Guerra abierta en el Gobierno por las leyes económicas: autónomos, impuestos y alquiler

La hoja de ruta económica que va a seguir el Gobierno en lo que quede de legislatura es, en este momento, el principal motivo de conflicto interno en la coalición. Solventada la reforma laboral que estuvo cerca de sumir al Ejecutivo en una crisis de consecuencias impredecibles y la subida del salario mínimo a 1.000 euros, que llegará a Consejo de Ministros el próximo martes, Unidas Podemos ha puesto el foco en la reforma fiscal y las leyes de vivienda y familias como sus principales caballos de batalla. Creen que es ahí donde se juegan su futuro como proyecto político. Pero el PSOE ha puesto pie en pared y ha fijado sus tiempos y sus condiciones.

Garantizada la continuidad de la coalición hasta que Pedro Sánchez decida convocar elecciones, los socios minoritarios del Gobierno hicieron este lunes una reflexión en clave de estricta supervivencia. O se aprueban medidas de izquierdas o nos vamos por el sumidero es, 'grosso modo', el mensaje que salió de la ejecutiva morada tras el fiasco en Castilla y León. Estuvieron a unos 600 votos de lograr un segundo escaño por Burgos, sí; pero la realidad es que la marca Podemos está amortizada y fía su futuro a la decisión que tome Yolanda Díaz, no sin recado de Pablo Iglesias de por medio, haciendo alusión al peligro que entrañan, por experiencia propia, los personalismos.

La estrategia de Unidas Podemos es nítida: pelear sin descanso por dejar su impronta en este bloque de reformas y proyectos de ley económicos que van a ir llegando al Consejo de Ministros a lo largo de los próximos meses. Los morados ya dejaron claro este martes su oposición a la última propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos. La idea de José Luis Escrivá consiste en rebajar la cuota más elevada y subir la mínima, un planteamiento que de partida cuenta con el rechazo de sus socios. "La propuesta inicial ya era inaceptable. ¿Ahora se propone, encima, bajar la cuota a los autónomos que más ganan y subírsela a los más precarios? Nosotros no podemos (ni queremos, ni vamos a) apoyar semejante cosa. Que quede claro", manifestaba Pablo Echenique, el portavoz de UP en el Congreso.

Fuertes discrepancias en la reforma fiscal

La coalición no negocia en los despachos. Al menos de inicio. En los últimos días, las dos áreas del Gobierno han lanzado diferentes propuestas sin consultárselas al otro socio. Es el caso de Escrivá y es el caso de UP, que se ha fijado como aspecto central de su estrategia los cambios en el sistema tributario. Los morados lanzaron la pasada semana una reforma fiscal ambiciosa, en la que contemplan un impuesto específico a la riqueza y un recargo de sociedades a las eléctricas para abaratar la factura de la luz, y molestaron a sus socios. La ministra María Jesús Montero tuvo que enarbolar el 'aquí manda Hacienda' para frenar estos planes.

En Podemos, afirman que su programa fiscal cuenta con todo el apoyo de Yolanda Díaz, que siempre procura cuidar al máximo las relaciones con el PSOE y, especialmente, con Sánchez. Pero en este ámbito la punta de lanza la está ejerciendo UP, con Ione Belarra e Irene Montero a la cabeza. Este martes, en el Congreso, los morados intentaron negociar con el PSOE un pacto de mínimos en una proposición no de ley en materia fiscal. Los socialistas, sin embargo, la tumbaron por una cuestión de tiempos y de formas. Visiblemente molesto con los morados, el grupo liderado por Héctor Gómez entiende que si se pacta un comité de expertos, en el que UP propuso a dos miembros (aunque uno, Ignacio Zubiri, catedrático de la Universidad del País Vasco, dimitió), hay que esperar a sus conclusiones. Llegarán a final de mes.

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Fuentes de Hacienda aseguran, no obstante, que "el Gobierno ya ha adoptado muchas medidas en el ámbito fiscal en la primera parte de la legislatura". El PSOE da por cumplido el pacto con Podemos en la materia en torno al 80-90%. Y citan las siguientes medidas: subida del IRPF a las rentas superiores a los 300.000 euros, el incremento a las rentas de capital por encima de los 200.000 euros, el tipo mínimo de sociedades al 15%, la exención de plusvalía, el impuesto a determinados servicios digitales, la tasa a las transacciones financieras y el endurecimiento del régimen tributario a las sicavs. Unidas Podemos, por su parte, replica que apenas se ha cumplido una mínima parte y que hay que avanzar aún más en la tributación de quienes más ganan: "Hasta el momento, solo se han dado pequeños retoques que nos sitúan lejos de cumplir el pacto de gobierno para esta legislatura", aseguran.

Otra disputa importante en el seno de la coalición atañe a la ley de vivienda, que va a iniciar en los próximos días la tramitación parlamentaria por la vía de urgencia, tal y como quedó acordado. Unidas Podemos ha aguardado a este momento para poner encima de la mesa nuevas propuestas para mejorar la norma que alumbró el Consejo de Ministros, pese al informe del CGPJ en el que los jueces hacían una enmienda a la totalidad. El grupo parlamentario confederal prepara una especie de 'contraley' para, entre otras medidas, rebajar la 'vacatio legis' de 18 meses para regular los alquileres. Se avecina batalla.

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La ley de familias que tiene ya redactada el Ministerio de Derechos Sociales también es motivo de potente división de pareceres. Belarra envió el borrador del anteproyecto a finales del año pasado a los ministerios implicados —Hacienda, Inclusión, Justicia e Igualdad— y el PSOE ha frenado la propuesta. Es una norma estrella para UP, porque contempla una prestación universal por crianza de 100 euros al mes y la ampliación a seis meses de los permisos de maternidad y paternidad, pero María Jesús Montero, que es quien tiene que autorizar las partidas, está contemporizando la decisión de dar el visto bueno a la misma. "Estamos encontrando dificultades con Hacienda, ni siquiera nos reciben", lamentan en UP.

La economía, en definitiva, y los proyectos en clave económica están poniendo a prueba las costuras de la coalición. Pero en Moncloa tienen claro cuáles son los límites: el pacto de gobierno y el plan de recuperación. Un Ejecutivo que también está pendiente del 'proceso de escucha' que va a iniciar Yolanda Díaz y de la configuración de ese espacio. La relación entre los socios sigue siendo fluida y respetada en lo que respecta a Sánchez y Díaz, pero en el resto de actores es manifiestamente mejorable. O, como la define uno de los interlocutores, de "guerra fría". El hecho de un escenario electoral a la vista está provocando este tipo de tensiones y disfunciones. El protocolo de funcionamiento de la coalición ya es historia.