El adelanto electoral en CyL y la crisis del PP con Ayuso rematan la renovación del CGPJ
Fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran que cualquier remota posibilidad de pacto ha quedado aparcada
La tenue esperanza que animaba la posibilidad de un pacto entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial terminó de apagarse este lunes con el anuncio de las elecciones anticipadas en Castilla y León. Los populares, ocupados en la última etapa en su guerra interna con Isabel Díaz Ayuso, habían ya dejado morir el impulso inicial que marcó el pacto sobre el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran ahora que cualquier posibilidad queda congelada. El PP entra en clave electoral y aparca definitivamente los esfuerzos de acercamiento.
La desactivación de las conversaciones deja, por delante, una situación que preocupa a las altas instancias judiciales. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) finalizó el 4 de diciembre de 2018 su mandato de cinco años y entró en funciones. Lleva más de tres años con su mandato caducado. La aprobación de la reforma legislativa que prohíbe al Consejo realizar nombramientos discrecionales supone un foco de tensión que ya ha comenzado a estirar las costuras del Tribunal Supremo.
Tras el nuevo parón, los más pesimistas apuntan a que no habrá nuevas oportunidades en lo que queda de legislatura y avisan de que alargar la situación dos años más es "completamente insostenible". "No son conscientes de la crisis que pueden provocar", indican las fuentes consultadas. A la hora de repartir responsabilidades, la culpa recae en esta ocasión en el PP. Los gestos enviados desde el partido del Ejecutivo han quedado sin respuesta.
Desde hace semanas, el PSOE comenzó a abrirse a buscar una solución intermedia a la última de las líneas rojas planteadas por el partido de Pablo Casado. El punto de desacuerdo parecía ser el cambio, a futuro, del sistema de elección de los 12 vocales jueces que integran el órgano. Los nombres de los que integrarían el nuevo CGPJ renovado están cerrados hace tiempo y se buscaban "vías de encuentro". Un punto intermedio entre la exigencia de los populares de avenirse a negociar una renovación solo si se cambia el actual modelo de elección y la posición de los socialistas de rechazar cualquier debate a este respecto.
Nadie en el PP ha recogido, sin embargo, el guante, priorizando otras cuestiones. Desencuentro tras desencuentro, el bloqueo continúa a pesar de que ambos son conscientes de que este bloqueo desmedido actúa en contra de las instituciones y perjudica sin remedio la imagen de la Justicia. Si no se resuelve en la actual legislatura, la legitimación de un órgano acusado permanentemente de excesiva politización quedaría completamente dañada. A eso se suman los permanentes mensajes lanzados por Europa, que insiste en la urgencia de resolver la crisis, y la presión de las asociaciones de jueces, más que hartas del sistema y del juego que sin pudor escenifican las dos principales formaciones.
Tampoco se entiende el empecinamiento popular por cambiar una ley que ellos mismos aprobaron. La norma actual lleva el sello del PP y los anteriores líderes del partido, tanto José María Aznar como Mariano Rajoy, renovaron el Consejo —más pronto o más tarde— estando tanto en el Gobierno como en la oposición. "Casado tiene 89 diputados y pretende modificar el sistema como si estuviera en el Gobierno", indica una de las fuentes consultadas.
Plazas sin cubrir
Mientras esto sucede, casi medio centenar de plazas judiciales están ya pendientes de designación. De nada han servido los toques de atención del Supremo, que lleva meses advirtiendo de que la situación es insostenible y perjudica a la ciudadanía. Los nombramientos discrecionales pendientes son, en concreto, 48, de los que 42 corresponden a la jurisdicción ordinaria y seis a la jurisdicción militar. Afectan al TS y a la Audiencia Nacional, pero también a tribunales de todo el territorio nacional. En el Supremo, 12 plazas están ya vacías. La Sala de Gobierno se mostró muy clara ante esta situación: es "insostenible" y va a implicar que se dicten 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas. Más tiempo para resolver las cuestiones de fondo.
En el Supremo, la más afectada es la Sala Tercera con seis vacantes, seguida por la Cuarta, la Primera y la Quinta. En la Audiencia Nacional está por renovarse nada menos que la presidencia, que ahora ocupa José Ramón Navarro, y la dirección de la Sala de lo Penal, que quedó vacante tras el paso de Concepción Espejel al Tribunal Constitucional. Hay también atascos en los nombramientos de cargos de los Tribunales Superiores de Justicia de 14 comunidades autónomas y a ellos se suman otra decena en audiencias provinciales.
La tenue esperanza que animaba la posibilidad de un pacto entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial terminó de apagarse este lunes con el anuncio de las elecciones anticipadas en Castilla y León. Los populares, ocupados en la última etapa en su guerra interna con Isabel Díaz Ayuso, habían ya dejado morir el impulso inicial que marcó el pacto sobre el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran ahora que cualquier posibilidad queda congelada. El PP entra en clave electoral y aparca definitivamente los esfuerzos de acercamiento.