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Arabia Saudí y Suiza salvan a Juan Carlos I, pero Reino Unido mantiene la incógnita
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cierre de las diligencias del fiscal bertossa

Arabia Saudí y Suiza salvan a Juan Carlos I, pero Reino Unido mantiene la incógnita

La falta de colaboración de Arabia Saudí ha sido clave para propiciar el cierre de las diligencias abiertas en Suiza sobre las dos fundaciones opacas del Rey emérito que tenían cuentas en bancos helvéticos

Foto: El rey Juan Carlos. (Cordon Press)
El rey Juan Carlos. (Cordon Press)
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El futuro judicial de Juan Carlos I comienza a allanarse después de una larga sucesión de contratiempos, y Suiza y Arabia Saudí han contribuido de forma determinante a abrir el nuevo escenario. La Justicia de un tercer país, Reino Unido, tiene en su mano el desenlace de otro frente judicial del monarca, la demanda por acoso de su examante Corinna Larsen. Pero, con las diligencias de España sobre su fortuna opaca pendientes ya únicamente de que se fije la fecha de cierre, solo el Tribunal Superior de Justicia británico inquieta a Juan Carlos I en estos momentos.

1. Suiza

Toda la información que se conoce sobre las dos fundaciones opacas vinculadas al Rey emérito, Lucum y Zagatka, y el dinero que pasó por ellas para pagar viajes, vuelos privados y utilizar hasta 100.000 euros al mes en efectivo, tiene su origen en la investigación del fiscal del cantón de Ginebra Yves Bertossa, que fue archivada este lunes.

Foto: La fiscal general del Estado, Dolores Delgado. (EFE/Emilio Naranjo)

El representante del Ministerio Público helvético inició las diligencias en agosto de 2018 tras llegar a sus oídos que habían aparecido en España unas grabaciones de Corinna en la que esta aseguraba que Juan Carlos I había utilizado cuentas suizas controladas por testaferros para cobrar 100 millones de dólares de Arabia Saudí por la adjudicación del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas.

Aquellos audios habían provocado en julio de ese mismo año la apertura de una pieza separada del caso Tándem, pero la Fiscalía Anticorrupción solicitó el archivo de las diligencias en tiempo récord al no apreciar indicios de delito. Para Bertossa, las grabaciones representaban todo lo contrario y bloqueó inmediatamente las cuentas de Álvaro de Orleans Borbón, primo del Rey emérito y también su presunto fiduciario, según decía Corinna en los audios. El fiscal suizo reclamó todos los movimientos internos de Lucum (Mirabaud) y Zagatka (Credit Suisse y Lombard Odier) y tomó declaración a Orleans en septiembre de ese año. Pero la causa comenzó a diluirse a partir de ese mismo instante.

Foto: Corinna Larsen, en una imagen de archivo. (Getty)

Las cuentas de las fundaciones revelaron entradas de fondos millonarias de procedencia desconocida o por razones que el primo del monarca no fue capaz de acreditar. También evidenciaron que los dos principales gestores de esas estructuras, el abogado Dante Canonica y el financiero Arturo Fasana, habían estado efectuando viajes a España durante años para entregar en mano a Juan Carlos I grandes sumas de dinero en billetes, así como que se habían producido transferencias a otras fundaciones opacas de titulares no identificados y a una cuenta en Andorra de una sociedad panameña de Josep Cusí, amigo del Rey emérito y armador del Bribón. Otra parte del dinero había sido empleada para pagar vuelos privados por todo el mundo.

Bertossa también comprobó que los 100 millones de dólares de Arabia Saudí habían llegado en 2008 a la cuenta de Lucum y que, en 2012, coincidiendo con el cierre del depósito, Juan Carlos I donó el saldo que quedaba en el banco a Corinna. Esta lo usó para adquirir diferentes propiedades y hacer inversiones.

Foto: EC Diseño.

Pese a la falta de consistencia del testimonio de Álvaro de Orleans, nunca fue imputado. El fiscal desbloqueó las cuentas vinculadas a Juan Carlos I justo después de interrogar a su primo. Centró sus pesquisas en Corinna, Canonica y Fassana, así como en el banco Mirabaud. La investigación sobre Zagatka la dejó a un lado, pese a que era la fundación que había tenido movimientos más recientes. Y en ningún momento se planteó la posibilidad de citar a declarar a Juan Carlos I, ni siquiera en calidad de testigo, pese a que era el principal beneficiario del conglomerado.

Con el foco puesto únicamente en los 100 millones de Arabia Saudí, era cuestión de tiempo que llegara la noticia del archivo del caso. En 2017, Riad anunció que ponía en marcha un plan para repatriar los fondos relacionados con casos de corrupción de su Corona y ciudadanos nacionales que se encontraban bloqueados fuera de sus fronteras. El dinero en esa situación fue cifrado por las autoridades saudíes en unos 800.000 millones de dólares y aproximadamente la mitad estaba guardada en bancos suizos. A esa cifra hay que sumar los depósitos legales de origen saudí alojados en entidades de Ginebra, Zúrich, Basilea y otras plazas financieras del país. Una investigación a fondo de la Fiscalía de Ginebra podría haber tenido consecuencias fatales para la primera industria de Suiza.

Foto: Documento de ingresos bancarios de la Fundación Zagatka. (El Confidencial)

El pasado junio, Bertossa preguntó al Instituto Suizo de Derecho Comparado si consideraba que el Gobierno de Arabia Saudí había malversado fondos públicos por utilizar 100 millones de dólares para efectuar una donación a un rey extranjero. La contestación de ese organismo fue que no estaba en condiciones de ofrecer una respuesta solvente. En octubre, el fiscal hizo la misma pregunta a un abogado libanés. Quería saber si, según la 'sharía', el rey Abdulá pudo cometer un delito con el regalo a Juan Carlos I. Este abogado contestó que, en la cosmovisión saudí, el monarca es la ley, por lo que era metafísicamente imposible, literalmente, que hubiera cometido algún tipo de infracción. Bertossa nunca llegó a enviar una comisión rogatoria a Riad para recabar datos de sus homólogos saudíes. Cerró el caso sin intentar ese trámite.

2. Arabia Saudí

El simple peso financiero de Arabia Saudí actuó como salvavidas de Juan Carlos I en Suiza. El autor de la donación, el rey Abdulá, falleció en 2015, pero ni su sucesor, el rey Salman, ni ningún otro poder del Estado saudí se consideraron perjudicados por la entrega de los 100 millones de dólares. La ausencia de colaboración abocó al cierre de la parte del procedimiento suizo centrada en Lucum.

Foto: Montaje: Enrique Villarino.

En España, la Fiscalía también se ha encontrado las puertas cerradas de Riad. Una de las cuatro diligencias que se instruyen en España sobre la fortuna opaca de Juan Carlos I, la que tiene que ver con el pago de la comisión por el AVE a La Meca, está bloqueada por la nula relación con Arabia Saudí en materia judicial. Las diligencias han permitido acreditar que el consorcio de empresas españolas que se adjudicó la infraestructura en 2011 contrató a la consultora iraní Shahpari Zanganeh para encauzar el proyecto. A cambio, el consorcio pactó retribuirla con unos 95 millones de euros. Anticorrupción pretendía averiguar dónde había terminado ese dinero pero, sin la ayuda de las autoridades saudíes, es imposible llegar hasta el último eslabón de la cadena. Solo ellas tienen información de las empresas locales que actuaron como supuestos proveedores de Zanganeh en sus gestiones para impulsar la obra.

Los detalles de la adjudicación del AVE también revelaron que las empresas españolas pagaron, contra toda lógica comercial, una comisión de 120 millones de euros a una constructora saudí llamada Al Soula que formaba parte del propio consorcio. Esa compañía estaba controlada por un miembro de la familia real saudí, el príncipe Abdelaziz Bin Mishal, hermanastro del rey Salman, que ya fue investigado en Reino Unido por el blanqueo de comisiones ilegales. La Fiscalía también sospecha que ese pago de 120 millones, pactado antes del concurso de la infraestructura, fue en realidad un soborno para condicionar el resultado y que podría tener relación con el dinero transferido a Juan Carlos I. Sin embargo, las probabilidades de que la Corona saudí delate a uno de sus príncipes son nulas.

3. Reino Unido

A pesar de que todo parece venir al rescate del emérito, Juan Carlos I aún no ha apagado todos los fuegos. Su examante se ha convertido en su principal foco de preocupación después de que esta se decidiera por judicializar, en Reino Unido, hechos que venía denunciando de forma pública desde hacía meses: que fue objeto de acoso y amenazas para acallarla y que en esa campaña de presión destinada a “atemorizarla” participó de forma directa el padre de Felipe VI.

Los interrogantes de la vía judicial británica de la demanda contra el Rey emérito

La denuncia, que ya ha dado sus primeros pasos con la celebración de una audiencia previa en el Tribunal Superior de Justicia de Londres, atañe al Rey en primera persona, en un momento en que ha perdido la calidad de jefe de Estado e incluso la relativa protección con que contaba por su arraigo en el país donde reinó durante 40 años. Es dudoso que la protección de la inviolabilidad que le ha servido de escudo llegue tan lejos.

Consciente de ello, Juan Carlos I ha tratado de resaltar en sus alegaciones previas que su blindaje le hace ‘intocable’. Indicó al tribunal londinense que la legislación española le otorgó la condición de inviolable hasta 2014, por lo que no puede ser enjuiciado por ningún hecho cometido antes de ese año en ninguna parte del mundo, y puso de manifiesto que ni es británico ni residente y que, por ello, la hipotética competencia para instruir estos hechos correspondería a España.

Foto: El rey Juan Carlos en una imagen de archivo. (Getty/Carlos Álvarez)

Corinna sitúa el inicio de estas presiones en 2012, cuando salió a la luz su relación después del viaje que realizaron juntos a Botsuana. Vinieron impulsadas por el temor de que revele “secretos de Estado” que le acusan de tener en su poder. La ex del Rey implica también en los hechos al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el general Félix Sanz Roldán.

Antes de formalizar la denuncia, Larsen aportó las pruebas que dice poseer a un notario. Adjuntó a una declaración jurada una serie de SMS intercambiados con el Rey emérito, cuyo número de teléfono guarda en su lista de contactos como 'John Smith', y una serie de correos electrónicos remitidos al exjefe de los servicios secretos que, según asegura, contienen amenazas.

Foto: Juan Carlos I saluda al sultán de Omán Qaabos Bin Said. (Casa Real)

Pero no todo queda ahí, a lo largo de las 29 páginas que ocupa la demanda interpuesta contra Juan Carlos I también se refiere a los movimientos económicos sospechosos en los que el fiscal suizo, sin poner nombre al inductor, ve “ocultación”. Larsen, que asegura que Juan Carlos le donó el dinero que quedaba en Lucum, unos 65 millones de euros, como un regalo de amor, deja caer que fue el emérito quien instruyó a Canonica para redactar los documentos necesarios para efectuar una donación 'inter vivos' irrevocable que se ejecutó entre el 12 y 21 de junio.

Mientras esto sucede, la Fiscalía española apura los últimos días de unas diligencias que iniciaron su agonía hace meses y que han recibido con el paso atrás de Bertossa el último empujón para quedar cerradas. La decisión del departamento que dirige Dolores Delgado de archivar está ya tomada por la siempe presente inviolabilidad, la prescripción de determinados hechos y las regularizaciones tributarias voluntarias que ha llevado a cabo en el último año y que suman pagos cercanos a los cinco millones de euros.

El futuro judicial de Juan Carlos I comienza a allanarse después de una larga sucesión de contratiempos, y Suiza y Arabia Saudí han contribuido de forma determinante a abrir el nuevo escenario. La Justicia de un tercer país, Reino Unido, tiene en su mano el desenlace de otro frente judicial del monarca, la demanda por acoso de su examante Corinna Larsen. Pero, con las diligencias de España sobre su fortuna opaca pendientes ya únicamente de que se fije la fecha de cierre, solo el Tribunal Superior de Justicia británico inquieta a Juan Carlos I en estos momentos.

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