Juan Carlos I reivindica que aún pertenece a la Casa del Rey para defenderse de Corinna

La corte número 13 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia Británico acoge hasta este martes la audiencia o vista previa de la demanda interpuesta por Corinna Larsen contra el rey Juan Carlos y el Centro Nacional de Inteligencia por el supuesto acoso continuado al que la habrían sometido desde 2012. Los abogados del Rey emérito niegan las acusaciones, pero han planteado un recurso para solicitar que la denuncia ni siquiera sea estudiada por el juez asignado al caso, Matthew Nicklin, apelando a la inmunidad de la que supuestamente sigue gozando el monarca. Para reforzar ese argumento, alegan que Juan Carlos I sigue formando parte de la Casa del Rey, a pesar de que no tienen agenda oficial desde 2019 y su hijo Felipe VI le retiró la asignación presupuestaria en marzo de 2020.

En primer lugar, el recurso presentado por los abogados de Juan Carlos I, al que ha tenido acceso El Confidencial, recuerda que el demandado tiene nacionalidad española y la demandante es una ciudadana danesa que reside desde 2008 en Mónaco, así como que gran parte de los episodios de acoso y espionaje que figuran en la denuncia habrían ocurrido en Suiza, Abu Dabi, Austria, Los Ángeles, Tahiti, Riad, Bahamas y en un avión que volaba de Londres a Nueva York. “No hay nexos territoriales evidentes con Inglaterra y Gales […]. También hay muchas situaciones sobre las que no da ninguna localización”, aseguran los letrados contratados por el monarca del despacho Clifford Chance, uno de los más caros del mundo.

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Esa supuesta falta de vinculación con el Reino Unido es uno de los puntos que ha esgrimido en la vista previa a su defensa para tratar de tumbar la demanda, como adelantó este diario. Además, los abogados del ex jefe del Estado también han denunciado la ausencia de imputaciones concretas al Rey emérito. “La base de la atribución a Su Majestad de la conducta denunciada no se especifica”, señala el documento. Según el recurso, el acoso y el espionaje se atribuyen en ocasiones a Juan Carlos I, pero otras veces al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán o a “agentes del Estado Español y/o sus proveedores”.

Con todo, los elementos más contundentes que esgrimen los abogados del Rey emérito tienen que ver con su supuesta inmunidad ante cualquier tipo de procedimiento civil o penal, como también desveló El Confidencial. En ese sentido, el recurso recuerda que, desde 1978, está en vigor en Reino Unido la Ley de Inmunidad Estatal o SIA, por sus siglas en inglés (State Immunity Act), que impide juzgar en ese territorio a terceros Estados. “Dado el estatus único de los miembros soberanos y superiores de la Familia Real en una monarquía como la del Reino Unido (y la de España), no puede haber duda de que Su Majestad presuntamente se inscribe en el marco legal de 'el Estado”.

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El recurso del monarca se refiere, en concreto, a dos puntos de la SIA que desplegarían una inmunidad completa sobre cualquier acto que se le atribuya, incluso en la actualidad. Por un lado, su defensa menciona el artículo 14, que protege “los actos de carácter público mientras se es jefe del Estado”. Y, por otro, indica que el artículo 20 reconoce la inmunidad de "los actos públicos y privados de un soberano" o de "miembros de la familia de un soberano que formen parte de la institución". Para su defensa, esos dos puntos, aplicados subsidiariamente, deberían llevar al juez Nicklin a decretar el archivo inmediato de la denuncia.

Así, según el escrito, el artículo 14 cubriría todos los hechos que hubiera podido cometer hasta su abdicación en junio de 2014. En cuanto al 20, le protegería si las infracciones se hubieran registrado después de esa fecha o hubieran tenido relación con su conducta privada. En estos últimos supuestos, mantendría su condición de inviolable porque, según su defensa, ha seguido siendo miembro hasta la fecha de la Casa del Rey y su condición de "soberano" es indiscutible, desde el momento en el que sigue teniendo un rol casi equiparable al de Felipe VI y, tras su abdicación, se aprobó un decreto para conferirle un estatus especial, plantea el recurso.

En este punto, el escrito se adentra en la actual relación de Juan Carlos I con Felipe VI. Pese a que el Rey emérito desapareció de la vida pública en 2019 y el actual jefe del Estado le retiró la asignación económica que recibía de Zarzuela en marzo de 2020, tras difundirse la existencia de la Fundación Lucum, los abogados de Clifford Chance sostienen que su cliente continúa formando parte de la Casa del Rey y que, por tanto, puede acogerse al artículo 20 de la SIA. "Es evidente que Su Majestad es un miembro de la familia del rey Felipe VI que forma parte de la institución y que por este motivo tiene derecho a la inmunidad", arguyen. "Su Majestad es indiscutiblemente un miembro de la acepción más estricta del concepto de Familia Real, que está compuesta por el Rey Felipe VI, la Reina Leticia [sic], las dos hijas del Rey, Su Majestad [Juan Carlos I] y la Reina Sofía".

Para insistir en esa idea, el recurso señala que las hermanas de Felipe VI formaban parte de la Casa del Rey hasta 2014, pero, tras la abdicación y el ascenso al trono del nuevo monarca, desaparecieron de la página web oficial de la institución. Por contra, Juan Carlos I ha seguido apareciendo en esa plataforma hasta la actualidad.

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La situación, según el recurso, es similar a la que rige para los soberanos británicos en su propio territorio, una circunstancia que “ha sido reconocida y respetada en consecuencia con respecto a los soberanos y miembros cercanos de las Familias Reales de otras monarquías”. “Es la piedra angular de los largamente asumidos principios de inmunidad soberana. En el caso de España, esta apreciación se refleja en un compromiso que se remonta a más de 400 años, firmado por los antepasados de Su Majestad la Reina Isabel y Su Majestad, el denunciado en este procedimiento, el Tratado de Paz y Amistad de Utrecht de 1713”, expone la defensa del monarca. “Por estas razones, el tribunal debe concluir que Su Majestad tiene derecho a inmunidad de la jurisdicción de los tribunales ingleses y consecuentemente, el tribunal no tiene jurisdicción para conocer la demanda contra Su Majestad”.

El abogado de Corinna, James Lewis, con una amplia experiencia en procedimientos de este calado, ha rechazado las alegaciones de Juan Carlos I. La antigua amante del monarca presentó la demanda en diciembre de 2020. Afirma que el Rey emérito y el CNI la presionaron y vigilaron ilegalmente, y que llegaron a amenazarla de muerte en un hotel de Londres. Según su relato, la situación comenzó a ser insostenible cuando se negó a devolverle a Juan Carlos I los 65 millones de euros que este le había donado previamente en 2012.

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La situación se habría prolongado al menos hasta 2019, cinco años después de que el Rey cediera el trono a su hijo y perdiera la condición de inviolable que le otorgaba la Constitución. Asimismo, la mayoría de los episodios de acoso tuvieron lugar en Inglaterra, por lo que Corinna sostiene la Justicia británica es perfectamente competente para pronunciarse sobre su reclamación. Ni la SIA ni ninguna otra norma de Reino Unido impiden que su antigua pareja sea condenada por el Tribunal Superior de Justicia Británico.

El litigio se encuentra en la vía civil. Corinna reclama a Juan Carlos I una indemnización y que se le imponga una orden de alejamiento de al menos 150 metros, y se reserva la posibilidad de denunciar en el futuro los mismos abusos por la vía penal. El juez se pronunciará en los próximos días sobre los argumentos de las partes. En el caso de que determine que es competente para estudiar la demanda de Corinna, el proceso seguirá adelante con una nueva confrontación de posiciones aunque, en esa ocasión, entrando ya en el fondo de los hechos denunciados.