis. El Confidencial ha sabido que el diálogo para cerrar la sesión de investidura y el reparto de carteras está encallado.

El entorno de Mañueco reconoce “desconcierto” por la postura de los negociadores de Vox. No hay claridad sobre las carteras que quieren ocupar, aseguran fuentes populares, que explican que se les ha ofrecido, como pedían, las que ostentaba Ciudadanos, pero Vox no quiere gestionar Sanidad. En las conversaciones se habla de Agricultura e Industria, pero las mismas fuentes aclaran que solo se ha esbozado la futura composición del Ejecutivo. En el caso de Vox, restan ahora importancia a los sillones, pese a que al principio era fundamental tener “ni más ni menos” que los naranjas en la anterior legislatura. En estos momentos, desde el partido que lidera el futuro vicepresidente, Juan García-Gallardo, trasladan que quieren revisar los puntos del programa pactado. Consideran que se cerró con mucha premura ante la presión por la conformación de las Cortes. Auguran que la investidura irá para largo, puesto que “hay que concretar aspectos importantes que se cerraron de una forma muy general”. Los de Abascal temen que señas de identidad de sus políticas queden diluidas y por eso están replanteándose el documento firmado.

Foto: El líder de Vox, Santiago Abascal, durante un acto en León. (EFE/J. Casares)

El citado texto suavizaba buena parte de las propuestas de máximos del socio minoritario de la futura coalición. Cuenta con 11 ejes y 32 acciones en que el PP ha limado aspectos fundamentales, como lo relacionado con la protección de la mujer. Si bien se acepta una norma para abordar la violencia intrafamiliar, se acuerda reforzar la Ley de Violencia de Género "para mejorar la atención a las víctimas, especialmente cuando sean menores, mayores, mujeres, personas con discapacidad o vulnerables y con especial énfasis en el medio rural". Tampoco se acordó la exigencia de eliminar la Ley de Memoria Histórica que exigía Vox, que se resolvió con una declaración de intenciones para "combatir cualquier intento de quienes tratan de utilizar nuestra historia común para dividir a los españoles". "La reducción de todas las subvenciones públicas a sindicatos, patronales y organizaciones políticas", que también se quedó fuera, sería otro de los aspectos que ahora quieren retomar.

Desde el PP, apuntan que no cederán en sus políticas y advierten de que ya fueron generosos en la negociación de la presidencia de las Cortes. “No vamos a cruzar ni una sola de las líneas que marcamos”, advierten desde el entorno de Mañueco, que confía en que Abascal cumpla con el acuerdo cerrado durante un encuentro en Madrid, en el que le garantizó que “no habría problemas” sobre el fondo del futuro Gobierno. En Vox, hay preocupación por que se haya trasladado a la opinión pública que preferían asientos a programa y por eso están intentando presionar para que las futuras políticas sean más acordes con su ideario.

Foto: Alfonso Fernández Mañueco (d) y Juan García-Gallardo (i). (EFE/Nacho Gallego)

Por ejemplo, en el caso de la inmigración, se pactó recoger en el documento "una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León", frente a la intención de Vox de eliminar en 90 días las partidas que promuevan el 'efecto llamada' y “favorezcan el tráfico de seres humanos” o que la Junta colaborara con la Policía en "la identificación de inmigrantes ilegales que puedan ser expulsados". La presión al PP en Castilla y León también esconde una estrategia nacional. Los de Santiago Abascal quieren marcar el ritmo al futuro líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y forzarle a entrar en debates que le son incómodos. Vox rentabiliza más su discurso contra todo que desde la gestión, y no quiere que su bautismo en la Administración acabe desdibujándolo en un momento en que las encuestas lo encubran como tercera fuerza y subiendo. La primera coalición PP-Vox ha naufragado antes de echar a andar y el acuerdo parece difícil por ahora. En este momento, ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder.

El pasado 10 de marzo, el PP y Vox llegaban en Castilla y León a su primer acuerdo para gobernar juntos. La negociación fue dura y hasta el último minuto no lograron cerrar un pacto. Los de Santiago Abascal impusieron presidir las Cortes y ocupar la vicepresidencia y tres consejerías en el futuro Ejecutivo. El PP cedió, pero marcó sus líneas rojas en el programa. Para el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, había límites que no estaba dispuesto a cruzar. Uno de ellos era retroceder en políticas de violencia de género, educación o cualquier planteamiento que pusiera en cuestión el modelo territorial. Doce días después, los nuevos socios sufren su primera crisis. El Confidencial ha sabido que el diálogo para cerrar la sesión de investidura y el reparto de carteras está encallado.

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