Camps será juzgado por los contratos con la trama Gürtel en enero de 2023

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ya ha puesto fecha para juzgar al expresidente valenciano Francisco Camps por la adjudicación a la empresa de Gürtel Orange Market del expositor valenciano en la feria Fitur de 2009. Será desde el 17 de enero de 2023 y hasta el 23 de mayo.

Camps, que se enfrenta a una petición del fiscal de dos años y medio de cárcel, se sentará en el banquillo tras pedir sin éxito que se apartara a dos magistrados del tribunal que le va a juzgar: el presidente, José Antonio Mora Alarcón, y José Ricardo de Prada, uno de los jueces que firmó la sentencia de la primera época de Gürtel que determinó la existencia de una caja B en el PP.

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Finalmente, y tras serle rechazados varios recursos, ya hay fecha para el que será su segundo juicio por Gürtel. El primero, el conocido como el de los trajes y en el que acabó siendo absuelto, le llevó a dimitir como presidente de la Generalitat en julio de 2011.

Según la Fiscalía, Camps dio verbalmente instrucciones a la ex directora general de promoción institucional Salvadora Ibars para que le adjudicasen a la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market, el montaje de ese estand por 366.529 euros.

Esta investigación contra Camps surgió del juicio a la rama valenciana de Gürtel, cuando algunos acusados, como Álvaro Pérez 'el Bigotes' —responsable de Orange Market— y el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, le apuntaron como responsable de adjudicaciones como la de Fitur.

A partir de esas confesiones, la Fiscalía instó la reapertura de la pieza de Gürtel relativa a esa empresa para investigar a Camps y el juez finalmente le procesó por solo esa adjudicación.

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La Fiscalía defiende que las empresas del líder de Gürtel, Francisco Correa, se asentaron en la Comunidad Valenciana en 2003 para "aprovechar las posibilidades de negocio que les ofreció" Camps, "no solo para la organización y ejecución de todos los actos del PP", sino también para "conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos".

En el caso de Fitur 2009, Anticorrupción afirma que se adjudicó para "contentar" a los miembros de la trama por la "elevada deuda acumulada" que tenía Orange Market con el PP por la organización de actos del partido en años anteriores.

Aparte de la pena de dos años y medio de prisión, la Fiscalía pide también que se inhabilite a Camps para cargo público durante 10 años.