PSOE y Podemos entierran su protocolo de coordinación en el ecuador de la legislatura

El férreo protocolo de funcionamiento parlamentario del que se dotaron PSOE y Unidas Podemos al inicio de la legislatura para coordinar su acción en el Congreso se ha ido flexibilizando en la práctica hasta el punto de convertirse en papel mojado. A medida que avanzan las sesiones se van sumando nuevos incumplimientos de las reglas acordadas, al tiempo que ambos grupos parlamentarios intensifican sus diferencias. La ruptura de voto entre socialistas y morados se ha hecho más habitual y cada vez está más normalizada. El último episodio se registró esta semana, con la votación a trámite de la ley de vivienda impulsada por sindicatos y colectivos antidesahucios y de inquilinos. Los socialistas la rechazaron debido a que está pendiente de tramitar la impulsada por el Gobierno. Sus socios, por su parte, votaron a favor.

En las horas previas hubo discusión entre las direcciones de ambos grupos. Desde el PSOE se trató que los morados no rompiesen el voto o que, al menos, optasen por una abstención. Finalmente, no se llegó a un acuerdo en este sentido, pero los de Podemos sí accedieron a retirar su firma de la proposición de ley, que habían estampado con otros de los socios habituales del Ejecutivo. "Hemos retirado la firma como muestra de nuestro compromiso también con la ley del Gobierno, para no darle ninguna excusa al PSOE para romper el acuerdo", explicaron desde UP, al mismo tiempo que justificaron su voto favorable "por nuestro compromiso con los colectivos de vivienda y su ley". La proposición no contó con los respaldos suficientes para salir adelante y, de haberlo hecho, pondría en jaque la norma aprobada en el Consejo de Ministros.

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Un gesto sin repercusiones legislativas que ha hecho que el nuevo encontronazo entre los socios de Gobierno se haya quedado de puertas hacia adentro. También por unas dinámicas que se van normalizando y dejan atrás otros fuertes choques públicos, como cuando Unidas Podemos rompió las normas del protocolo presentando una enmienda a los actuales presupuestos. El documento de coordinación indica, por ejemplo, en relación con las cuentas, que "los grupos parlamentarios socios no podrán presentar enmiendas sin el acuerdo previo sobre las mismas". Se trataba de una enmienda relacionada con la prohibición de los desahucios, que posteriormente retiraron tras marcar posición propia y utilizarla como herramienta de presión para la negociación de la futura ley de vivienda. "Les falta un poco la madurez para saber que los acuerdos están para cumplirlos", protestaron entonces los socialistas.

En otras leyes del Gobierno se han presentado enmiendas por separado, como en la del ingreso mínimo vital, e incluso proposiciones de ley por parte de Unidas Podemos que no tienen el respaldo previo de los socialistas, como la relativa a la regulación integral del cannabis. Si bien en la mayoría de ocasiones se trata de amenazas que posteriormente no se llegan a consumar, al retirar las iniciativas, sirven también para marcar posición frente a sus socios. Un perfil propio que el socio minoritario está intentando incrementar cuando la legislatura llega a su ecuador, lo que anticipa una cada vez mayor tensión electoral.

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El denominado 'protocolo de funcionamiento, coordinación, desarrollo y funcionamiento del acuerdo de Gobierno de coalición' solo deja margen a la iniciativa propia —siempre previa comunicación a la otra parte— cuando se trata de cuestiones fuera del ámbito del programa de coalición y sin repercusión "en la escena política o en ámbitos sectoriales de la política estatal". Incluso en este último caso, "los socios deberán consultar su posición respectiva y buscar que las mismas no sean contradictorias entre sí", siempre comprometiéndose a "coordinar la comunicación de las mismas".

Su superación en la práctica queda patente tanto en los reiterados incumplimientos como en el hecho de que se han reducido al mínimo las reuniones de la Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo. Se trata del espacio en el que, precisamente, se deben acordar las diferencias en aquellos "casos excepcionales" en los que "los instrumentos previstos en este acuerdo no fueran suficientes para superar una discrepancia" con el objetivo de definir "su alcance y la publicidad que los socios darán a la misma, tanto en sede parlamentaria como ante los medios de comunicación". En las últimas semanas, la única reunión de seguimiento del acuerdo de Gobierno se realizó a petición de Unidas Podemos para dirimir el choque por la reforma laboral, después de que el Gobierno decidiese dar entrada en la negociación con los agentes sociales a los ministerios económicos.

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Entre los puntos plasmados en el protocolo que desde el inicio de la legislatura ya fueron suavizándose están los relativos a las negociaciones internas o a las objeciones entre los socios respecto a determinados proyectos llevados a cabo por ministerios del otro partido. El primero de ellos indica que "los miembros del Gobierno de coalición se comprometerán a la máxima discreción en relación con las negociaciones y acuerdos que se produzcan en el seno del Gobierno y, de manera singular, en la Mesa Permanente y en la Comisión de Seguimiento Parlamentario". El segundo establece que "los ministros respetarán su ámbito competencial propio y antes de ser refrendados por el Consejo de Ministros".

La cultura de la coalición va cogiendo forma, normalizando unas discrepancias de las que se intentó rehuir al entrar en el territorio inexplorado de las coaliciones en el Gobierno. Las desconfianzas mutuas eran notorias y el objetivo de dotarse de un protocolo férreo tenía que ver con la necesidad de rebajar la confrontación de una relación que se preveía conflictiva. "Dos partidos, un Gobierno" era su máxima. Las costuras de la coalición se han ido forzando hasta normalizar una cierta discrepancia en forma de diferenciación de la acción parlamentaria y, con ello, enterrando el protocolo de coordinación entre los socios. De la máxima unidad, a la relación laxa.