Más problemas para Iberdrola: proteger al testigo clave lleva al archivo de sus querellas

José Antonio del Olmo se ha convertido en un quebradero de cabeza para Iberdrola. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto a la Fiscalía y al resto de partes personadas en la investigación adoptar medidas para proteger al exdirectivo y, según defiende el abogado de Florentino Pérez, que ejerce como acusación particular, esta posibilidad debería ir acompañada por otro mandato: la suspensión cautelar de las denuncias que Iberdrola ha interpuesto contra Del Olmo, que considera la materialización de una permanente presión por parte de la eléctrica.

"Entendemos que, como consecuencia de la colaboración que viene prestando el Sr. Del Olmo, este está sufriendo otro tipo de represalias, entre las que destacan las acciones judiciales", argumenta en su escrito. "Entendemos que se debería requerir a la representación del Sr. Del Olmo información sobre todos los procedimientos en los que está siendo demandado o querellado por Iberdrola, para que se adopte como medida cautelar la suspensión de todos esos procedimientos, en la medida en que están siendo utilizados como medios de represalia contra el Sr. Del Olmo por las informaciones que está aportando".

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La batalla entre Iberdrola y Del Olmo se basa en que el exempleado denunció en informes guardados ante notario la presunta trama de facturas falsas que utilizaban para enmascarar los pagos a Villarejo. Iberdrola ya ha cargado contra él ante distintos tribunales, pero sigue sin cambiar de postura: ¿estaba al tanto el presidente Ignacio Sánchez Galán de los pagos a Villarejo? "Rotundamente sí". La versión de Del Olmo encaja con la columna vertebral de la investigación, y esa es la razón por la que García Castellón preguntó este mismo enero a las partes si debe adoptar medidas para protegerle. La respuesta de Florentino Pérez es clara: sí.

La suspensión de las denuncias

El magistrado apunta en concreto a la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, que hace referencia a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. En ella, se destaca la importancia de la protección de los denunciantes para prevenir y disuadir de la comisión de infracciones y se indica de forma expresa que las personas necesitan protección jurídica específica cuando obtienen la información que comunican con motivo de sus actividades laborales y, por tanto, corren el riesgo de represalias laborales, por ejemplo, "por incumplir la obligación de confidencialidad o de lealtad".

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Según defiende el abogado de Florentino Pérez en su escrito, esta tesis encaja a la perfección con el perfil de Del Olmo: "Como estamos ante la aplicación de la directiva en el ámbito procesal y no sustantivo y no se trata de ampliar el ámbito de la responsabilidad penal, todo órgano jurisdiccional nacional está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva, para alcanzar el resultado al que esta se refiere: la protección de los informantes", subraya en su escrito. "Estamos claramente ante una persona que ha puesto información y documentación a disposición de este juzgado de instrucción, por lo que se merece la protección que otorga la directiva".

Una vez expuesta esta idea, el escrito aborda entonces las medidas que se deberían adoptar y apunta en concreto a las acciones que Iberdrola ha iniciado contra Del Olmo. "Hay que señalar que el primer riesgo del que tiene que ser protegido el informador en un proceso penal es el de la responsabilidad penal propia derivada de haber proporcionado dicha información a la autoridad judicial", advierte. "Podría ser perjudicial para el Sr. Del Olmo que existan pronunciamientos firmes de otros órganos judiciales mientras este Ilmo. Juzgado pospone sus decisiones o cualquier pronunciamiento hasta la conclusión de la investigación que acaba de decidir prorrogar".