Contreras se reunió en marzo con Calviño en pleno cambio de la ley audiovisual

Las frecuentes visitas del consejero del Grupo Prisa Miguel Barroso y el productor José Miguel Contreras a Moncloa, destapadas por este periódico, para reunirse con el presidente del Gobierno han abierto las puertas a los Migueles a otros miembros del Gobierno. El Confidencial ha podido saber que el pasado mes de marzo Contreras mantuvo un encuentro con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la sede del Ministerio de Economía concertada tras la llamada del ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Esta reunión, confirmada por fuentes de Economía, fue cerrada a través de una llamada de Bolaños a Calviño el 27 de febrero. El ahora 'hombre para todo' del presidente también se encargó de coordinar las idas y venidas de Barroso y Contreras al Palacio. Bolaños era en aquel momento el responsable de medios operativos y logísticos del Palacio. Toda esta actividad quedaba reflejada en la llamada agenda no oficial de Moncloa, como ha informado este diario, que custodia el ministro de Presidencia.

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Según han manifestado funcionarios del ministerio que dirige Calviño, la reunión con Contreras, a petición de Presidencia, coincidió con el cambio en el anteproyecto de la ley audiovisual, que en estos momentos se encuentra en tramitación parlamentaria, y antes del lanzamiento del Plan Hub Audiovisual. Este último es un tema muy sensible para el sector porque se financia precisamente con los fondos europeos Next Generation. Sánchez lo presentó el 24 de marzo con el propósito de convertir a España en el “Hollywood de Europa”.

Funcionarios de este departamento aseguran que se introdujeron cambios en el documento en el que se llevaba trabajando desde hace meses tanto en la ley como en la estrategia del Hub Audiovisual. Estas modificaciones irían en la línea que ha creado un fuerte malestar en el sector audiovisual y que, según se desprende del anteproyecto presentado este mes, beneficia a los grupos de comunicación internacionales en detrimento de los españoles. El Grupo Prisa, del que es consejero Barroso, está participado concretamente por el francés Vivendi propietario de Universal Music Group, Canal + o Editis.

Contreras ha confirmado la citada reunión, pero asegura que fue desde el gabinete de Economía donde se contactó con él dentro de la ronda que estaba haciendo con personas vinculadas al sector audiovisual. El productor niega que se abordase ningún aspecto de la ley y precisa que él en ningún momento pidió cambio legislativo alguno. Aclara que le llamaron en calidad de catedrático de Comunicación Audiovisual y que explicó tanto a Calviño como al secretario de Estado de Comunicación cómo veía él este sector. Habló durante unos 40 minutos en los que expuso el contenido que imparte desde hace años en diversos foros en su condición de especialista en medios audiovisuales. Se disculpó ante la vicepresidenta por el “rollo” que había soltado y se marchó.

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El 29 de junio, dos meses después del encuentro, Economía sometió a una nueva audiencia pública el anteproyecto de ley audiovisual con las variaciones respecto a diciembre. Una de ellas establecía “que la financiación de RTVE se realice con aportaciones de todos los agentes presentes en el mercado audiovisual que compiten por la misma audiencia: televisión lineal en abierto, televisión lineal de pago, prestadores de vídeo bajo demanda y plataformas de intercambio de vídeos. Deberán realizar la aportación tanto aquellos prestadores que estén establecidos en España como los que estén en otro país de la Unión Europea, siempre que ofrezcan sus servicios en España”. Este punto sublevó a Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca), que denunció que los nacionales tenían que aportar un 3% y las plataformas y grupos internacionales solo un 1,5 por ciento.

En el sector audiovisual ha causado gran impacto las “asiduas” visitas de los Migueles al presidente del Gobierno. Casi una por mes identificadas por El Confidencial, pero puede haber más. Empresarios han confirmado que en reuniones con inversores Barroso y Contreras las habían relatado, así como la que hoy desvelamos con la vicepresidenta Calviño. Tras las informaciones publicadas en los círculos empresariales, se ha puesto a circular la idea de que “Barroso y Contreras quieren tener todo el control y por eso Redondo tenía que pasar a ser ministro y no tocar bola. Él les frenaba en seco”. También relatan una posible operación en la que Vivendi, que tiene parte del Grupo Prisa, intentase comprar el grupo Atresmedia y hacerse con el control de La Sexta, cadena que fundó Contreras y de donde salió en 2015.

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Pero la polémica sobre el trato de favor a los extranjeros se ha avivado con la negociación de los presupuestos. Sánchez se comprometió con ERC a que se impondría a las plataformas como Netflix o HBO una cuota del 6% de producción en lenguas como el catalán, el galleo o el euskera. A cambio, los republicanos apoyarían los presupuestos y el presidente se garantizaría poder acabar la legislatura gracias a la estabilidad en el Congreso que le proporcionarían sus socios. El acuerdo estalló cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la ley audiovisual la pasada semana y ERC se percató de que el “peaje” del 6% no afecta ni a Netflix ni a HBO ni a los internacionales.

Calviño justificó que el Gobierno no puede forzar a las multinacionales a que tengan una cuota de producción y difusión en las lenguas cooficiales. Ante lo que consideran un “nuevo ataque”, Uteca volvió a publicar un comunicado en el que habla de una “clara desventaja competitiva” que deja en “riesgo de desaparecer” a algunas televisiones. Aseguran, además, que esta “estricta regulación en cuotas de catálogo en lenguas cooficiales” al margen del castellano se ha introducido en el proyecto, impulsado por el Ministerio de Economía, “sin consultar a los sectores afectados”. A su juicio, que se hayan introducido requisitos solo para las españolas es una "clara demostración del trato de favor del Gobierno hacia las multinacionales extranjeras" que ofrecen sus servicios en España, pero tienen su sede fuera “pues es perfectamente consciente de que no puede obligarlas a cumplirlo”. En este punto, los empresarios del sector audiovisual esperan que haya cambios en el trámite parlamentario de la ley. ERC sigue negociando en privado con el Gobierno bajo la amenaza de retirarle su apoyo si bien a la luz de lo publicado todo es cuestión de quien visite cada despacho.