La Fiscalía tendrá que pronunciarse sobre el chivatazo al PP del cobro del hermano de Ayuso

La Fiscalía de Madrid tendrá que pronunciarse acerca de si hubo un delito de revelación de secretos en la filtración al PP de Pablo Casado y Teodoro García Egea de datos privados del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha dado traslado al Ministerio Público de una denuncia presentada por estos hechos en la que se pide la citación en calidad de investigados de los dos dirigentes populares.

La dirección nacional del PP recibió en verano informaciones de que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, había cobrado entre 283.000 y 300.000 euros procedentes de una comisión. El chivatazo indicaba que era el pago por haber mediado ante la Comunidad de Madrid que dirige su hermana para que le otorgase un contrato público de un millón y medio a la empresa de un amigo de la familia. El encargo era traer mascarillas de China al inicio de la pandemia y la citada empresa no tenía experiencia en el sector ni había contratado nunca con la Comunidad de Madrid ni lo volvió a hacer.

Acceder a ese tipo de datos significa que alguien miró las cuentas de Tomás Díaz Ayuso o el modelo 347 de Hacienda que recogen información de la facturación de la empresa, que se llama Priviet Sportive. Se trata de datos privados, por lo que acceder a ellos puede significar un delito de revelación de secretos, penado con hasta cinco años de cárcel. El mero hecho de visualizarlos y tener conocimiento de ellos sin el visto bueno del afectado puede significar delito, si bien es cierto que para ello es necesario que el aludido confirme que se siente agraviado.

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Esta información está en el origen del conflicto que ha detonado el PP y ha provocado un cambio en su liderazgo. El PP de Casado afirma que cuando tuvo conocimiento —en lugar de ponerlo en conocimiento de la Justicia— le pidió explicaciones personales a Isabel Díaz Ayuso y está rehusó ofrecer una aclaración. En paralelo, tal y como desveló El Confidencial, el partido inició unas maniobras para investigar en privado a la presidenta regional. Tras desatarse el escándalo, Pablo Casado admitió en una entrevista en COPE haber tenido conocimiento del presunto cobro del hermano para justificar sus sospechas en torno a su compañera de partido.

Por estos hechos, un abogado acudió a los juzgados de Madrid para denunciar un presunto delito de revelación de secretos. La denuncia, que firma Esteban Gómez Rovira, invoca el artículo 197 Código Penal por revelación de secretos “contra personas desconocidas, relacionadas con el acopio de datos de declaraciones tributarias de terceros para obtener un lucro o provecho”. “Está fuera de toda duda de que alguien, de forma ilegal, hizo llegar a la dirección nacional del Partido Popular información fiscal relativa a Tomás Díaz Ayuso, con infracción de la legislación relativa a la protección de datos, lo cual pudiera constituir más de un ilícito administrativo o penal”, dice la denuncia firmada por el abogado Esteban Gómez Rovira a la que ha tenido acceso este periódico.

Apunta a la Agencia Tributaria

En su denuncia, este abogado apunta en concreto a “una o varias personas de la administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria”. “Creemos que sólo eran datos fiscales, y si fueran bancarios nos encontraríamos ante el mismo delito realizado por particulares, o bien ante la comisión de ambos delitos”, añade. Pide que se cite a declarar en calidad de investigados tanto a Casado como a Egea. “Y una vez tomada declaración en su caso obedecería oficiar a los organismos bancarios y tributarios para realizar cumplida información y los correspondientes ofrecimientos de acciones a los perjudicados, no se olvide que cuando se realiza una búsqueda informática por el órgano inspector de la AEAT queda siempre la huella digital”, solicita.

Según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la denuncia recayó por reparto en el Juzgado de Instrucción número 19 que dirige la magistrada Inmaculada Iglesias. Antes de adoptar ninguna decisión, ha dado traslado de los hechos a la Fiscalía de Madrid para que se posicione a favor o en contra de atender las peticiones de este abogado e investigar los hechos. Fuentes del Ministerio Público confirman que ya han recibido la petición, que se deberá contestar en los próximos días. Tanto Casado como Egea conservan su acta de diputados por lo que gozan de aforamiento. Tendría que ser el Supremo el que considerase si hay que investigarlos o no.

En su enfrentamiento con Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso ofreció una primera versión sobre cuál pudo ser el origen de la filtración. Acusó directamente al Gobierno de Pedro Sánchez en lo que dibujaba una pinza entre la Moncloa y Casado contra ella que enardeció los ánimos de sus fieles. Una vez constatado el final del liderazgo de Casado forzado por los barones de su partido, fuentes del entorno de Díaz Ayuso han cambiado sus sospechas sobre el origen de los datos que afectan al hermano de la presidenta.

Han llegado a dar el nombre de un alcalde del PP de Ávila que es amigo de Casado y al mismo tiempo del empresario al que benefició la Comunidad de Madrid con el contrato público. Este periódico se ha puesto en contacto con el entorno del alcalde aludido, que reconoce haber trabajado en banca muchos años y su amistad con el empresario que pagó a Tomás Díaz Ayuso, pero niega haber tenido acceso a datos bancarios o fiscales. Añade que hace años que se dedica a la banca privada.

Congreso del PP de Madrid

Por otro lado, el Juzgado de Primera Instancia Número 58 de Madrid ha fijado para el próximo 1 de abril la vista en la que se evaluarán las medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Derechos por la Democracia Real y por los Derechos Fundamentales del Ciudadano para que se celebre el congreso regional del PP de Madrid, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

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Esta decisión tiene lugar después de que la asociación presentara una demanda ante el Decanato de los Juzgados de lo Civil por presunta vulneración del derecho fundamental de reunión al no haberse convocado aún el congreso de los populares madrileños. Las fuentes consultadas han explicado que el escrito se envió a reparto el pasado 15 de febrero y recayó en el juzgado, que ahora deliberará sobre las medidas cautelares reclamadas. Para ese fin de semana de abril está fijado el congreso nacional del PP en el que será aupado previsiblemente al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

'De facto' la salida de Egea y Casado de la dirección ha desbloqueado la convocatoria del congreso del PP Madrid al que Isabel Díaz Ayuso pretende presentarse para dirigir la formación a nivel regional. Desde la dimisión de la anterior presidenta Cristina Cifuentes, el PP de Madrid está dirigido por una gestora encabezada por el veterano Pío García Escudero. El control del partido en Madrid desató los enfrentamientos entre Díaz Ayuso y la dirección nacional del partido.