Una española logra que la Justicia decrete la enseñanza del islam a los musulmanes de Murcia

Ha caído el último gran baluarte que se resistía a introducir la enseñanza del islam a los alumnos musulmanes escolarizados en la enseñanza pública y concertada tal y como obliga la ley. Era Murcia, donde residen más de 100.000 musulmanes y cerca de 22.291 alumnos de esa confesión religiosa están escolarizados en la región.

No ha caído por obra de la Comisión Islámica de España ni por el empeño de alguna asociación religiosa o de inmigrantes. Ha sido una madre española, cartagenera, conversa al islam hace 12 años, la que acaba de lograr que la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia pronuncie una sentencia favorable a su demanda.

El veredicto supone una derrota de la consejera de Educación, Mabel Campuzano, responsable local de Vox hasta que, hace casi un año, fue expulsada del partido y a continuación brindó su apoyo al presidente de Murcia, Fernando López Miras (Partido Popular), para que lograra esquivar la moción de censura que presentó el PSOE. Este la nombró entonces consejera de Educación y Cultura. Ahora acaba, sin embargo, de recortar sus competencias amputándole del área de Cultura.

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El tribunal empieza por señalar que la argumentación del letrado de la Región de Murcia contiene errores. Dictamina a continuación que los hijos de la demandante deben “poder cursar la asignatura de enseñanza religiosa islámica, según lo dispuesto en la Ley 26/1992 en el curso académico 2021/2022 y siguientes, por no ser ajustada a Derecho, en lo aquí discutido, la actuación de la Administración Regional demandada, reconociendo el derecho que le asiste para que sus hijos reciban la enseñanza religiosa islámica en aquellos centros donde se cumplan los requisitos acordados”. Los jueces imponen además las costas procesales a la Administración murciana.

Aunque en la sentencia figura el nombre de la demandante, el tribunal indica que no se pueden divulgar los datos de carácter personal. La mujer que demandó a la Consejería de Educación en junio de 2021 ha confesado temer “represalias” por la victoria judicial conseguida en una comunidad en la que en 2021 se produjeron varias agresiones a inmigrantes musulmanes. Uno de ellos fue asesinado en Mazarrón en junio pasado.

“Quiero que mi hijo [de 11 años] tenga los mismos derechos que los demás niños”, declaró la demandante, en una declaración a Onda Regional de Murcia, sin revelar su identidad. “Está discriminado”, añadió. “No hay igualdad, no hay tolerancia en el colegio por culpa de las cabezas que lo están dirigiendo”. “Hay islamofobia”. “Y el islam no es malo”, concluyó.

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La sentencia señala que el derecho a la educación islámica no queda circunscrito a los hijos de la demandante, sino que ha de aplicarse en todos los centros en los que haya, como estipula la ley, un mínimo de 10 padres de alumnos que lo soliciten para sus hijos. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.

En noviembre de 2017 fue también una madre musulmana la que en La Rioja logró que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia estimase el recurso que había interpuesto. Los jueces revocaron la resolución del Gobierno regional que cinco meses antes rechazó reconocer el derecho a recibir clases de islam para sus hijos en los colegios públicos en los que estaban matriculados.

Los acuerdos, con rango de ley, firmados en 1992 por el Gobierno de Felipe González con las minorías religiosas, entre ellas la musulmana, estipulan que se debe garantizar “a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados”. La asignatura será impartida por profesores designados por la Comisión Islámica de España. El currículo de la asignatura figura en el BOE del 14 de marzo de 2016.

Opinión

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Durante largos años, solo se cumplió la ley en Ceuta y Melilla, donde la educación no está transferida a las ciudades autónomas. Poco a poco fueron introduciéndola otras comunidades autónomas como Andalucía, el País Vasco, etcétera. La última en hacerlo, muy tímidamente, en septiembre de 2020, fue Cataluña, a pesar de ser la comunidad con más alumnado musulmán. Solo 337 alumnos de los cerca de 80.000 musulmanes escolarizados allí reciben clases de islam, según informó la Generalitat en respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox.

A día de hoy, hay en España 312.498 alumnos musulmanes, según la Comisión Islámica. La mayoría, 179.357, son inmigrantes, mientras que 133.141 son españoles. Cuentan con unos 80 profesores que apenas dan clase a un 15% de los que han solicitado apuntarse a esa asignatura.

Murcia era, junto con Galicia, Navarra, Cantabria y Asturias, una de las cinco comunidades que aún se resistían a cumplir con la ley. Su caso es más llamativo que el de las otras cuatro porque, a diferencia del norte de España, allí sí reside una importante comunidad musulmana.

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La representación local de la Comisión Islámica y la AMPA del CEIP de Cuatro Santos, en Cartagena —su alumnado es en un 70% musulmán—, pidieron, mediante peticiones, escritos o reuniones con funcionarios de la consejería, la introducción de la enseñanza del islam en las escuelas de Murcia. Siempre recibieron la callada por respuesta, incluso mucho antes de que Mabel Campuzano se hiciera cargo de Educación. Nunca recurrieron a los tribunales para que se les reconociesen sus derechos.

Esa enseñanza no es solo un derecho recogido por la ley, sino que todos los estudiosos del fenómeno yihadista consideran que una de las maneras de combatir la radicalización de los jóvenes musulmanes es darles una educación reglada. El riesgo de convertirse en extremista es mayor si se acercan a su religión a través de algunas páginas de internet o acudiendo a charlas en la mezquita los fines de semana, porque no todos los imanes trasladan una versión tolerante del islam.

La enseñanza religiosa del islam sirve “para encauzar adecuadamente el derecho a la libertad religiosa evitando extremismos indeseados”, sostenía, por ejemplo, un informe del Instituto de Español de Estudios Estratégicos perteneciente al Ministerio de Defensa.