El juez del caso Villarejo recibe las pruebas de pagos para comprar el silencio de un preso

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ya tiene en su poder las pruebas de dos pagos de 500.000 dólares cada uno que realizó el naviero Ángel Pérez Maura, presuntamente para comprar el silencio de uno de sus trabajadores encarcelado en Guatemala. Los envíos los hizo en 2018 a una sociedad instrumental creada por la mujer del recluso en Bulgaria. Este país ha remitido ahora a la Audiencia Nacional la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Estas pesquisas forman parte de la Pieza 4 del caso Villarejo. Tiene que ver con el llamado proyecto Pit. El encargo al comisario tenía el objetivo de salvar al empresario naviero Pérez Maura de ser extraditado a Guatemala por sobornar funcionarios públicos. Para ello, pactó pagarle 10 millones de euros al polémico mando para que usase sus influencias. Villarejo ponía en valor sus contactos con el exjuez Baltasar Garzón y la entonces fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado.

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Con el mismo objetivo, el empresario naviero autorizó conversaciones con el yerno del expresidente del Gobierno, Felipe González, según consta en un extenso informe reciente elaborado por la Policía Nacional al que ha tenido acceso este periódico. Una de las principales preocupaciones de la trama era que el preso en Guatemala tirase de la manta. Su nombre es Juan José Suárez Messeguer, aunque le apodaban 'el hippy'. Preso en una cárcel guatemalteca desde abril de 2016, les exigía mucho más que pagarle un abogado.

"Lo único que quiere es pasta"

"Yo necesito ya una respuesta a mi planteamiento, porque de ello depende mi tranquilidad y decisiones importantes que tengo que tomar y que por el contexto no pueden esperar", le dijo por carta el preso a Pérez Maura en noviembre de 2016, según el último informe policial sobre conversaciones de los investigados incorporadas al caso. Tanto el empresario naviero como su entorno interpretaron estas palabras como que Suárez Messeguer lo que les estaba pidiendo era dinero: "Claramente, lo único que quiere es pasta big time".

Según la documentación remitida por Bulgaria, la mujer del preso, María Alejandra Ochoa, constituyó en mayo de 2018 una sociedad en Sofía llamada Altima BG EOOD. Era una sociedad unipersonal con responsabilidad limitada que entre sus actividades decía dedicarse a "fabricación y venta de todo tipo de mercancías", "consultoría e intermediación", "distribución de ingeniería", así como "cualquier otra actividad no prohibida por la ley".

Ella, mujer mexicana de 55 años en ese momento, era la única propietaria del capital social inicial que era de apenas 10 lev bulgaros (5 euros). Hizo la aportación de manera "monetaria y en efectivo". La sede de su sociedad estaba en una oficina de la sexta planta de un edificio ubicado en el número 11 de la calle Arenalski. Altima abrió una cuenta corriente en una oficina del banco Tokuda el 30 de mayo de 2018 y la cerró dos años después, en plena pandemia.

En la documentación remitida figuran los movimientos bancarios de la cuenta. Consta un ingreso ordenado por Ángel Pérez Maura de 500.000 dólares el 6 de junio de 2018, apenas unas semanas después de constituirse la sociedad. Desde esa cuenta a nombre de Altima salió el medio millón de dólares a una cuenta de la mujer del preso. De nuevo, el 20 de septiembre de ese año, Pérez Maura ingresó otro medio millón de dólares.