Díaz acusa a los socios de investidura de votar contra su reforma por "rivalidad partidista"

"No es humo, son personas". Este fue el concepto más repetido por Yolanda Díaz en su discurso durante el debate sobre la reforma laboral, a modo de epístrofe para enumerar sus principales contenidos, para voltear el argumento utilizado por ERC y otros socios de investidura contra su proyecto. Los millones de contratos por obra y servicio que desaparecerán para convertirse en indefinidos, los de formación de los jóvenes o el aumento salarial por los cambios en la negociación colectiva son algunos de los contenidos que subrayó de la norma para ponerle rostro y hasta nombres propios a lo que "no es humo, son personas".

La norma estrella de Díaz saldrá adelante con el apoyo de Ciudadanos y partidos minoritarios y el sonoro rechazo de la derecha y ultraderecha, junto a ERC, PNV, EH Bildu y BNG. Un cambio de alianzas que supone un punto de inflexión en la legislatura y un duro golpe desde la izquierda al despegue del proyecto político de la líder de Unidas Podemos en el Congreso.

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El malestar que se trasladaba en privado desde la vicepresidencia segunda durante las últimas horas lo verbalizó Díaz con todas las letras desde la tribuna de oradores, reprochando a sus socios que hayan convertido este debate "en un campo de rivalidades partidistas". "Confieso que me apena que la norma más importante de la legislatura se sustancie en debates superficiales que no ayudan a superar el descrédito de la política", añadió tras reconocer "tristeza" y "preocupación". Frente a su intento por llevar los contenidos de la norma a las negociaciones con sus socios parlamentarios, "solo he escuchado proyecto personal, humo, maquillaje o norma insignificante".

"Llevamos hablando muchos días y muchas semanas con los interlocutores políticos para que al respaldo del diálogo social se sume el político, amplificando la legitimidad de una norma con consensos porque, cuando hay consensos, es una norma de país, pero no lo he logrado", lamentó. En el capítulo de agradecimientos nombró a todas las formaciones que avalarán la reforma, pero también al PNV porque, dijo, a pesar de que finalmente se situará en el bloque del no, sí se habría sentado con disposición a negociar. Fuentes de los nacionalistas vascos aseguran que mantuvieron negociaciones hasta las 08:00 horas de este jueves, una hora antes de que se iniciase el debate en el pleno del Congreso. Algo que negó que hicieran ERC o EH Bildu. El mismo reproche, sin embargo, que trasladan desde estas formaciones al entender que la negativa a realizar cambios en el texto no supone una negociación real.

"Sí o no a un trabajo decente" o "avalar la reforma laboral del PP o dejar atrás el modelo de precariedad y bajos salarios". La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, trató de arrinconar a los socios de investidura en estas dos dicotomías durante el debate sobre la convalidación en el Congreso del decreto sobre la reforma laboral. "Le he dado muchas vueltas y no encuentro un argumento sólido para votar en contra de esta reforma, para enrocarse ante un decreto que ya está dejando sentir sus efectos positivos en el mercado laboral y en la vida de tantas personas trabajadoras", concluyó.

La reforma laboral saldrá adelante con la vía de Ciudadanos más las formaciones minoritarias. Esta fórmula garantiza al Ejecutivo 176 votos a favor. Tres más de los que actualmente se posicionan en contra. Se trata de los 154 que suman PSOE y Unidas Podemos, junto a los de Ciudadanos (nueve), PDeCAT (cuatro), Más País (dos), UPN (dos), Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y PRC, con un representante cada uno.

En el bloque del no a la reforma laboral se mantienen PP (89 incluyendo al diputado de Foro Asturias), Vox (52), ERC (13), PNV (seis), EH Bildu (cinco), JxCAT (cuatro), CUP (dos), BNG (uno) y el diputado de Ciudadanos que abandonó el grupo naranja para integrarse en el Mixto. Un total de 173 diputados que no serían suficientes para tumbar el decreto.

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Agencias

Con la reforma laboral, ya en vigor, los contratos temporales tendrán por norma general una duración máxima de seis meses, prorrogables otros seis vía negociación colectiva, desaparecerá la modalidad de obra y servicio, se eliminará el despido objetivo en las empresas públicas y la Administración y se crea un contrato fijo para la construcción, sector que deberá recolocar a los trabajadores u ofrecer formación pagada con cargo a la empresa durante este intervalo. Unas nuevas reglas que irán acompañadas de un endurecimiento de las sanciones a las empresas que las infrinjan.

Si hasta ahora las penalizaciones se establecían por empresa hasta un máximo de 8.000 euros, ahora serán individualizadas y llegarán hasta un máximo de 10.000 euros por trabajador. En materia de negociación colectiva, se recupera la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, así como la ultraactividad de forma indefinida hasta que se negocie un nuevo convenio. Por otra parte, la subcontratación estará regida por el convenio sectorial o de la empresa matriz. "Esto no es humo, es algo sólido y es real. Es tangible", trasladaba Díaz sin esconder su tristeza por limitarse a conseguir el mínimo apoyo necesario para aprobar su proyecto estrella de esta legislatura.