La Fiscalía confirma que otros miembros de Zarzuela disfrutaron de dinero opaco
Se abonaron gastos particulares de Juan Carlos I "o de personas relacionadas con él por tratarse de familiares o allegados del mismo", dice el Ministerio Público
Los dos decretos en que la Fiscalía General del Estado ordena el archivo de las diligencias abiertas sobre Juan Carlos I confirman que no fue el único en beneficiarse de las cantidades que percibió y ocultó al fisco durante años. En su relato, el Ministerio Público concreta que parte de los ingresos que recibió del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause acabaron beneficiando a sus "familiares o allegados". La cantidad completa en efectivo supera el medio millón de euros y se destinó "al abono de gastos particulares de Juan Carlos de Borbón y Borbón o de personas relacionadas con él por tratarse de familiares o allegados del mismo", dicen los escritos, sin concretar identidades. Sanginés destinó otro medio millón al pago de viajes en los que participaron otros miembros de la familia real.
La investigación ahora cerrada ha confirmado que, durante una década, el Rey emérito se benefició de ingresos, regalos o donaciones que no declaró hasta que se vio obligado a ello hace ahora más de un año. Los abonos más recientes procedieron de Sanginés y se efectuaron en el periodo de 2016 a 2019. La Fiscalía concreta que el empresario ordenó una serie de transferencias desde cuentas bancarias bajo su control, con destino a cuentas en Ibercaja y en Banco Caminos a nombre de su antiguo ayudante de campo. Desde allí se realizaban disposiciones de efectivo a través de tarjeta.
Según los datos que reflejan los decretos, el importe total de los movimientos en efectivo asciende a 516.606,32. El empresario realizó, también, pagos directos a Viajes El Corte Inglés por valor de 471.673,59 euros que "se han destinado al pago de viajes efectuados por Juan Carlos de Borbón y Borbón, así como por sus familiares o allegados", destaca la Fiscalía. Además, el emérito vio cómo Sanginés le sufragaba servicios sanitarios prestados durante los años 2017 y 2018 a través de la entidad Sociedad de Medicina Antiaginig y Longevidad Saludable SL, por un importe total de 95.365,75 euros.
Pese a ello, el departamento que dirige Dolores Delgado aprecia que no hay constancia "de contraprestación alguna a estas transferencias". "Se trata de actos unilaterales efectuados a título lucrativo; por tanto, son donaciones que están sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones", precisa, para concluir que las regularizaciones voluntarias que efectuó el monarca en dos tandas evitan la comisión de un delito fiscal.
Los decretos también confirman que la Fiscalía investigó estas prebendas y se dirigió a Viajes El Corte Inglés para requerir las facturas por servicios prestados "al entorno familiar" así como a diversas entidades bancarias respecto de la información financiera obrante en su poder. "Todo ello al objeto de verificar los indicios existentes en relación con los gastos realizados por Juan Carlos de Borbón y Borbón y su entorno en los ejercicios de 2015-2019 y, de este modo, comprobar la veracidad e integridad de la declaración tributaria efectuada por su representación", concreta.
Como publicó este diario en distintas informaciones, las sospechas de los investigadores sobre los 'otros' beneficiarios de los fondos se centraron en las dos hijas del Rey —las infantas Elena y Cristina— y sus nietos Victoria Federica y Felipe Juan Froilán. Se detectó el pago de trayectos de Uber y de servicios de lo más variopinto, como una profesora de piano o una yegua de competición.
El archivo de las diligencias era un secreto a voces desde hace meses y se conoció en la tarde de este miércoles, coincidiendo con la guerra de Ucrania y la crisis del PP, de forma que quedó fuera del foco informativo principal. Los motivos por los que el Ministerio Público ha decidido cerrar la investigación sin dirigir la acción penal contra el padre del Rey son cuatro. La decisión se basa en que el monarca gozó de inviolabilidad hasta junio de 2014, en la prescripción de determinados hechos y en las regularizaciones tributarias voluntarias que ha llevado a cabo en el último año. En otros momentos, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción se refiere a la falta de indicios o a que los hallados son débiles.
Con la decisión, se apaga de un plumazo el frente legal que provocó la salida del emérito de España. Aunque los hechos constatados no revistan carácter de delito, sí reflejan una conducta reprochable que dificultará, sin duda, su vuelta. El cierre no solo afecta a los fondos del empresario mexicano sino a otras tres líneas de investigación a las que se ha puesto punto y final: el presunto cobro de una comisión de 100 millones de dólares estadounidenses (64.884.405,58 euros) por la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a La Meca, los gastos sufragados por la Fundación Zagatka, entidad administrada por Álvaro de Orleans, y la existencia de una cuenta de la que pudo beneficiarse en el paraíso fiscal de Jersey. La suma total del dinero recibido por una u otra vía es millonaria.
Sin declarar
Según ha informado la ONIF, durante los ejercicios en que las cuentas analizadas permanecieron abiertas, Juan Carlos presentó las correspondientes autoliquidaciones del IRPF en las que "no incluyó las rentas y rendimientos obtenidos". No presentó la declaración tributaria especial. Tampoco declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero. Dejó de declarar más de 80 millones de euros.
El 9 diciembre de 2020 realizó una declaración tributaria sin requerimiento previo en la que abonó 678.393,72 euros. Los días 2 y 3 de febrero de 2021 presentó ante la AEAT nuevas declaraciones tributarias complementarias, ahora por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) correspondiente a los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y con cuotas tributarias de 390.641 euros, 947.961 euros, 569.684,15 euros, 1.377.447,24 euros, y 242.750,01 euros, respectivamente, más intereses de demora y recargos por presentación extemporánea. La Agencia Tributaria no ha hallado otros motivos de regularización diferentes de los declarados y ha comprobado que sus aportaciones económicas son correctas e incluso superiores a lo debido.
Tras conocerse la decisión, la defensa de Juan Carlos I indicó en un comunicado que en ninguno de los casos investigados "existen circunstancias que permitan apreciar la existencia de ilícito alguno imputable a don Juan Carlos o conducta que sea susceptible de reproche penal". "En cumplimiento de lo acordado en los decretos de archivo, trasladaré personalmente en los próximos días a don Juan Carlos el contenido de estos y, tras su estudio, comunicaré las decisiones que adopte", indicaba su abogado, Javier Sánchez Junco.
Los dos decretos en que la Fiscalía General del Estado ordena el archivo de las diligencias abiertas sobre Juan Carlos I confirman que no fue el único en beneficiarse de las cantidades que percibió y ocultó al fisco durante años. En su relato, el Ministerio Público concreta que parte de los ingresos que recibió del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause acabaron beneficiando a sus "familiares o allegados". La cantidad completa en efectivo supera el medio millón de euros y se destinó "al abono de gastos particulares de Juan Carlos de Borbón y Borbón o de personas relacionadas con él por tratarse de familiares o allegados del mismo", dicen los escritos, sin concretar identidades. Sanginés destinó otro medio millón al pago de viajes en los que participaron otros miembros de la familia real.
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