El Gobierno se abre a reducir la moratoria de 18 meses para el control de alquileres

El Gobierno no descarta introducir cambios en la ley de vivienda durante su tramitación parlamentaria para reducir la moratoria de 18 meses en el control de alquileres. La norma, que ha sido aprobada definitivamente este martes en el Consejo de Ministros para enviarla al Congreso, incluye una 'vacatio legis' de un año y medio desde su entrada en vigor para que las comunidades autónomas puedan limitar los alquileres en las zonas consideradas tensionadas. Su reducción es una de las demandas que ya han puesto sobre la mesa los socios parlamentarios del Ejecutivo, así como de los colectivos por el derecho a la vivienda con los que mantuvo una ronda de contactos la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Los morados son más proclives a aminorar este plazo de aplicación que los socialistas, y avanzan en cualquier caso que será necesario para conseguir el respaldo de sus socios en el Ejecutivo. De lo contrario, y pese a su tramitación de urgencia en el Congreso, el control del precio de los alquileres difícilmente entraría en vigor esta legislatura.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha aclarado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que la prórroga de 18 meses establecida en la ley es un "periodo máximo" que "intentaremos reducir si es posible". Con todo, ha justificado esta prórroga debido a la necesidad de establecer previamente un sistema de precios de referencia. Del desarrollo de este sistema dependerían, por tanto, las posibilidades de acortar plazos en su aplicación.

Los socios minoritarios del Ejecutivo están instando al departamento de Transportes que comience ya a elaborar el índice de precios de referencia, de cara a reducir la moratoria en la medida de lo posible. El actual índice, que se basa en la información sobre precios que le facilita la Agencia Tributaria, se encuentra desactualizado con unos datos que hacen referencia al periodo 2015-2018.

Los socios del Gobierno de coalición pactaron en el marco de los presupuestos de 2021 que la ley de vivienda se aprobaría en febrero del pasado año y que comenzaría su tramitación parlamentaria al mes siguiente. No ha sido hasta casi un año después cuando el proyecto se ha aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros. Primero por los choques entre PSOE y Unidas Podemos, precisamente, en la parte de la ley que concernía a la regulación de los alquileres.

Una vez solventadas estas diferencias, el freno ha venido determinado por el CGPJ, que ha tumbado el informe favorable de uno de sus vocales, preceptivo para el Gobierno, retrasando la elaboración del nuevo documento hasta la pasada semana advirtiendo sobre la posible invasión de competencias autonómicas. Finalmente, el Ejecutivo ha introducido modificaciones en el texto para clarificar este punto, especificando que se tienen en cuenta las competencias autonómicas, aunque sin realizar ningún cambio sustancial. La ministra de Transportes también se ha defendido ante las críticas de la oposición conservadora que este proyecto "no va en contra de los propietarios, sino en contra de la especulación".

En las comunidades que decidan aplicar el control de precios de los alquileres en zonas declaradas tensionadas la norma prevé acompañar estas medidas de incentivos fiscales. Las deducciones serán de hasta el 90% para quien rebaje en más de un 10% el precio del alquiler respecto al contrato anterior. La rebaja será del 70% por incorporación al mercado de vivienda en alquiler habitual, incorporación a planes de vivienda social, cesión o alquiler a entidades sin ánimo de lucro o alquiler a jóvenes entre 18 y 35 años. Se contempla también el supuesto de reducciones para quien alquile a familias con ingresos reducidos, pero el porcentaje en este caso todavía no se ha determinado.

Entre las partes de la futura norma que sí podrán entrar en vigor con total seguridad antes de que remate esta legislatura, destacan medidas como la penalización de los inmuebles vacíos. Para ello, se establecerán recargos en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) de hasta el 150%, que los ayuntamientos podrían aplicar a su potestad "a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la ley". El proyecto también apuesta por ampliar el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida.

En lo relativo a los desahucios, la ley de vivienda incluye la obligación de ofrecer una alternativa habitacional a las familias vulnerables, con dotaciones de realojamiento, "ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo". Para ello, se introducen en el procedimiento "criterios objetivos" para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica.