El Gobierno agrava la crisis del transporte con un paquete de ayudas inconcretas

El Gobierno puso sobre la mesa de los transportistas este lunes una oferta en ayudas directas de 500 millones de euros para bonificar parte de la subida de los hidrocarburos y tratar de sofocar el malestar social creciente en la octava jornada de huelga del sector y tras una masiva manifestación el domingo del mundo rural en Madrid. No hubo cortafuegos sino todo lo contrario. Al final de la jornada, varias grandes patronales anunciaron que se sumaban al paro de los pequeños transportistas, ante la falta de concreción de las ayudas prometidas. El incendio en el sector está cada vez más descontrolado.

“Creíamos que el Gobierno iba a acudir con un acuerdo para apagar el fuego y acudieron con un lanzallamas, sin querer precisar cómo serán esas ayudas y descartando rebajas fiscales”, advirtieron fuentes de la CEOE a El Confidencial. La adhesión de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España (Fenadismer), la Federación Española del Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa) y la Federación Independiente de Transportistas (Feintra) suman a la huelga “al 75% del sector”, señalan fuentes de estas asociaciones. Ahora mismo es ya más que mayoritaria. En un comunicado, valoraron la oferta, pero lamentaron que no se concrete en qué consistirá, cómo se articulará, en qué cuantía beneficiará a cada transportista y si será tanto para los pesados como para los ligeros. Autónomos y pymes, avisaron, están "en una situación límite". Exigen "medidas urgentes y efectivas" para reanudar la actividad.

Economía, al rescate

El equipo económico, con la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se unió a la titular de Transportes, Raquel Sánchez, y reunieron al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) para evitar que los paros, que ya estaban afectando de forma importante la distribución de suministros básicos, siguieran extendiéndose entre más sectores de la patronal. La oferta no convenció, pese a ser jugosa económicamente.

Mientras, el presidente Pedro Sánchez continúa su gira europea para preparar el Consejo Europeo de los próximos 24 y 25. En su agenda figuraron reuniones con los primeros ministros de Francia y Bélgica, así como con el presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión Europea, en su defensa de un reforma del mercado eléctrico que consiga desacoplar del gas el precio de la energía. Sánchez sigue vendiendo sus planes y eludiendo las preguntas de la prensa en sus comparecencias. El líder del PP ‘in pectore’, Alberto Núñez Feijóo, describió “un colapso” en el Gobierno y mostró alarma por “una falta de reflejos” que tildó de “muy peligrosa”.

Pese al estallido social, desde el Ejecutivo no se mueven en el calendario. Quieren que las medidas entren en vigor y se acuerden después del Consejo de Ministros del próximo 29 de marzo, tras contar con el consenso del Consejo Europeo. Defienden que se activarían el 1 de abril, al igual que en otros países como Francia. También sigue España el modelo francés y descarta ahora rebajas fiscales. En la propuesta sobre la mesa de los transportistas, firmada por la ministra Sánchez, el Gobierno descartó una reducción del IVA, alegando que “no supondría un beneficio neto para los transportistas”. Se propone una bonificación directa en el precio de la gasolina, “financiada una parte con el presupuesto público y otra a cargo de las distribuidoras y comercializadoras de combustibles”. Los transportistas, que se volverán a sentar con el Ejecutivo el viernes, exigieron conocer con más concreción cuántos céntimos se bonificarán del litro de gasolina y por cuánto tiempo. Se adelantará otra reclamación histórica, la devolución mensual del combustible profesional, que ahora es trimestral.

"El 75% en paro"

La oferta no consiguió convencer a la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, convocante de los paros, que anunció que su huelga sigue adelante y ahora con más fuerza. Quieren que el Gobierno dialogue con ellos directamente. Fuentes del Gobierno explican que daban por descontado que esta asociación no iba a desconvocar, pero sí celebraron que se aproximen posturas y se perfile un acuerdo amplio, antes de conocer el efecto bumerán de su propuesta. La intención era que los transportistas, muchos de ellos autónomos o pymes, tuvieran el mensaje claro de que iban a darse ayudas directas para financiar la subida del gasóleo, calmar los ánimos y desactivar los paros. Muchos de quienes protestan no están afiliados a la plataforma, pero la escalada de precios y la respuesta del Gobierno a ese malestar terminaron por hacer de esa convocatoria un éxito.

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Fuentes de la patronal lo explican gráficamente. Si el primer día de huelga, el pasado lunes, el consumo de gasóleo del transporte decayó apenas un 15%, el miércoles ese dato fue del 48%. “Pasó de ser una huelga irrelevante a convertirse en casi mayoritaria”, explican fuentes de la patronal, que achacan ese incremento en parte “a la respuesta que dio el Gobierno”, que pasó de ignorar los paros a vincularlos con la extrema derecha y Putin.

La huelga hace mella en uno de los sectores con más problemas, el de la agricultura y la industria agroalimentaria, con daños colaterales que podrían superar, inciden fuentes del Gobierno, los 1.000 millones de euros. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, viajó a Bruselas para reunirse con sus colegas europeos con la reclamación de un paquete de medidas urgentes y extraordinarias para el campo y la pesca española. Un acuerdo que tuvo antes el consenso de todas las comunidades y que trasladó tras lanzar un mensaje de mano tendida y diálogo al sector que reunió en Madrid este domingo a 400.000 personas, según los convocantes, 150.000, según Interior, en una marcha que se convirtió en un hito por la masiva asistencia.

Opinión

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Planas sí trajo buenas noticias. España recibirá 64,5 millones de euros, de los 500 millones de euros de la reserva de crisis habilitados por la Comisión Europea. Además, el sector pesquero recibirá ayudas para compensar el encarecimiento de los costes de producción, fundamentalmente el gasóleo, con carácter retroactivo desde el 24 de febrero. La flota está desde el lunes amarrada a puerto.

Sin bajada de impuestos

El Gobierno sigue sin concretar las medidas que integrarán el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra que tiene previsto aprobar el 29 de marzo. Un paquete de medidas que trata de amortiguar el impacto económico y social de la invasión de Ucrania y que no contendrá las rebajas de impuestos que el presidente se comprometió a aprobar con las comunidades autónomas en la última reunión de la Conferencia de Presidentes, el pasado 13 de marzo.

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Fue uno de los puntos cerrados por el futuro líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que pactó los términos de un comunicado con Sánchez para que de esa cumbre autonómica saliera un mensaje de acuerdo y unanimidad. Fuentes del PP mostraron su sorpresa por la inconcreción del Gobierno durante la conferencia sectorial celebrada con las comunidades este lunes.

Desde Hacienda aseguran ahora que no caben rebajas en el impuesto de hidrocarburos porque el tipo que se aplica sobre el gasóleo profesional se sitúa en el mínimo que permite la directiva europea. Recuerdan además que los transportistas tienen derecho ya hoy a que una parte de ese dinero les sea devuelta. “El IVA es un impuesto que se deduce, por lo que no implicaría un beneficio relevante, no se contempla el tipo superreducido en carburantes y además no implicaría necesariamente una rebaja en el precio final”, aseguran desde el ministerio.