Los 1,9 millones que destaparon Tándem: un castillo en Uruguay y sociedades panameñas

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha reconstruido el pago de 1,9 millones de euros a Villarejo por el proyecto King, el encargo que provocó la apertura del caso Tándem y que constituye la pieza principal de este procedimiento. Los agentes han concluido que el comisario utilizó cuatro sociedades instrumentales para ocultar el dinero en bancos de Panamá, Reino Unido y Uruguay, y que al menos 440.953 euros terminaron finalmente en una de sus empresas en España, Cenyt Consultoría Organizacional.

El grueso de las transferencias se produjo en 2012 y están relacionadas con una operación de espionaje a Gabriel Mbega Obiang Lima, ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial e hijo del dictador del país, Teodoro Obiang. En esa época, Gabriel era uno de los mejor posicionados para suceder a su padre en el cargo. Otro de los vástagos de Obiang, Teodoro Obiang Jr., habría recurrido presuntamente al principal testaferro de Guinea Ecuatorial en España, el empresario Francisco Menéndez, para encargarle a Villarejo una investigación sobre su hermano que el policía bautizó con el nombre de proyecto King.

La Audiencia Nacional envió en 2017 comisiones rogatorias a Suiza, Panamá, Reino Unido, República Dominica e Islas Marshall para documentar los fondos que recibió Villarejo por ese trabajo. La información ha llegado a España en los últimos meses y Asuntos Internos ha condensado las principales conclusiones en un informe de 43 páginas que remitió el pasado 3 de diciembre al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso El Confidencial.

El primer pago del proyecto King se produjo el 24 de abril de 2012. La petrolera estatal de Guinea Ecuatorial, Gepetrol, envió 5.299.995 euros desde ese país a una cuenta del banco suizo CBH controlada por la sociedad Boway Holdings Limited, de Islas Vírgenes. Detrás de esta última mercantil se encontraba Menéndez. Este utilizó esos fondos para realizar posteriormente varios pagos a sociedades instrumentales de Villarejo por un importe total de 1.925.000 euros. En torno a 1,6 millones de euros los envió directamente desde Boway Holdings Limited. El resto pasó previamente por otra sociedad 'offshore' de Gibraltar, Falconara, también controlada por Menéndez.

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Según Asuntos Internos, Villarejo recibió el dinero del proyecto King en las siguientes semanas. En concreto, 505.000 euros entraron en una cuenta de Panamá abierta a nombre de la sociedad instrumental del mismo país Participaciones Marvila SA o Microspermum. Otros 485.000 euros llegaron a una cuenta de la misma sociedad en el banco BBVA Uruguay. También ingresó 435.000 euros en una cuenta del HSBC en Londres de la mercantil Financiera Uruplan SA y 250.000 euros en un depósito de Panamá de la sociedad Stanstead Advisors Corps. Finalmente, también recibió en un banco de ese país 250.000 euros a través de la instrumental Dry Town.

De la documentación remitida por esos países se desprende que unos 678.125 dólares relacionados con el proyecto King y procedentes de Boway Holdings Limited se encuentran en la actualidad bloqueados en un banco de Panamá. Asimismo, el comisario empleó presuntamente 738.028 dólares para comprar un palacete en Montevideo, un inmueble conocido como el Castillo Idiarte Borda, así como un segundo inmueble en la misma ciudad por otros 250.000 dólares. Y, finalmente, según los investigadores, 440.953 euros del trabajo abonado por Gepetrol fueron introducidos por el comisario en España a través de Cenyt Consultoría Organizacional, una de las sociedades que formaban parte de su grupo empresarial.

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Estos pagos fueron decisivos para el inicio de la investigación de la Audiencia Nacional sobre los negocios del comisario. En 2017, Menéndez entregó documentación de las transferencias a un antiguo agente del CNI, David R. Vidal, que le prometió a cambio ayuda para solucionar los problemas que tenía el empresario en ese momento con Hacienda. Posteriormente, Vidal utilizó esa información para enviar a la Fiscalía Anticorrupción una supuesta denuncia anónima que sirvió para justificar el comienzo de las diligencias contra el policía y detenerlo finalmente en noviembre de 2017.

La Fiscalía logró posteriormente que la denuncia de Vidal fuera ratificada por Menéndez, al que en ámbitos judiciales se conoce con el sobrenombre de pagafantas. Vidal ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo pese a su papel en el origen del procedimiento. Además, el pasado junio, Anticorrupción decidió solicitar únicamente seis meses de prisión para Menéndez en una de las piezas del caso, la número 1, en la que se investigan presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, argumentando que las pruebas que había proporcionado “han contribuido de forma extraordinariamente eficaz a la averiguación de los hechos objeto de investigación”.