Sánchez deja sin fecha la mesa de diálogo y activa el traspaso de competencias a Cataluña
Gobierno y Generalitat acuerdan el traspaso de la competencia de las becas y avanzan en la transferencia la gestión del Ingreso Mínimo Vital, así como de edificios públicos del Estado
"Un gran acuerdo histórico" para el Gobierno tras una década de bloqueo y un acuerdo limitado y "mejorable" para la Generalitat. La comisión bilateral celebrada este viernes en el Palau de la Generalitat ha concluido con lecturas bien distintas en ambas partes. El traspaso de la competencia de las becas a Cataluña y el acuerdo marco para abrir una ponencia técnica que estudie la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, así como de varias infraestructuras patrimonio del Estado, no colma las expectativas del Govern, pese a acabar con los años de bilateralidad interrumpida por el 'procés'. "Hemos logrado un avance competencial que no se había producido desde hace una década", ha remarcado la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.
Sobre la mesa, la Generalitat mantiene la pretensión de activar el medio centenar de transferencias recogidas en el Estatut, con la prioridad del MIR y Salvamento Marítimo. Dos competencias que ya quedaron fuera del orden del día de esta reunión. "Necesitamos resultados tangibles y de más entidad", ha asegurado tras el encuentro la consellera de la Presidencia (ERC), Laura Vilagrà, confiando en mantener esta vía de trabajo y seguir construyendo relaciones de confianza. Más crítico se ha mostrado el vicepresidente Jordi Puigneró (Junts), lamentando que "Cataluña continúa sin ser una prioridad para el Gobierno español".
En su opinión, los acuerdos cerrados son "de poca entidad", advirtiendo que "si esta es la mesa en la que el Estado pone el principal foco es evidente que no es suficiente" y corre el riesgo de convertirse en "fotos bilaterales". Desde el gobierno independentista se sigue poniendo el foco en la celebración de una nueva reunión de la mesa del diálogo, a la que el Gobierno evita poner fecha. Prevista para principios de mes, en Moncloa buscan alejarla para primavera, sin concretar si será antes o después de Semana Santa. El mensaje en el que insisten desde la Generalitat es que "esta bilateral no substituye la mesa de diálogo".
El Gobierno está tratando de diluir su celebración y rebajar expectativas, pese a las presiones del president Pere Aragonès, y sacar del foco el conflicto territorial. Esta misma mañana, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, antes de desplazarse a Barcelona para participar en la comisión bilateral, no solo esquivaba un compromiso para fijar fecha, sino que la sacaba de la agenda de prioridades. "Ahora lo importante se centra en la recuperación económica y el despliegue de fondos", concluía.
Al igual en la antesala de la primera reunión de la mesa de diálogo, Moncloa endurece su perfil y busca centrarse en las 'cosas del comer'. Con la diferencia de que ahora se ha abierto un ciclo electoral por el que se intenta soltar lastre con los independentistas, desprenderse del relato de las concesiones, para reducir costes en las urnas en territorios menos favorables a estas políticas como Andalucía. El objetivo es mantener la desescalada en la conflictividad institucional sin asumir un desgaste en materia territorial. En función de cuándo se celebren los comicios de Andalucía, la fecha para la siguiente reunión podría volver a quedar condicionada, así como los posicionamientos.
La tregua en la conflictividad institucional, sin embargo, tiene fecha de caducidad si no se producen avances, como viene deslizando Aragonès en las últimas semanas y volvió a advertir este lunes. “Si la negociación no avanza, si no empiezan a visualizarse resultados, es evidente que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso es necesario activar todos los mecanismos de presión para desbloquear la negociación. Para reforzar la posición catalana en la propia negociación, para forzar al Estado a moverse y hacer una propuesta. Para abrir vías y para crear nuevas oportunidades de negociación cuando esta atasca, para poder seguir avanzando si finalmente descarrila. Y sobre todo, porque reforzarnos y fortalecernos es imprescindible para hacer inevitables la amnistía y la autodeterminación”, advirtió en una conferencia coincidiendo con el aniversario de su investidura.
La primera reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat esta legislatura no se celebró hasta el pasado mes de agosto. Un foro que llevaba sin reunirse desde 2018. La anterior se remonta a 2011. Los años de bilateralidad interrumpida por el 'procés' pesan a la hora de acelerar traspasos. Principalmente, si se compara con el País Vasco. En estos dos años de legislatura, el Gobierno materializó con el País Vasco la transferencia de Prisiones, cerró las propuestas de traspaso del ingreso mínimo vital e Infraestructuras Ferroviarias —además de culminar la de Tráfico a Navarra pactada con el PNV— y aprobó otras en materia de transportes por carretera, puertos, asignación del ISSN, del antiguo edificio del Distrito Marítimo del puerto de Ondarroa. Además de avanzar en traspasos sobre ejecución de la legislación laboral, productos farmacéuticos y seguro escolar.
Si los republicanos catalanes priorizan su máxima de buscar una salida para el encaje territorial en la mesa de diálogo, los nacionalistas vascos han optado por centrarse en el pragmatismo de las transferencias. De este modo, han dejado por el camino demandas de máximos, principalmente la concerniente a un nuevo estatus de autogobierno para el País Vasco que recogía el acuerdo de investidura.
"Un gran acuerdo histórico" para el Gobierno tras una década de bloqueo y un acuerdo limitado y "mejorable" para la Generalitat. La comisión bilateral celebrada este viernes en el Palau de la Generalitat ha concluido con lecturas bien distintas en ambas partes. El traspaso de la competencia de las becas a Cataluña y el acuerdo marco para abrir una ponencia técnica que estudie la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, así como de varias infraestructuras patrimonio del Estado, no colma las expectativas del Govern, pese a acabar con los años de bilateralidad interrumpida por el 'procés'. "Hemos logrado un avance competencial que no se había producido desde hace una década", ha remarcado la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.