Dos exdirectivos de Galán tratan de desvincularse de los encargos a Villarejo

El exjefe de Gabinete de Presidencia de Iberdrola Rafael Orbegozo y el exconsejero general de Negocios Francisco Martínez Córcoles declararon este lunes como imputados por su presunta implicación en los pagos de la eléctrica al comisario jubilado José Manuel Villarejo para financiar operaciones de espionaje contra adversarios políticos y empresariales. Fuentes jurídicas explican a El Confidencial que los exdirectivos trataron de desvincularse de los encargos y, en el caso de Orbegozo, sus respuestas terminaron por exasperar al magistrado. Este martes declararán el expresidente de Iberdrola España Fernando Becker y el propio Ignacio Sánchez Galán.

El juez sospecha que el máximo dirigente de Iberdrola y sus exdirectivos ordenaron la contratación del comisario y maniobraron para saltarse los sistemas de control de la compañía a través de una supuesta trama de facturas falsas. Tanto Sánchez Galán como parte de su antigua cúpula están imputados por delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. A Iberdrola Renovables, imputada como persona jurídica, se le investiga por un delito de cohecho.

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Orbegozo reconoció este lunes que entre sus funciones se encontraba la de visar facturas como las que se utilizaron para pagar a Villarejo. En junio, al acordar la imputación de los exdirectivos, el magistrado Manuel García-Castellón ya apuntó a que la eléctrica procedió a "la manipulación de sus conceptos" para "ocultar los trabajos realizados", pero el exjefe de Gabinete de Presidencia insistió este lunes en que no apreció ninguna irregularidad. Entre las facturas que Orbegozo tuvo que revisar, destacan supuestos conceptos falsos como “servicios especiales de control y contravigilancia” o "servicio de asesoramiento".

Orbegozo se escudó este lunes en que no recordaba la mayor parte de las mismas y, en el arranque del interrogatorio, aseguró no haber oído hablar de Villarejo hasta 2019. Esta última afirmación no tardó en ponerse en cuestión a los pocos minutos, cuando reconoció haber leído un artículo sobre el comisario años antes. El magistrado, no conforme con sus explicaciones, llegó a decirle con ironía que se trataba de un "extraordinario" jefe de Gabinete de Presidencia, explican las fuentes consultadas.

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Córcoles se defendió a su vez alegando que, durante los años en que se contrató Villarejo, él formaba parte del departamento de Generación de la eléctrica. Según aseguró, esta área no se vio afectada por las operaciones del comisario, por lo que no tiene conocimiento alguno sobre las mismas.

Esta argumentación choca con el primer encargo que se hizo a Villarejo en 2004, cuando Iberdrola le pidió que se infiltrara en el movimiento de oposición política y vecinal a su central térmica de ciclo combinado de Arcos de la Frontera (Cádiz). Este proyecto, valorado en más de 1.000 millones de euros, sí afectaba de forma directa al área de Generación. Las fuentes consultadas insisten a su vez en que otro de los primeros encargos se desarrolló a su vez bajo el paraguas de este departamento. En concreto, el de averiguar si dos representantes sindicales de su central nuclear de Cofrentes (Valencia) habían filtrado a organizaciones ecologistas un análisis interno en 2007.

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Los investigadores sostienen que los encargos de Iberdrola a Villarejo se alargaron más de una década e incluyeron todo tipo de operaciones encubiertas: espionajes a dirigentes políticos, maniobras contra ecologistas, vigilancia de líderes sindicales de la propia compañía, indagaciones sobre dos de los mayores rivales de Sánchez Galán, Manuel Pizarro y Florentino Pérez, y hasta una investigación contra una empresa con la que Iberdrola iba a construir un parque eólico en Rumanía. Asuntos Internos ha concluido que Iberdrola le pagó más de un millón de euros y otros 407.000 euros a través de una tercera compañía para ocultar su relación con el comisario.

Tras las comparecencias de Orbegozo y Córcoles, este martes llegará el turno de Sánchez Galán. El máximo dirigente de la compañía pidió declarar por videoconferencia para evitar el paseíllo a las puertas de la Audiencia Nacional, pero el magistrado rechazó su solicitud. Orbegozo y Córcoles en ningún momento solicitaron esta dispensa.