Embargos de sueldo a etarras morosos: la amenaza para el colectivo al salir de prisión

Salir de la cárcel no culmina la deuda con el Estado para los presos de ETA. Al menos para la inmensa mayoría que tiene pendiente pagar las indemnizaciones derivadas de sus atentados. Son cantidades millonarias que en su día fijaron los jueces en las sentencias que les condenaron y que asumió la Administración ante la negativa o la imposibilidad de los terroristas de pagar. La amenaza del embargo de bienes o sueldos se cierne ahora sobre un colectivo que ve como opción acceder al mercado laboral fuera de prisión dentro del proceso de reinserción que pretende potenciar el Gobierno Vasco.

Ante la ausencia de atentados y comandos, la lucha contra la banda terrorista exploró nuevos campos como el de los atentados sin resolver o el de las deudas pendientes de satisfacer. Este último enfoque incluye el estudio de los bienes que tienen los etarras fuera de las cárceles. Casas, coches, sueldos o terrenos tanto a su nombre como al de familiares cercanos están bajo la lupa de los investigadores. Estas pesquisas ya han dado como resultado algunas operaciones de embargo. Una de las más relevantes la realizó en 2018 la Guardia Civil bajo la coordinación de la Audiencia Nacional.

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El Instituto Armado llamó operación Zerga ('impuesto', en euskera) a la intervención de bienes a 50 etarras que debían un total de ocho millones de euros al Estado por sus atentados. La Guardia Civil trabajó con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional. Los afectados eran autores de atentados terroristas y de acciones de violencia callejera. Se detectó que eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizaran acción alguna para satisfacer las referidas obligaciones.

Sortu censura estas investigaciones

Por ello se procedió al bloqueo y embargo de más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras. Igualmente, se actuó sobre una treintena de nóminas de aquellos que estaban asalariados. Para ello, se ofició a las empresas para las que trabajaban, a fin de que se les retuvieran la parte de la nómina que supere el salario mínimo interprofesional. Ya entonces, el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, denunció la operación y acusó al Gobierno del PP de querer mantener a Euskadi "en el pasado". El sector duro del entorno proetarra, Amnistia Ta Askatasuna (ATA), culpó a los presos que pagan la responsabilidad civil porque perjudican con ello a quienes se mantenían firmes en sus posiciones.

Hay etarras que comenzaron a pagar dentro de prisión porque era un requisito legal para acceder a beneficios penitenciarios como permisos de salida o progresiones de grado. En esos casos, se fija una cantidad casi simbólica mensual que demuestra la voluntad de satisfacer su deuda. Las cuantías son ridículas en comparación con las grandes indemnizaciones por daños físicos o personales, pero es suficiente para el Juzgado de Vigilancia atendiendo a los pocos ingresos que reporta un oficio en la prisión.

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Al salir en libertad, la oferta laboral es más amplía y las posibilidades de prosperar e invertir también. Ya no basta con aportar una cantidad mínima. El Gobierno Vasco presentó hace días sus planes para la gestión de las competencias penitenciarias que asumieron el 1 de octubre. Aunque la legislación penitenciaria es la misma que en el resto de España, el Gobierno del PNV apuesta decididamente por fomentar el cumplimiento de las condenas en régimen de semilibertad. Eso es el tercer grado o la concesión del artículo 100.2 que permite salir a diario de la cárcel para estudiar o formarse. Para poder salir es necesario tener una oferta de trabajo.

El Supremo sobre la prescripción

Desde hace un año y dos meses, los etarras tienen, además, en contra una sentencia del pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que modificó los límites de la prescripción para el pago de responsabilidades civiles. La dictó el 13 de noviembre de 2020 y en ella estableció que no se debe tener en cuenta el plazo de cinco años para fijar la prescripción de una responsabilidad civil —como establece el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil—. Los jueces del alto tribunal, le daban prioridad al artículo 570 de la misma ley, según el cual, la deuda contraída “sólo terminará con la completa satisfacción” una vez se recoge en una sentencia firme.

Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por El Confidencial dan mucha validez a esta resolución porque les permite rastrear periodos más amplios de tiempo y a más terroristas que se aferraban a la prescripción para no pagar sus deudas. La sentencia que dio origen a la doctrina tenía que ver con un incendio forestal, pero desde el Tribunal Supremo coinciden con la interpretación de que es aplicable a los etarras. Otros juristas consultados muestran sus dudas respecto a la respuesta que pudiesen dar los tribunales europeos a esta modificación de la prescripción.

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Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), a través de su departamento jurídico, también presentó en marzo de 2020 varios escritos en la Audiencia Nacional en los que solicitó que se reclamara a una decena de etarras el pago de responsabilidad civil a sus víctimas que aún tienen pendiente. La cantidad total asciende a más de un millón de euros. Como acusación popular en esos procedimientos, la AVT no tiene legitimación procesal para exigir el pago de las indemnizaciones, ya que solo se puede hacer a través de la Fiscalía, la Abogacía del Estado o la acusación particular que ejercen los familiares de las víctimas.

Los escritos de la asociación se dirigen a recordar a las partes que los terroristas aún tienen deudas pendientes con sus víctimas. Esta situación se da en una minoría de supuestos, ya que, en la mayoría de casos, las indemnizaciones fijadas en sentencia han sido abonadas por el Estado, que cubre hasta un máximo de medio millón de euros desde la Ley de Víctimas. Sin embargo, hay etarras que deben mucho más a sus víctimas. Entre los etarras afectados están algunos conocidos como el exdirigente Francisco Javier Arizkuren Ruiz, alias 'Kantauri', con una deuda de medio millón de euros; Ana Belén Egües, Iván Apaolaza, Juan Luis Rubenach o Gorka Palacios, que deben entre los tres más de 100.000 euros.