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Batet, en la picota: una presidencia controvertida y asediada por la derecha
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Bronca constante en el Congreso

Batet, en la picota: una presidencia controvertida y asediada por la derecha

PP y Vox preparan una nueva ofensiva contra la presidenta del Congreso, muy criticada por polémicas como el caso de Alberto Rodríguez, el cierre del Parlamento durante la pandemia o su permisividad con fuerzas nacionalistas

Foto: La presidenta del Congreso, Meritxell Batet. (EFE/Fernando Villar)
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet. (EFE/Fernando Villar)
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El episodio vivido este jueves en el Congreso de los Diputados, con el lío en torno a la votación de la reforma laboral, resume en parte la atropellada presidencia de Meritxell Batet y el clima en la carrera de San Jerónimo. Batet dio una respuesta controvertida a un hecho que, como tantas veces, acabó en bronca y con el PP y Vox fuera de sí y preparados para batallar en los tribunales. Acción, reacción. Polémica y más polémica. La realidad es que las acusaciones de "fraude" y "pucherazo" contra la máxima responsable de la Cámara Baja no son una novedad, como tampoco lo es que ella haya sido cuestionada. Llueve sobre mojado.

Los principales partidos de la derecha insisten en cuestionar el papel de árbitro de Batet tanto en público como en privado, siempre criticada por un supuesto sesgo partidista en sus decisiones. "Es una cacicada más, nunca es imparcial", valoran fuentes parlamentarias. El argumento de base son las diferentes polémicas que trufan el mandato de Batet, afiliada al PSC y permanentemente en la picota. El caso más reciente es el del acta del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, sucedido en octubre, que incluso abrió un conflicto institucional entre el poder Legislativo y Judicial, con la sombra del Ejecutivo muy presente y en boca de todos.

Entonces reclamaron hasta la saciedad que Rodríguez debía perder su escaño tras la condena impuesta por el Tribunal Supremo, que lo sentenció a un mes y medio de cárcel por pegar una patada a un policía durante una concentración en 2014 en La Laguna (Tenerife), sustituida por una multa y la inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante ese mismo tiempo. La resistencia inicial de Batet infló las velas de la derecha, que hablaba de intereses ocultos para no ejecutar la sentencia.

Foto: El presidente del Partido Popular, Pablo Casado. (EFE/Víctor Lerena)

Lo cierto es que el caso trascendió del juego de la oposición. El presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, interpeló a la presidenta del Congreso para conocer la fecha de inicio de la inhabilitación. Finalmente, y respaldada por los letrados del Congreso, Batet terminó por comunicar a Rodríguez la pérdida de su escaño. El PSOE fue el único que respaldó su actuación, acorralada por los partidos de ambos frentes. Tanto, que incluso Unidas Podemos, el socio de Gobierno de los socialistas, presentó una querella por prevaricación contra Batet, aunque en última instancia se presentó únicamente en nombre del diputado afectado.

Este fue el último asedio del PP y Vox contra la tercera autoridad del Estado hasta esta semana. Y de nuevo con la vía judicial encima de la mesa: los dos partidos han anunciado que llevarán la votación de la reforma laboral al Tribunal Constitucional. Los de Abascal, incluso, no descartan iniciar un proceso penal contra Batet por presunta prevaricación. El "escándalo" que ahora les ocupa es un supuesto quebranto de los derechos constitucionales del popular Alberto Casero, que asegura que hubo un error informático con su voto telemático y por eso decantó la balanza a favor de los intereses del Gobierno, que sacó adelante la medida por un solo apoyo.

Foto: Olona y Espinosa de los Monteros (EFE/Fernando Villar)

Como ha informado El Confidencial, Casero sostiene que votó 'no' desde la distancia, pero el sistema procesó un 'sí'. Aunque estaba enfermo en su domicilio de Madrid, lo puso en conocimiento de su grupo parlamentario y se personó en el Congreso para participar de forma presencial, pero según su versión la presidenta se lo impidió. Ahora, tanto el PP como Vox remiten a una resolución, del 21 de mayo de 2012, que dice que cuando un diputado haya votado telemáticamente y quiera hacerlo físicamente, es la Mesa quien debe reunirse y decidir si da el permiso. Pero Batet, aseguran, no dio el traslado: "Es un pucherazo". Desde la presidencia de la Cámara Baja, en cambio, niegan cualquier maniobra u operación y achacan lo ocurrido a una sola razón: Casero se equivocó y su voto no se podía modificar.

Tampoco será la primera vez que populares y ultraconservadores agoten la vía judicial. La primera polémica de Batet al frente del Congreso acabó con otras dos solicitudes de amparo al Constitucional. Entonces fue a cuenta de las fórmulas de acatamiento de la Constitución empleadas por los diputados nacionalistas e independendistas. Declaraciones ante la Carta Magna como "Sí, prometo por imperativo legal hasta la creación de la república vasca" o "Contra el fascismo, el franquismo y el racismo, por la libertad de los presos políticos y por la república catalana, y por imperativo legal, sí prometo" fueron dadas por buenas por la presidenta al inicio de esta legislatura y la anterior, lo que irritó sobremanera a ambas formaciones.

Cierre inconstitucional

El mayor golpe al crédito de Batet, sin embargo, vino por una denuncia exclusiva de Vox. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el cerrojazo del Parlamento entre marzo y abril y 2020, en los primeros compases de la pandemia. Como la declaración sobre los dos estados de alarma, señalados como ilegales por vulnerar derechos fundamentales, esta es una de las principales victorias judiciales del partido de Abascal, con un enorme despliegue en la justicia y más de un centenar de procesos abiertos. La secretaria general de la formación en el Congreso, Macarena Olona, pidió también la dimisión.

La gestión durante la crisis sanitaria salpicó de lleno al funcionamiento del Congreso. Batet fue acusada de "secuestrar" la soberanía nacional no solo por el cierre, también por limitar la actividad de los periodistas. Redujo el número de profesionales a un máximo de dos y prohibió el acceso al pasillo que conecta con el hemiciclo, normalmente un hervidero de corrillos y declaraciones entre los diputados y los informadores. Ambas situaciones ya se han restituido.

"Secuestro", "golpe de estado", "pucherazo" o "cacicada" son algunos de los términos que se han convertido en habituales en la Cámara Baja. Sus señorías, aunque partícipes del tono bronco, reconocen la espiral de insultos y camorra que hunde su propia credibilidad e imagen, en un ejercicio constante de frivolidad. Estos episodios a la orden del día, precisamente, han alumbrado infinidad de enfrentamientos entre la Mesa del Congreso y los diputados de Vox. En ocasiones, incluso, con expulsiones. Es el caso de Olona, que en 2019 fue invitada a marcharse tras tres avisos. "El Congreso no es un circo", espetó Batet.

Aunque desde Vox reiteran que existe una fijación especial con ellos, algo que no ocurre con comportamientos de la bancada independentista catalana, lo cierto es que otras formaciones como Unidas Podemos señalan que incluso es demasiado permisiva con las actitudes y comentarios de los compañeros de Olona, Abascal o Iván Espinosa de los Monteros. Tras el verano, Batet llamó a acabar con los insultos después de que un parlamentario de Vox llamara "bruja" a otra del PSOE.

El clima que se ha instalado en el Congreso de los Diputados marcó el discurso de Meritxell Batet en el último día de la Constitución, con una intervención muy política y con alusiones veladas a PP y Vox, las fuerzas más críticas. "Quien judicializa la política, politiza la Justicia", dijo, en un mensaje aplicable a ambos. Batet, además, hizo hincapié en una reflexión que parecía una premonición de lo visto este jueves: "Ser leal a la Constitución es también aceptar y asumir la propia posición en el sistema constitucional y la de los otros. Asumir que en ocasiones las opciones propias resultan mayoritarias y en otras deben limitarse a ser la alternativa minoritaria. Ser leal a la Constitución es aceptar la legitimidad del triunfo del otro y asumirlo, con el esfuerzo de llegar a acuerdos mediante la discusión y el debate".

El episodio vivido este jueves en el Congreso de los Diputados, con el lío en torno a la votación de la reforma laboral, resume en parte la atropellada presidencia de Meritxell Batet y el clima en la carrera de San Jerónimo. Batet dio una respuesta controvertida a un hecho que, como tantas veces, acabó en bronca y con el PP y Vox fuera de sí y preparados para batallar en los tribunales. Acción, reacción. Polémica y más polémica. La realidad es que las acusaciones de "fraude" y "pucherazo" contra la máxima responsable de la Cámara Baja no son una novedad, como tampoco lo es que ella haya sido cuestionada. Llueve sobre mojado.

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