La Policía ultima el informe clave sobre la tarjeta de la exasesora de Pablo Iglesias

El instructor del caso Dina, Manuel García-Castellón, espera de forma inminente el informe pericial que reclamó a la Policía Científica sobre la tarjeta de la excolaboradora de Pablo Iglesias Dina Bousselham. El magistrado solicitó el nuevo examen hace casi un año con objeto de agotar la investigación sobre la comisión de un presunto delito de daños informáticos por parte del exvicepresidente, siguiendo las instrucciones que le ordenó el Tribunal Supremo, a quien remitió el procedimiento. Desde entonces, los agentes han tratado de acceder a la microSD que tenía alojada el teléfono de la colaboradora.

El aparato le fue sustraído y meses después apareció en la revista 'Interviú', donde se avisó a Iglesias y se le hizo entrega de la misma. Sin embargo, pasaron varios meses hasta que este la entregó a su antigua ayudante que, según algunas de sus afirmaciones, no pudo acceder a su contenido porque se encontraba dañada. El instructor sospechaba a la vista de los indicios de que el antiguo líder de Podemos accedió a datos personales de su ayudante y destruyó el dispositivo antes de devolvérselo.

Para tratar de determinar si estas sospechas eran fundadas, el magistrado preguntó a los expertos de ingeniería e informática forense que le indicaran si es técnicamente posible acceder a la información de la tarjeta microSD del móvil que le fue robado a Bousselham en un Ikea. En un primer informe enviado el pasado agosto, antes de que el juez se dirigiera al Supremo para solicitar que investigara al vicepresidente, los expertos indicaron que no habían podido determinar si la tarjeta se encontraba dañada a nivel interno cuando Bousselham la recuperó. No consiguieron 'leer' el dispositivo porque el raspado que realizó la empresa de recuperación de datos a la que la remitió Dina cuando Iglesias se la devolvió ha dañado una de las pistas.

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Las conclusiones de aquel informe indicaban que los peritos no habían podido realizar la lectura del contenido de la memoria. "No se puede determinar si existían daños previos a la discontinuidad encontrada en el vestigio, qué partes están afectadas por los mismos ni el momento en el que se produjeron", especificaban. Atribuían el daño externo a un raspado provocado por la empresa informática con sede en Gales que examinó la microSD por encargo de la exayudante del exvicepresidente.

A pesar de que han transcurrido varios meses, hay pocas posibilidades de que la nueva pericial arroje resultados concluyentes. La pericial se ha alargado a consecuencia de problemas de coordinación con Samsung, que entregó hace solo unas semanas los códigos necesarios para acceder a la tarjeta sin destruirla.

En enero del pasado año, el Supremo devolvió el procedimiento a la Audiencia Nacional para que fuera García-Castellón quien agotara la investigación y le indicó que si confirmaba sus sospechas, podría remitir una nueva exposición razonada contra el entonces vicepresidente, que era aforado. Una vez que el informe sea entregado en los próximos días, García-Castellón tendrá que concretar si Iglesias cuenta con el perdón de Bousselham en lo referente a su intimidad, lo que le llevará a citarla de nuevo para que aclare si vio su esfera privada violada por el acceso de su jefe a datos privados.

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En cuanto al delito de daños informáticos, las sospechas del instructor se centraban en el estado en que se encontraba la tarjeta cuando Iglesias se la entregó finalmente a su asesora después de retenerla varios meses una vez la recuperó de 'Interviú'. En la Audiencia Nacional, Dina dio distintas versiones, variando su declaración sobre el momento y el estado en que recuperó la microSD. Cuando entendió que su alusión a que al recuperarla ya no funcionaba podía encajar con un delito de daños informáticos, matizó lo dicho: explicó que Iglesias le entregó la tarjeta "antes de que se iniciaran estas actuaciones" y que "inicialmente cuando se me entregó funcionaba, y comprobé que en su interior estaban contenidos de mi teléfono". En ocasiones anteriores había declarado que se la entregó, como pronto, en junio de 2016, y que ya entonces resultaba imposible acceder a la misma.

En relación con los daños sufridos en la tarjeta del móvil sustraído, sin entrar a examinar la solidez o consistencia de los indicios planteados por García-Castellón, el Supremo consideró necesario que Bousselham sea oída de nuevo para aclarar las distintas versiones que ha dado. También defendía que resulta necesaria una ampliación de la pericial informática sobre los daños en la microSD para precisar las causas que impiden acceder a la información de la misma, cuál fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, 'inservibilidad' o inaccesibilidad de los archivos que contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso.