El pacto entre PP y Vox niega la violencia de género y promueve una "inmigración ordenada"

Acuerdo "satisfactorio" para el PP e "histórico" para Vox. Alfonso Fernández Mañueco será investido presidente de la Junta de Castilla y León, pero no gobernará en solitario, como aspiraban los populares y como ordenó el ya caído Pablo Casado, ya sin funciones prácticas en el partido. Los de Santiago Abascal han firmado este jueves su primer acuerdo de Gobierno desde que irrumpieron en la arena nacional, hace casi tres años. Y ha salido ganando. A cambio de "evitar un adelanto electoral", el PP ha cedido la presidencia de las Cortes, tres consejerías -aún por definir- y la vicepresidencia del Gobierno, que asumirá Juan García-Gallardo. Además, ambas formaciones han rubricado un acuerdo programático de 32 puntos y 11 "ejes de Gobierno", con medidas orientadas eminentemente al campo, a los jóvenes y a las familias.

Entre otras cuestiones, el documento se compromete a aprobar una "ley de lucha contra la violencia intrafamiliar" para proteger a "todas" las víctimas, en línea con el discurso de Vox que obvia la violencia machista como lacra social. De hecho, una de las principales peticiones programáticas de la formación pasaba por "eliminar cualquier tipo de discriminación en la atención a las víctimas de violencia doméstica". PP y Vox se comprometen a "actualizar" sin derogar la normativa vigente, con el objeto de extender esa "protección" a "menores, mayores" o "personas con discapacidad o vulnerables".

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Pese a las generalidades del acuerdo, cuyos detalles irán "concretándose" conforme avancen los días, PP y Vox se han comprometido a promover en Castilla y León una "inmigración ordenada" desde la "integración cultural, económica y social" y "en contra de las mafias ilegales", un punto que se acerca a la política migratoria de los de Abascal, contrarios a permitir los flujos de desplazados irregulares. La pretensión de Vox, sin embargo, pasaba por eliminar todas las partidas presupuestarias que promoviesen un "efecto llamada", así como impulsar una colaboración entre la Junta y la policía para "expulsar" a inmigrantes ilegales, iniciativas que no aparecen en el texto final.

En el acuerdo de Gobierno tampoco aparece referencia alguna a la intención de Vox de derogar la ley de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León. Tampoco ha aceptado Alfonso Fernández Mañueco la reducción en el número de consejerías -los de Abascal pedían pasar de 10 a 9-. El PP se quedará con siete, mientras que Vox asumirá otras tres.

Educación "libre de adoctrinamiento"

Entre los compromisos rubricados este mismo jueves por Fernández Mañueco y García-Gallardo figura la inclusión de una suerte de pin parental en la legislación educativa. En el punto 17, que recoge la promesa de garantizar la "gratuidad de la enseñanza de cero a tres años", PP y Vox acuerdan también proteger "el derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos", aunque sin concretar cómo se materializaría tal convenio.

El pin parental siempre ha sido un arma de negociación de Vox y, de hecho, consiguió implantarlo en Murcia, donde gobierna el popular Fernando López Miras. Tal y como lo plantea la formación, el objetivo de la medida es que los progenitores puedan decidir si sus hijos asisten o no a determinadas charlas, talleres o actividades organizadas por los centros, por ejemplo las relacionadas con la "ideología de género" o en materia de educación sexual.

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Además, PP y Vox defienden un modelo educativo "basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad", que esté "libre de adoctrinamiento ideológico", así como una EBAU única en todo el territorio nacional, para "garantizar la igualdad de oportunidades" entre los alumnos.

Familia, fiscalidad y mundo rural

El documento recoge también diversos compromisos para apoyar a la familia como "institución básica de la sociedad". Promueve una política de baja fiscalidad, con la promesa de reducir los impuestos autonómicos, y defiende la "reindustralización y aprovechamiento de los recursos propios" de la región, sobre todo en lo relacionado con el mundo rural.

En este punto, el futuro Gobierno de coalición en Castilla y León se compromete a "proteger" los productos autóctonos frente a la "competencia desleal del producto extracomunitario", así como a la promoción de la industria agroalimentaria como clave de la consolidación de la población en las áreas rurales en el marco de la lucha contra la despoblación. De hecho, el primer punto del acuerdo pasa por impulsar una Ley de Desarrollo y Competitividad Rural, que incluya "medidas de apoyo a la actividad productiva, internet y garantizando los servicios públicos a las personas del mundo rural".