El juez abronca a Iberdrola por investigar los pagos a Villarejo de forma "superficial"

El magistrado Manuel García-Castellón abroncó este jueves a Iberdrola por haberse limitado a investigar la contratación del comisario José Manuel Villarejo "superficialmente". La filial de la eléctrica, Iberdrola Renovables, se encuentra imputada por un delito de cohecho desde julio y, durante la comparecencia celebrada este jueves ante la Audiencia Nacional, los argumentos esgrimidos por el representante de la compañía no convencieron al juez, explican fuentes presentes en el interrogatorio. Castellón reprochó la permisividad de la eléctrica ante hechos "muy graves". "Deberían haberlo intentado al menos", espetó el magistrado.

El representante de la compañía aseguró que se revisaron los pagos y que la facturación se llevó a cabo de acuerdo a la normativa, pero el fiscal no tardó en cuestionar su línea de defensa. En concreto, apuntando a informes internos de la eléctrica en los que se duda de la labor de los responsables de 'compliance'. Minutos después, el propio magistrado puso en duda la actuación de la eléctrica por mantener una inacción casi absoluta incluso después de conocerse "todo lo que ha pasado alrededor" de Villarejo. "Me dice que se hicieron las comprobaciones y yo le digo que no es así, que no se han hecho", añadió el instructor.

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Escuchados los argumentos del representante de Iberdrola, García-Castellón concluyó que la compañía no se afanó lo suficiente en revisar su contratos con Villarejo. Ni tras la detención del comisario en noviembre de 2017 ni tampoco después de que imputara en 2019 a su jefe de Seguridad, Antonio Asenjo. El presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, señaló este martes durante su declaración a Asenjo como principal responsable de cualquier posible irregularidad, pero el magistrado ha dejado claro a lo largo de tres días de interrogatorios que no se cree esta versión. En el interrogatorio a Galán, cuestionó de forma expresa la capacidad de un empleado para decidir sin supervisión.

El cohecho no ha prescrito

La imputación de Iberdrola Renovables se enmarca en la presunta contratación del comisario Villarejo para llevar a cabo una investigación sobre Eólica Dobrogea, una sociedad con la que la eléctrica se enfrentó en un litigio por un proyecto en Rumanía. A la vista de encargos como este, la sospecha del magistrado se centra en que el presidente de la compañía y parte de sus exdirectivos ordenaron contratar al comisario y maniobraron para saltarse el control interno a través de una trama de facturas falsas.

Durante más de una década, Iberdrola supuestamente realizó todo tipo de encargos al comisario y ocultó los mismos manipulando los conceptos de las facturas. Desde espionajes a políticos hasta indagaciones sobre dos de los mayores rivales de Sánchez Galán, Manuel Pizarro y Florentino Pérez. Según Asuntos Internos, la eléctrica pagó al comisario más de un millón de euros y otros 407.000 euros a través de una tercera compañía, la empresa de seguridad Casesa.

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Iberdrola Renovables ya presentó un escrito el 16 de diciembre en el que sostiene que este supuesto cohecho ya habría prescrito, pero como adelantó El Confidencial, sus argumentos cayeron en saco roto. Según afirma el magistrado en un auto del 19 de enero, dicha prescripción quedó descartada al acordar su imputación el pasado 19 de julio y explicar "los elementos indiciarios de los que se deduce el sustento fáctico de la participación delictiva".

En este auto, García-Castellón recuerda, además, que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya se pronunció al respecto el pasado noviembre, por lo que consideró que el nuevo escrito de Iberdrola Renovables sobre la supuesta prescripción del cohecho solo "pretende dilatar injustificadamente y por vía de la suspensión el procedimiento".