La CAM logra aplazar el fallo de los 289 M que le reclama OHLA por el tren de Navalcarnero

La Comunidad de Madrid ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspenda la deliberación y el fallo del recurso planteado por la constructora OHLA -antigua OHL- para reclamar a la administración regional el pago de 289 millones de euros por las obras que efectuó en la línea de Cercanías Móstoles-Navalcarnero antes de que el proyecto fuera paralizado en 2010. La compañía concesionaria ha recurrido el aplazamiento alegando que la medida le genera una evidente “indefensión” y que no concurre ningún motivo que la justifique.

La votación de la sentencia estaba fijada para este miércoles 15 de diciembre, pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha logrado posponerla. El Ejecutivo madrileño gana de este modo tiempo para tratar de alcanzar una solución pactada con OHLA. Como avanzó este diario, el Consejo de Gobierno autonómico acordó el pasado 1 de diciembre abonar a la compañía que se adjudicó en 2007 la construcción del nuevo tren Móstoles-Navalcarero un total 162,4 millones por el dinero que desembolsó en la ejecución de la obra.

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De esa cantidad, 123.389.692 euros corresponden a la “totalidad de las inversiones realizadas en ejecución del contrato de concesión de la redacción del proyecto, construcción y explotación” del Cercanías y los otros 39.106.081 euros son “correspondientes a los intereses de demora”, calculados teniendo en cuenta que el abono no se produzca más tarde de este próximo 31 de diciembre.

Tras el acuerdo del Consejo de Gobierno, los letrados de la Comunidad de Madrid solicitaron al TSJM que aplazara la deliberación prevista para esta semana alegando, según su escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, que la oferta de 162,4 millones de euros constituye un hecho nuevo que modifica el procedimiento y que, además, podría servir para que desaparezca la “controversia” si es finalmente aceptada por OHLA. Por ello, el Ejecutivo regional pidió que se suspendiera la “fecha de votación y deliberación” de la demanda de la constructora hasta que se dicte la resolución administrativa que confirmará el importe propuesto para saldar la deuda.

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La Sala de lo Contencioso del TSJM accedió a la pretensión de la Comunidad de Madrid el pasado viernes de 10 de diciembre al considerar que la resolución pendiente afecta “sin duda al fondo de lo que aquí se enjuicia”, por lo que “hace necesario esperar a que sea dictada para la correcta resolución de este proceso”, según el tribunal.

Sin embargo, OHLA, que reclama una cantidad muy superior a la que oferta la administración regional, ha recurrido la suspensión de la votación y fallo. Por un lado, denuncia que no se tuvo en cuenta su posición para acordar el aplazamiento de la deliberación, privándole de la posibilidad de presentar alegaciones, por lo que habría sufrido una clara “indefensión”. Asimismo, la constructora señala en su recurso contra el retraso del fallo que esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta un elemento “extraprocesal” que, al contrario de lo que sostiene la Comunidad de Madrid y el tribunal, no tiene ninguna relación con el objeto del litigio.

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Según OHLA, no hay ninguna norma legal que ampare el aplazamiento. “La cuestión es que esa Resolución administrativa [de la Comunidad de Madrid] posible y futura, cualquiera que sea su contenido, en nada afecta a la decisión del procedimiento judicial”, expone la recurrente. “Nuestra pretensión, desde el plano cuantitativo, supera los 289 millones de euros. La demandada plantea un gasto que apenas supera los 162 millones. La diferencia de criterio parece evidente. Y el órgano judicial ha de proceder a resolver la controversia”.

La línea fue adjudicada por Esperanza Aguirre a OHL en 2007 por un importe de 396,6 millones de euros. Además de la construcción, el precio incluía su gestión y mantenimiento durante 20 años. La primera piedra fue colocada en febrero de 2008 y el plazo de entrega estaba fijado en 28 meses. Se preveía que el cercanías diera servicio a más de 225.000 vecinos de poblaciones del suroeste de la comunidad. Sin embargo, el estallido de la crisis económica y la continua dilación del pago de 60 millones de euros que Móstoles tenía que hacer a la concesionaria provocaron que esta se viera obligada a paralizar las obras.

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En 2016, el Ejecutivo de Cristina Cifuentes decidió resolver unilateralmente la adjudicación de la línea ferroviaria por un supuesto incumplimiento en los plazos de ejecución de las obras y acudió a la Justicia para exigir a la compañía que entonces presidía Juan Miguel Villar Mir una indemnización de 355 millones de euros.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbó la demanda de la Administración autonómica en diciembre de 2020 al concluir que, cuando el Gobierno de Cifuentes dio ese paso, la filial de OHL que se adjudicó el proyecto en 2007, Cemonasa, ya se encontraba inmersa en la fase de liquidación de concurso de acreedores, una situación que conlleva automáticamente la resolución de todos los contratos que tenga en vigor la sociedad afectada. La estrategia de la Administración regional para sortear la deuda millonaria por ese proyecto fallido se vino abajo como un castillo de naipes.