La Audiencia anula las medallas de Marlaska a tres comisarios y avisa: no tiene "carta blanca"

Los jueces confirman que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, concedió medallas policiales con pensión vitalicia a tres comisarios jubilados sin justificar sus méritos. Así consta en la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que avala la decisión de un juez de anular la concesión de estas medallas. En la resolución a la que ha tenido acceso El Confidencial, un tribunal compuesto por cuatro jueces advierte al ministro que no tiene “carta blanca” para otorgar estos reconocimientos.

La resolución admite que el ministerio tiene una “potestad discrecional” a la hora de valorar los motivos por los que premia a sus policías “sin que la concesión de la medalla suponga una carta blanca al titular de la competencia”. Estas medallas las firma y las concede el ministro. “La finalidad de actuación de la Administración es que sea conforme al interés público”, sostiene la resolución, dictada el 26 de enero por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Esta es la jurisdicción que tiene competencia para revisar las decisiones que toma la Administración, en este caso el Gobierno por medio de Interior.

Sin un 15% de sueldo vitalicio

De este modo, los jueces dejan sin medalla al Mérito Policial con distintivo de plata a tres comisarios del Cuerpo que se retiraron en el año 2020. Este reconocimiento permite seguir cobrando un 15 por ciento del sueldo con el que se retiran el resto de su vida. Los tres afectados son el ex comisario general de la Policía Judicial, Eloy Quirós; el exjefe Superior de Policía de Navarra, Francisco López Canedo, y el excomisario de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, Manuel Páez Méndez. El origen de este pleito fue el recurso presentado por el sindicato policial Unión Federal de la Policía (UFP).

La concesión de medallas en la Policía es un foco de conflicto habitual. Son constantes las críticas que acusan desde hace años y con diferentes gobiernos de que se empleen las condecoraciones para pagar favores o facilitar una pensión de última hora al dejar el Cuerpo con el dinero público. Es habitual que quien recibe la medalla de plata cuente ya con una o varias medallas con distintivo rojo, que conllevan un 10 por ciento del sueldo. El espíritu de estas medallas es premiar actuaciones extraordinarias o que comporten un riesgo especial, pero la redacción ambigua de los criterios abre la puerta a decisiones muy discutidas.

La Abogacía del Estado había presentado un recurso en defensa de los intereses del Ministerio del Interior y contra la anulación de estas tres medallas. Los servicios jurídicos del Gobierno admitían que el ministerio no justificó debidamente los méritos que acompañaban a estos mandos para recibir la medalla. No obstante, defendían que la resolución correcta no debería ser la anulación de las condecoraciones, sino retrotraer las actuaciones al momento de justificar los méritos.

Una ley franquista

Los comisarios también recurrieron. Entre sus argumentos, alegaron que la concesión de estas medallas en la Policía viene regulada en una ley de 1964, previa a la instauración de la democracia y las leyes que ponen límites a la arbitrariedad de las administraciones. Es por ello que, a su juicio, bastaba con presentar la hoja de servicios y el expediente de los agraciados. Pero los jueces creen que eso no es suficiente. Añaden que en la jurisdicción contencioso-administrativa solo cabe la posibilidad de retrotraer actuaciones en los recursos ante el Tribunal Supremo.

La sentencia abre la puerta en todo caso a que, una vez anuladas estas tres medallas, el ministerio inicie de nuevo el proceso, pero partiendo de cero y justificando debidamente los méritos de los comisarios como establece la ley. Desde el sindicato UFP se muestran tranquilos con esta posibilidad porque, a su entender, el origen del problema es que los comisarios no reunían los requisitos necesarios. Contra esta sentencia todavía se puede presentar recurso ante el Tribunal Supremo.