Podemos pugna con Sánchez por investigar los abusos en la Iglesia y reniega de Gabilondo

El Gobierno de coalición no está de acuerdo con quién debe investigar los abusos a menores en el seno de la Iglesia católica. Moncloa considera que es el Defensor del Pueblo quien tendría que hacerlo y, en este sentido, el PSOE presentó el pasado lunes una proposición no de ley (PNL) en el Congreso. Pero en Podemos hay discrepancias con el criterio de sus socios. Creen que debería ser una investigación con luz y taquígrafos.

Pedro Sánchez ha sido, de momento, quien ha dado los primeros pasos reuniéndose con víctimas de abusos en Moncloa y confirmando su compromiso con una investigación a fondo. El presidente del Gobierno quiere monopolizar tanto el anuncio (que no consultó con sus socios) como la evolución de las pesquisas en lo que queda de legislatura. Por ello, activó a su grupo parlamentario para conseguir amarrar los apoyos necesarios para aprobar la citada PNL.

El problema es que Podemos demanda también ser protagonista de un asunto especialmente sensible para una parte de la sociedad. Lo expresó el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, este lunes en una entrevista en 'La hora de La 1', en respuesta al conflicto por la reforma fiscal. Para UP, la investigación de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia es competencia del Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, pero ellos no han hecho ni pretenden hacer 'casus belli' del asunto.

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En efecto, Belarra tiene bajo su dependencia la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, cuya titular, Lucía Losoviz, fue nombrada hace un mes en Consejo de Ministros. Una dirección general que ya trabajó, junto al Ministerio de Igualdad, en la Ley de Protección de la Infancia, la conocida como ley Rhodes, que, entre otros aspectos, ampliaba la prescripción de los abusos sexuales. Unidas Podemos reclama, en definitiva, que el PSOE no imponga una investigación anclada en la figura de Ángel Gabilondo.

El PSOE, por su parte, considera que su área también tiene competencias en materia de infancia a través del alto comisionado del Gobierno para la Lucha contra la Pobreza Infantil. El equipo dirigido por Ernesto Gasco, que ha reconocido haber sido víctima de abusos cuando cursaba la EGB, avala, sin embargo, la investigación del Defensor del Pueblo. Los socialistas consideran que debe ser un organismo "independiente" del Gobierno quien lidere las pesquisas.

El Defensor del Pueblo ya investigó sobre los derechos de las víctimas de ETA

El Defensor del Pueblo, por su parte, se encuentra pendiente de la tramitación parlamentaria de la PNL presentada por el PSOE. En el organismo ya recibieron un encargo de similares características hace algo más de un lustro, cuando el Congreso aprobó una encomienda para que investigara los derechos de las víctimas de ETA. Como alto comisionado para la Defensa de los Derechos Constitucionales, el Defensor elaboró un informe al respecto, un documento, no obstante, calificado por fuentes internas como "literario" y que se limitó a recoger las denuncias de dichas víctimas. No pudo interrogar y eso, en el caso de los abusos en la Iglesia, sería un hándicap, admiten.

Este trabajo llevó al Defensor del Pueblo un año. Actualmente, unos 160 profesionales trabajan en las oficinas que defienden los derechos de los ciudadanos, funcionarios divididos en diferentes áreas de trabajo. No tendrían, por tanto, problemas en asumir un mandato del Congreso, pero necesitan que la Iglesia católica acepte sus competencias. El propio presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, ha impartido la directriz de dar luz verde a que se investiguen los abusos, pese a que existe división entre los obispos.

Entre los aliados habituales del Gobierno también han surgido dudas sobre quién debe investigar los abusos a menores. Los socios parlamentarios, en general, están de acuerdo con que el organismo dirigido por Ángel Gabilondo sea el protagonista, pero reclaman que, de forma paralela, sea el hemiciclo, a través de una comisión de investigación propia, quien lo haga.

El socio del PSOE en la coalición, Unidas Podemos, acepta la investigación del Defensor del Pueblo, pero también considera que no es incompatible con la comisión de investigación en el Congreso que registrÓ junto a ERC y EH Bildu. Creen, por tanto, que en el hemiciclo también se tiene que avanzar por su parte y que la Cámara Baja es, asimismo, el lugar indicado porque, por un lado, las comparecencias son públicas y, por otro, los comparecientes están obligados a decir la verdad. "Ambas vías son compatibles. Creemos que debería sustanciarse una comisión de investigación en el Congreso, pero ambas fórmulas se pueden compatibilizar. Vamos a estudiarlo en los próximos días. Es buena noticia que el PSOE se haya avenido a nuestra propuesta de investigación para lograr que haya justicia y reparación y vamos a intentar conjugar ambas vías, la del Congreso y la que propone el PSOE", explicó esta semana el portavoz morado, Pablo Fernández.

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ERC también defiende mantener la comisión de investigación sobre abusos a menores en la Iglesia en el Congreso. Los republicanos consideran que ningún partido debe monopolizar las pesquisas, por lo que lo ideal sería impulsar las mismas desde la Carrera de San Jerónimo. El PNV, por su parte, ha tenido este mismo lunes conocimiento de la propuesta del PSOE. Van a estudiarla, admiten fuentes del grupo parlamentario dirigido por Aitor Esteban.

Su primera impresión es que la propuesta centralizada en Gabilondo es similar a la suya, es decir, que sean expertos independientes quienes lo hagan. "Pero tenemos que analizarla cuando tengamos el texto", concluyen. En EH Bildu son más contundentes: investigación del Defensor del Pueblo, sí; investigación en el Congreso, también. "Todas las iniciativas anunciadas son bienvenidas y compatibles", aseguran. "Analizaremos la propuesta del PSOE y en los próximos días mantendremos conversaciones", añaden. Pero también admiten que "nuestra apuesta sigue siendo una comisión de investigación que dé voz a las víctimas, escuche sus casos, visibilice su dolor y las convierta en protagonistas principales del sufrimiento que han padecido, como ha ocurrido en otros países europeos". Los partidos, en definitiva, debaten en este momento dónde deben centralizarse las pesquisas.