Iberdrola carga contra el juez del caso Villarejo: "Está violando nuestros derechos"

El pulso que Iberdrola SA y su presidente, Ignacio Sánchez-Galán, mantienen con el instructor del caso Villarejo por la investigación abierta a raíz de los pagos efectuados por la eléctrica durante años al excomisario, ha aumentado de intensidad en los últimos días. En un escrito presentado este miércoles ante la Audiencia Nacional, la empresa del Ibex 35 acusa al magistrado de violar "de forma contumaz" sus derechos fundamentales, proceder de forma arbitraria con la única finalidad de mantener vivo el procedimiento y sumar una ristra de "despropósitos procesales" y errores que perjudican a sus intereses.

Estas duras acusaciones figuran en el recurso que ha presentado la compañía contra la última de las decisiones del juez al que ha tenido acceso El Confidencial. El auto, que ha desagradado a Iberdrola, ordenaba alargar seis meses más el procedimiento y retiraba a la empresa su condición de querellante ante las dudas que levanta su situación procesal y la posibilidad de que pueda cambiar para pasar a ser imputada. En las diligencias, ya figura como investigada Iberdrola Renovables, filial al 100% de la compañía. Sánchez-Galán declaró hace solo unos días como imputado por estos hechos.

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"Esta parte se ve obligada a acudir a la Sala para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales, ante la contumaz violación de los mismos que está padeciendo", arranca el escrito en el que se asegura que el juez Manuel García-Castellón comete "incorrecciones palmarias" en su interpretación de la estrategia penal de la compañía que acusa al principal testigo en su contra, un exdirectivo que denunció la contratación irregular del comisario de sustraer documentos y falsificar pruebas.

El escrito llega a deslizar una velada insinuación de prevaricación. "Lo que jamás sería admisible es una decisión que impidiese la investigación del posible delito, atentando no solo contra los derechos procesales del querellante —entre ellos su derecho a la tutela judicial efectiva y protección ante la indefensión—, sino también contra el propio ordenamiento jurídico que obliga a la autoridad o funcionario a cumplir con la obligación de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables", lanza.

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"Como decimos, el Instructor decide que conserva la competencia para instruir la causa, pero decide no instruirla; y decide también 'posponer igualmente cualquier pronunciamiento sobre la ampliación de los hechos que integran la denuncia por falsedad', que es, precisamente, lo que ya venía haciendo antes de la referida pronunciación de la Sala corrigiendo esa actitud procesal. Es decir: el instructor sigue haciendo lo que quiere, y lo que quiere, a juzgar por la insistencia en sus decisiones, es que no se instruya nada contra el señor Del Olmo", acusa en referencia al exdirectivo mencionado.

A favor de Florentino Pérez

Para la defensa de Iberdrola, que ejerce el despacho González Franco, el juez se ha sumado con su proceder a los intereses del presidente de ACS, Florentino Pérez, uno de los espiados por Villarejo. Deduce —dice el escrito— que el instructor ampara a Del Olmo "a la vista del devenir procesal de las diligencias". "Se han convertido en la piedra angular del procedimiento, fundamentando la llamada en condición de investigados de numerosas personas. Si ese documento resultase falso, son obvias las consecuencias que de dicha falsedad se derivarían".

En el auto que Iberdrola interpreta como "una retorcida lectura" del instructor, el magistrado explica que, tras la reciente ronda de declaraciones, incluida la del presidente de la eléctrica, deben practicarse nuevas diligencias y apunta a la posible implicación de Iberdrola SA, que por ahora no se encuentra investigada como persona jurídica. Con este auto, la matriz pierde su condición de querellante y queda al borde de la imputación.

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En uno de los apartados del escrito, el instructor se refiere a la responsabilidad penal que pudiera tener la matriz del grupo, Iberdrola SA, por la ineficacia de los mecanismos internos de cumplimiento. Los sistemas de control de la compañía no impidieron la contratación del policía a través de una presunta trama de facturas falsas, y uno de los supuestos espiados, el empresario Florentino Pérez, ha solicitado la imputación de la matriz. Tras revisar su escrito, el juez da ahora traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre si debe atender su petición.

Florentino Pérez reclama la imputación de la matriz "para la mejor salvaguarda de sus derechos procesales a la vista de los indicios existentes". El presidente de ACS defiende "la máxima responsabilidad" de la compañía en unos hechos que le afectan de forma directa, pues constan indicios de que Iberdrola recurrió a los servicios de espionaje del comisario jubilado en 2009 para impedir que tomara el control de la empresa durante la guerra comercial que mantenía con la misma. Pérez sostiene que esa responsabilidad va mucho más allá de Iberdrola Renovables y apunta a que la contratación dependió de una decisión "a nivel grupo" y no solo de la filial.