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El convocante de los ganaderos de Lorca se expone a una multa de hasta 600 euros
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Ley mordaza

El convocante de los ganaderos de Lorca se expone a una multa de hasta 600 euros

El informe de los servicios jurídicos de la Delegación de Gobierno aprecia una infracción de las consideradas leves de la Ley de Seguridad Ciudadana

Foto: Arrestado uno de los asaltantes del pleno del Ayuntamiento de Lorca. (EFE/Marcial Guillén)
Arrestado uno de los asaltantes del pleno del Ayuntamiento de Lorca. (EFE/Marcial Guillén)

La Delegación del Gobierno de Murcia ha anunciado la apertura de un expediente sancionador al organizador de la manifestación de ganaderos de Lorca que acabó el lunes con el asalto violento en el ayuntamiento durante un pleno municipal. Fuentes conocedoras del caso comentan a El Confidencial que la decisión se ha adoptado después de un informe elaborado por los servicios jurídicos del departamento. A juicio de los expertos, el convocante sería responsable de una infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana dentro de las consideradas leves, castigadas con hasta 600 euros de multa.

En concreto, los servicios jurídicos consideran que el “precepto infringido” es el artículo 37.1 de la norma llamada en su día por el PSOE en la oposición como 'ley mordaza'. Este artículo castiga la celebración de “reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones” cuando incumplen la ley sobre el derecho de reunión. Los expertos consideran vulnerado el artículo 4.2 de esta norma, vigente desde 1983, que hace responsable “a los organizadores o promotores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo” de las concentraciones.

Foto: Granja en Lorca. (Víctor Romero/EC)

Una treintena de ganaderos de Lorca entró por la fuerza y a empujones contra la policía en el edificio donde se estaba celebrando el pleno municipal en el que estaba previsto aprobar una regulación sobre la distancia entre las granjas y los núcleos urbanos. Eso obligó a suspender la reunión. Según detalla la agencia EFE, la protesta contra la nueva normativa reguladora de las granjas de porcino había sido convocada el viernes anterior durante una asamblea de ganaderos celebrada en un restaurante de la localidad murciana.

Esa asamblea fue organizada por la Asociación de Defensa Sanitaria del Porcino, Adespolor, y contó con representantes de la asociación de empresarios de ganado de la Región de Murcia, Acega, y de las organizaciones agrarias UPA y COAG. Estaban invitados los representantes municipales del PP y Vox. El presidente de Adespolorca, Francisco Román, dijo en la asamblea haber pedido los correspondientes permisos para la manifestación a la Delegación del Gobierno, según la citada información.

Fuentes de la Delegación de Gobierno consultadas por este periódico no ofrecen datos de la identidad del convocante expedientado, pero confirman que estaba comunicada. Cuando se comunica una concentración a las delegaciones de Gobierno, se ofrece una identidad personal, según establece la ley de derecho de reunión. EFE detalla que cuando se produjo el asalto al pleno, el alcalde y representantes del sector ganadero, entre ellos el presidente de Adespolorca, ya estaban dentro del edificio reunidos en un despacho de la cuarta planta tratando de desbloquear las diferencias sobre la nueva normativa de granjas.

Faltas leves, graves y muy graves

La Ley de Seguridad Ciudadana recoge decenas de infracciones divididas entre leves, graves y muy graves. Las primeras contemplan multas de hasta 600 euros. Las graves se castigan con multas de entre 601 y 30.000 euros. Las muy graves van desde los 30.001 a los 600.000 euros. La cantidad exacta se aplica en función de las circunstancias: si hay reincidencia, si ha supuesto un riesgo, si media violencia, si los autores van tapados para no ser identificados, si usan menores de edad…

Foto: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (EFE)

El delegado del Gobierno de Murcia, José Vélez, también avanzó este jueves que se abrirán expedientes en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana a todos aquellos que participaron en el asalto. Para ello, ha pedido información tanto al ayuntamiento como a la Policía. La norma contempla una serie de sanciones ya de carácter grave hasta 30.000 euros que encajan con las imágenes que se difundieron de los hechos. Una de ellas castiga “causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos”. Otra sanciona "la desobediencia o la resistencia a la autoridad", también “los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones”.

Una sanción por la Ley de Seguridad Ciudadana corre a cargo de la Delegación de Gobierno, es decir, la Administración. Discurre por un canal distinto a la vía penal, que investiga la posible investigación de delitos y que en estos momentos se encuentra en manos de la Policía Nacional y la Policía Local de Lorca. Los agentes ya han detenido a siete personas, a las que han tomado declaración durante la semana. Posteriormente, quedaron en libertad. Las autoridades llevan días recabando pruebas para elaborar un atestado que será el punto de partida para la judicialización del caso.

La vía penal

La vía penal prima siempre sobre la administrativa. Eso quiere decir que, en caso de que los investigadores considerasen que el convocante incurrió en algún hecho delictivo, el expediente sancionador de la Delegación de Gobierno quedaría en suspenso hasta agotar la investigación judicial. Lo mismo sucede con los ganaderos que participaron en el asalto, a los que la Delegación de Gobierno también pretende expedientar una vez sean identificados y relacionados con alguna infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Desde el punto de vista penal, los servicios jurídicos del ayuntamiento elaboraron un breve informe de tres folios en el que describieron los hechos como una presunta infracción de los artículos 505, 514, 550 y 556 del Código Penal. Tiene que ver con atentar contra la autoridad o desórdenes públicos. Ese informe ya advertía de que las consecuencias pueden ir dirigidas contra los autores del asalto, pero también contra los promotores.

La pena más alta recogida en este informe es de hasta seis años de cárcel cuando, “con intimidación grave o violencia”, opusieran resistencia grave a las autoridades cuando se hallen en el ejercicio de su cargo y se trate de miembros del Gobierno, el Congreso, el Senado, diputados autonómicos o corporaciones locales como la que estaba reunida en Lorca.

La Delegación del Gobierno de Murcia ha anunciado la apertura de un expediente sancionador al organizador de la manifestación de ganaderos de Lorca que acabó el lunes con el asalto violento en el ayuntamiento durante un pleno municipal. Fuentes conocedoras del caso comentan a El Confidencial que la decisión se ha adoptado después de un informe elaborado por los servicios jurídicos del departamento. A juicio de los expertos, el convocante sería responsable de una infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana dentro de las consideradas leves, castigadas con hasta 600 euros de multa.

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