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El juez dilata su decisión sobre la imputación de la matriz de Iberdrola en el caso Villarejo
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Mantiene la condición de Florentino Pérez

El juez dilata su decisión sobre la imputación de la matriz de Iberdrola en el caso Villarejo

Manuel García Castellón ha concretado que no se pronunciará sobre la condición de la eléctrica en el procedimiento hasta que se celebren varias comparecencias fijadas para abril

Foto: Logo de Iberdrola. (Reuters/Sergio Pérez)
Logo de Iberdrola. (Reuters/Sergio Pérez)

Iberdrola tendrá que esperar para conocer si su papel en la investigación sobre los encargos realizados al comisario Villarejo desemboca en una imputación de su matriz, Iberdrola SA. En un auto, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha concretado que no se pronunciará sobre la condición de la eléctrica en el procedimiento hasta que no se lleven a cabo varias diligencias reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción, entre ellas, varias declaraciones acordadas para mediados de abril.

En concreto, el magistrado ha citado para el 18 de abril al exdirector de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola José Antonio del Olmo para que, como había solicitado, comparezca como imputado antes de decidir si le otorga la protección que reclama como denunciante de las presuntas irregularidades en la contratación por parte de la empresa eléctrica al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo. Además, ha llamado como testigos para el día 21 de ese mismo mes a María José Sanz y Dolores Herrera, responsables de cumplimiento normativo de Iberdrola Renovables e Iberdrola, respectivamente.

Foto: Logo de Iberdrola. (Reuters/Global Business Week Ahead/Sergio Pérez)

No será hasta que escuche estos testimonios cuando adoptará la decisión reclamada por la acusación particular que ejerce el presidente de ACS, Florentino Pérez, uno de los espiados. El auto precisa que no ha lugar, en este momento, "a resolver sobre la imputación de Iberdrola SA", "coherentemente con lo dispuesto en la providencia" en la que se acordaban estas citaciones.

En el mismo escrito, el magistrado rechaza la solicitud de la eléctrica y de varios de los directivos investigados de retirar a Pérez la condición de acusación particular. "No habiendo transcurrido ni un año" desde que se aceptara su estatus, "no se aprecia que haya concurrido ningún hecho nuevo que justifique revisar la condición procesal de la acusación particular personada en representación de Florentino Pérez, debiendo mantenerse esta representación en la situación en la que se encuentra, con desestimación de todas aquellas solicitudes encaminadas a revocar la condición de parte de esta acusación particular", indica el escrito.

Foto: Foto: Reuters.

La declaración de las dos responsables de cumplimiento es relevante debido a que el de ACS cuestionó la política de cumplimiento normativo de la matriz de Iberdrola, que —dijo— "reconoce que no dispone de mapa de riesgos y controles penales en el año 2012". Tampoco contaba con "una equivalente identificación de actividades delictivas y controles asociados hasta 2014, pese a ser conscientes de su necesidad desde diciembre de 2010", defendía Pérez en un escrito.

En este sentido, la representación de Florentino Pérez afirmaba que Iberdrola SA "ocultó a este juzgado la política de prevención de delitos vigente en 2011-2012", ya que ello mostraría que, en ese periodo, aún no tenía "un programa eficaz". "Una sociedad cotizada, con los innumerables recursos de los que dispone, tardó tres años y seis meses en implantar un programa de prevención de delitos", reitera el documento.

Foto: Oficinas de Iberdrola en Madrid (Reuters/Susana Vera)

A tenor de las pesquisas, entre 2004 y 2012 figuran como recibidas y abonadas 15 facturas sin pedido emitidas por la empresa del comisario Villarejo, por un importe de 1.047.324 euros. Entre los servicios solicitados, se encuentra el llamado proyecto Posy, centrado en investigar cualquier circunstancia sobre el presidente de ACS que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola. Sobre ese proyecto Posy, Iberdrola alega que existen "numerosos contraindicios que acreditan que ese proyecto nunca se llegó a encargar ni a pagar".

La eléctrica y su presidente, Ignacio Sánchez Galán, están inmersos en una investigación judicial provocada por varios proyectos encargados presuntamente a Villarejo. Arrow, ejecutado entre 2004 y 2006, habría tenido como objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz). Entre 2004 y 2005 se habría desarrollado Black Board o B-B, para supuestamente conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, el gran rival de Iberdrola en el sector eléctrico.

Ya en 2009, a Cenyt se le habrían encomendado Gipsy y Posy. El primero habría consistido en investigar a un directivo de Iberdrola, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. Con el segundo proyecto, las pesquisas del comisario se habrían extendido a la vinculación de Álvarez con Florentino Pérez. Y, por último, en 2011, Villarejo se habría dedicado a Wind.

Iberdrola tendrá que esperar para conocer si su papel en la investigación sobre los encargos realizados al comisario Villarejo desemboca en una imputación de su matriz, Iberdrola SA. En un auto, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha concretado que no se pronunciará sobre la condición de la eléctrica en el procedimiento hasta que no se lleven a cabo varias diligencias reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción, entre ellas, varias declaraciones acordadas para mediados de abril.

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