El PSOE da otro volantazo y asume las tesis de Garzón tras desautorizarlo

Las tesis del ministro Alberto Garzón sobre las macrogranjas han pasado de ser una "opinión personal", sin encaje en la línea política del Gobierno, a ser compartidas "en lo sustancial". Los socialistas han pasado de la desautorización e, incluso, de evitar realizar un respaldo explícito al titular de Consumo ante las peticiones de dimisión por parte de la oposición, a asumir que "en lo sustancial ha quedado patente" que están "de acuerdo". Así lo ha expresado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press este lunes. Un giro de guion al que se sumaba unos minutos después el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, desde Ferraz, dando un volantazo y asumiendo las tesis de Garzón tras desautorizarlo públicamente.

El desgaste por la polémica que impulsaron los propios socialistas al desmarcarse de su socio de coalición se ha ido haciendo patente por varios motivos. Por un lado, por la pérdida de la bandera verde, dejando a sus socios todo el espacio para reivindicar las políticas en transición ecológica. Por otro, por contribuir a fijar en la agenda el principal asunto con el que el PP está centrando su campaña en Castilla y León, lo que a su vez impide a los socialistas centrar su discurso en la gestión y la recuperación económica, como pretendían.

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Se justifica, asimismo, que la polémica está sirviendo como una cortina de humo al PP para tapar sus supuestos casos de corrupción en Castilla y León, donde se votará el próximo 13 de febrero. Finalmente, el desgaste se traduce en el hecho de que se han visualizado las divisiones en el seno del Ejecutivo de coalición y se ha difuminado la línea roja infranqueable hasta ahora que suponía no cuestionar la continuidad de un miembro del Consejo de Ministros.

La crisis por las macrogranjas se ha convertido en un efecto bumerán para el PSOE. Durante los primeros días, los ministros socialistas salieron en tromba alimentando la polémica y marcando distancias con el titular de Consumo. Desde la portavoz del Gobierno, el propio presidente Pedro Sánchez y hasta otros cinco ministros socialistas, incluyendo al responsable de Agricultura, al que se le preparó un 'roadshow' en el que realizó cuatro entrevistas en diferentes medios en una misma jornada. Una sobreexposición nada habitual para ningún miembro del Gobierno.

A medida que se fue profundizando en el debate abierto por Garzón entre la ganadería extensiva y esta forma de ganadería intensiva, desde una óptima más serena y basada en evidencias científicas, el titular de Consumo ha pasado de recibir un ataque frontal del sector agrario a limar asperezas y hasta recibir apoyos. El pasado jueves, Garzón se reunía en la sede del ministerio con representantes de UPA, organización que representa a pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Según estos últimos, el encuentro se diseñó con el objetivo "trabajar conjuntamente para articular políticas que contribuyan al desarrollo sostenible del medio rural y zanjar cualquier polémica", después de que le pidiesen una rectificación por lo que consideraron un "ataque a la ganadería española".

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En la misma línea, los socialistas comenzaron a intentar cerrar la polémica. Este lunes se dio un nuevo volantazo tras casi dos semanas de críticas e intentar cerrar un debate sobre el que la parte socialista reconoció ya el desgaste "por un ruido que no nos gusta y no favorece al Gobierno". Sánchez fue recibido a su llegada a un acto preelectoral en Palencia por una protesta de un grupo de ganaderos.

Este fin de semana, el presidente del Ejecutivo no acudía a ningún acto en Castilla y León, convirtiéndose en el único líder ausente de entre los partidos estatales que se presentan a los comicios, junto a Inés Arrimadas debido a su embarazo. Sin pedir públicamente una rectificación, Sánchez optaba el pasado lunes por rebatir al titular de Consumo asegurando que el sector cárnico exporta carne "de extraordinaria calidad" y que "sigue los máximos estándares de la normativa española y europea".

La desautorización de la parte socialista del Gobierno al ministro de Consumo por sus críticas a las macrogranjas todavía coleaba en los últimos días sumando nuevos capítulos. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, negaba tener conocimiento de "los documentos del Gobierno" a los que genéricamente se habían referido tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz como el propio Alberto Garzón para defender que su posición no choca con la del Ejecutivo. Precisamente, el argumento que se había utilizado desde Moncloa para apartarse de las críticas de Garzón a este tipo de ganadería intensiva y enmarcarlas en una "opinión personal". Los morados, por su parte, no han querido desaprovechar el nicho que les han dejado los socialistas al abandonar la bandera verde. Un espacio que, además, se disputan con Más País, que ha quedado desdibujado en favor de Unidas Podemos al no concurrir a los comicios castellanoleoneses.

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Más allá de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, a los que está adherido el Ejecutivo, Moncloa ha elaborado documentos propios en los que aboga por fomentar la ganadería extensiva frente a la intensiva, apunta también medidas en este sentido en el programa de coalición y tiene en cartera un decreto para limitar los efectos "contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola". La polémica era una bomba de relojería que acabaría estallando en sus manos. Está pendiente de aprobar en las próximas semanas la ley de protección animal, impulsada por el Ministerio de Derechos, según una de las medidas que recoge el programa de la coalición de promover "el control de la producción de animales de consumo".

El plan anual normativo del Gobierno para 2022 también incluye la pretensión de aprobar un decreto "sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias". El texto, que impulsará el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico dirigido por Teresa Ribera, tiene como objetivo "establecer las medidas necesarias para prevenir y reducir la contaminación de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas, causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de esa clase".