La guerra en Ucrania paraliza la investigación sobre las agencias de vientres de alquiler

En agosto de 2019, la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, instó a la Fiscalía General del Estado que ahora dirige a investigar las actividades de las agencias de vientres de alquiler que operan en España. La práctica, conocida también como gestación subrogada, está prohibida en nuestro país, pero cientos de familias recurren a empresas intermediarias con terceros países, mayoritariamente en Ucrania, donde sí está autorizada. La Fiscalía inició entonces una gran investigación sobre presuntas prácticas abusivas de estas compañías que ha quedado paralizada por la guerra. Está pendiente una comisión rogatoria que no se gestionará de momento y por un plazo indefinido a consecuencia del conflicto bélico, informan fuentes fiscales.

El Ministerio Público investigaba, en concreto, la presunta comisión de delitos por parte de empresas dedicadas a la gestación subrogada de origen ucraniano pero con derivadas en España. El Ministerio Público remitió una solicitud de información a las autoridades de Ucrania, para tratar de determinar si cometen actividades ilegales empleando como puente el territorio español, donde actúan como enlace con otros Estados y cobran cantidades por mediación o consultoría, informan fuentes conocedoras del caso.

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Ucrania es uno de los principales destinos mundiales para la gestación subrogada. Según datos no oficiales, se calcula que cada año nacen 2.500 bebés de gestantes ucranianas para otras parejas, la mayoría extranjeras. La principal empresa es BioTexCom, que incluso ha adquirido un refugio antiaéreo para estas mujeres embarazadas. Como adelantó este diario, el asesor legal de la empresa ha prometido en un vídeo una "correcta gestión de la crisis". "En 2014, ya nos enfrentamos a la agresión y mantuvimos nuestra clínica operando, y os aseguramos que podremos afrontarlo también ahora", dice en él Denis Herman. Decenas de padres españoles han quedado en el limbo.

Según confirman las fuentes consultadas, la principal investigada es precisamente BioTexCom, con un domicilio social en España y centro de las diligencias de investigación. La oferta de servicios que ofrece a su clientela sorprende por su oferta 'a la carta'. En cualquier caso, en esta fase no se atribuye delito alguno a personas físicas ni jurídicas, y la investigación —ahora completamente congelada— tiene la dificultad añadida de que las presuntas prácticas irregulares se desarrollan, en la mayoría de los casos, en el extranjero.

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La página web de la agencia de vientres de alquiler, en español, ofrecía un paquete vip por 65.000 euros y un periodo de espera de cuatro meses, que se alarga hasta el año si los futuros padres eligen las opciones más baratas, estándar o económica. La gestación por vientres de alquiler está prohibida por la legislación española y las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país "se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países", defendía el departamento que dirigía Delgado.

El mencionado paquete de lujo, con precio superior, incluye ventajas como "seleccionar el sexo del bebé" y el ahorro de cuotas extra si en el proceso de gestación subrogada se da la circunstancia de que el embarazo de la madre de alquiler es de gemelos. También incluye diagnóstico genético preimplantacional, un estudio de ADN en embriones que se emplea para seleccionar los que cumplen determinadas características o eliminar los que portan algún tipo de defecto. "DGP – SÍ modificaciones genéticas + elección del sexo", indica la oferta, sin más detalles.

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Alojamiento de 100 a 150 metros

El coste se justificaba, además, con otra serie de ventajas para los clientes. Teléfono móvil en Ucrania, canastilla, niñera de nueve de la mañana a seis de la tarde y pediatra 24 horas, siete días por semana. "Nuestra base de datos enumera más de 1.000 donantes y madres de alquiler", indica también, combinando las fotografías de algunas de ellas con otras en las que se muestran hoteles de alta gama. "Alojamiento de 100 a 150 metros cuadrados", prometían.

Las sospechas que motivaron la denuncia apuntan a que detrás de esta actividad comercial, dudosa desde un punto de vista ético o moral, puede haber también prácticas irregulares. Las condiciones impuestas a las gestantes son uno de los puntos de atención. Las fuentes consultadas apuntan al cobro por parte de las madres de un ínfimo porcentaje del precio solicitado. También a condiciones "leoninas", que incluyen prohibiciones durante el embarazo. Además de evitar el consumo de sustancias dañinas como el alcohol o el tabaco, se les prohibiría viajar en ese periodo (principalmente, en trenes o aviones). Durante el último mes, se exige a las madres que permanezcan en un emplazamiento determinado.