El PP lleva a Sánchez ante la Junta Electoral y le acusa de comprar votos con dinero público

El Partido Popular ha presentado este miércoles una denuncia ante la Junta Electoral Central acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar medios públicos para "comprar votos". Es un paso más en la campaña electoral de Castilla y León. El recurso, firmado por la diputada popular Isabel Borrego, expone que la aprobación del Perte agroalimentario, que movilizará 1.000 millones de euros de recursos públicos, es un acto electoralista al haberse lanzado en plena campaña en Castilla y León, a apenas cinco días de votar en la comunidad autónoma.

La denuncia del PP pretende que la Junta Electoral incoe expediente sancionador contra Sánchez y reclama la retirada de la página web de Moncloa de toda la información relativa a este Perte. Los populares recuerdan que la Ley Orgánica del Régimen Electoral contempla en su artículo 50.2 que "queda prohibido cualquier acto organizado o financiado directa o indirectamente por los poderes públicos que contuviese alusiones a la realización o a los logros obtenidos por los partidos políticos y en este caso por el propio Gobierno de España".

El PP destaca que Sánchez anunció el lunes en Níjar, Almería, la aprobación del Perte dedicado al campo, "utilizando recursos públicos", un acto "con una evidente connotación electoral", interpretan los populares en su denuncia ante la JEC. El presidente del Gobierno, se puede leer, vulneró "el principio de neutralidad de los poderes públicos consagrado en la Constitución mediante un uso arbitrario de las propias instituciones".

"Esta abusiva y descarada instrumentalización de los medios y recursos públicos de los que dispone la Administración en beneficio de una candidatura determinada resulta inasumible en términos democráticos, toda vez que estos temas, además, han sido los asuntos principales y de mayor trascendencia sobre los que han tratado los candidatos concurrentes a las elecciones autonómicas de Castilla y León", añade el PP.

Para Génova, estos hechos "infringen, sin lugar a dudas", varias instrucciones e interpretaciones de la propia Junta Electoral Central y considera que deben ser sancionados. Destaca, además, que Sánchez "es reincidente", ya que ya fue sancionado por la misma JEC en las elecciones generales de noviembre de 2019, "siendo el primer presidente de la historia de nuestra democracia que cuenta con este dudoso honor", remarca el PP.

El partido presidido por Pablo Casado reclama la sanción máxima para Sánchez: 3.000 euros.

En una entrevista en El Confidencial, el ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguraba que el Gobierno no temía un recurso ante la JEC. "No, no temo un recurso ante la Junta Electoral. ¿Por qué un acto del Consejo de Ministros tiene que ser electoralismo? No lo creo. Esto no es electoralismo. Estos son 3.000 millones de euros dedicados al campo", respondía el responsable del Perte.