Cómo 'colar' una firma falsa para cobrar una pensión del BdE: crónica de una estafa

La historia de los F. recuerda a las películas de los domingos por la tarde: un enfermo en estado terminal, un plan de pensiones de 110.000 euros y un supuesto cambio de beneficiario que deja a su exmujer y a su hija con las manos vacías en el último momento. La pareja sentimental que cuida al moribundo se queda el papel de estafadora y, como personajes secundarios, los responsables del plan de pensiones del Banco de España a los que consigue 'colar' una firma falsa.

El engaño arranca el 24 de abril de 2014 en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. F.F.N., extrabajador del Banco de España con un plan de pensiones valorado en 110.000 euros, agoniza sin haber dejado testamento. Su pareja sabe que es cuestión de horas que fallezca e idea un plan para quedarse con el dinero: el primer paso consiste en pedir a la comisión de control del plan de pensiones del Banco de España un impreso de modificación de beneficiarios. El segundo, falsificar su firma y enviarlo de vuelta.

F.F.N. muere el 25 de abril a las 9:55. Cinco días después, la comisión de control registra el cambio de beneficiario: los 110.000 euros ahora le pertenecen a ella.

La exmujer y la hija de del fallecido no tardan en sospechar de la maniobra y, el 22 de mayo de 2014, envían un burofax tanto a la comisión de control como a Ibercaja Pensión, entidad que gestiona el plan de pensiones de sus trabajadores. Piden dos cosas: que se les traslade el expediente completo para "comprobar la legalidad del cambio de beneficiario" y que, hasta nuevo aviso, se "abstenga de autorizar la transferencia". Ninguna de sus peticiones es atendida.

"Muy señora mía", arranca el presidente de la Comisión de Control del Plan y del Fondo de Pensiones del Banco de España en su respuesta del 30 de mayo. A partir de ahí, una negativa tras otra: no puede facilitar el expediente porque está "sujeto a la normativa de protección de datos", no puede frenar el abono porque "corresponde reglamentariamente" a Ibercaja y no puede "valorar sus argumentos" porque se trata de "circunstancias que corresponde dilucidar en otras instancias".

Las herederas no se dan por vencidas y el 12 de junio envían un documento con la letra y firma del fallecido para que lo comparen con el impreso de modificación de beneficiario, pero no surte efecto. Un mes después, presentan una querella contra la mujer que se ha apropiado del dinero.

El Banco de España e Ibercaja

A preguntas de El Confidencial, tanto Ibercaja como la Comisión de Control del Plan y del Fondo de Pensiones del Banco de España (FONDEBE) subrayan este último punto: "Ni la Comisión de Control ni la Gestora han sido parte del procedimiento judicial". Ellos niegan una falta de diligencia en su actuación y, en lo que se refiere a FONDEBE, insisten en que "corresponde a Ibercaja, como entidad gestora del fondo, conocer y resolver sobre el reconocimiento o denegación del derecho a la prestación".

Para desmarcar a la máxima autoridad bancaria de España, aseguran además que la Comisión de Control "no es un órgano del Banco de España", sino que solo "representa a los empleados y beneficiarios del fondo y no toma ninguna decisión sobre la gestión".

Ambas entidades apuntan también a que, en diciembre de 2014, con la querella ya presentada, se llevó a cabo un examen de la firma: "La gestora solicitó, con carácter previo al abono de la prestación, un peritaje caligráfico externo e independiente que confirmó la autenticidad de la firma contenida en el último documento de cambio de beneficiarios recibido". Pero ante los tribunales, esa "autenticidad" de la firma ya ha quedado desmontada.

La condena por estafa

El 18 de junio de 2020, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a la pareja de F.F.N. a cuatro años de prisión por falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa. Según se explica bajo el epígrafe de hechos probados, no solo había presentado una firma falsa para apropiarse de los 110.000 euros, sino que tras su muerte, también había procedido a "efectuar dos reintegros, por importe de 600 euros cada uno, con la tarjeta de crédito de la cuenta corriente del finado (...) para su propio beneficio".

La condena incluía una multa de 1.800 euros y la obligación de indemnizar a la hija y exmujer del fallecido en 111.200 euros. Los magistrados confirmaban así la estafa, pero según explican las herederas de F.F.N. a El Confidencial, ese dinero sigue sin llegar a día de hoy: la condenada asegura no disponer del mismo y, en lo que se refiere a Ibercaja y el Banco de España, se desentienden de lo ocurrido.

Este segundo problema se refleja en la página 17 de la sentencia, donde se responde a su petición de ser restituidas como beneficiarias del plan de pensiones porque "la Comisión de Control no efectuó ninguna comprobación de autenticidad de la firma". Los magistrados no niegan este hecho, pero argumentan que "tal solicitud no puede ser acogida por cuanto se pretende la nulidad del indicado documento con base en una pretendida falta de diligencia (...) sin que dicha institución haya sido llamada al proceso". En otras palabras: no cabe responsabilizar a la Comisión de Control porque el Banco de España no pudo "articular la defensa de sus intereses" durante el juicio.

Más burofax al Banco de España

Pero con la sentencia ya bajo el brazo, la hija y exmujer de F.F.N. volvieron a la carga contra Ibercaja y el Banco de España. "Nos dirigimos a usted como máximo responsable del Banco de España para poner en su conocimiento los graves daños que nos ha causado la actuación de la Comisión de Control el Plan de Pensiones", escribieron al gobernador de la institución el 6 de julio de 2020. En total, tres páginas con un claro mensaje: "Somos y siempre hemos sido las legítimas beneficiarias".

La respuesta llegó cuatro meses después, el 30 de noviembre de 2020. Una vez más, la carta va firmada por el presidente de la Comisión de Control: "Procede reiterar (...) que no corresponde a la Comisión de Control resolver sobre el reconocimiento o denegación del derecho a la prestación". "La Comisión de Control se limitó a trasladar a la entidad gestora del plan toda la documentación recibida (...), a fin de que esta llevara a cabo las comprobaciones pertinentes y resolviese". "También las comunicaciones y documentación que usted remitió (...) exponiendo sus sospechas sobre la autenticidad del documento (...) fueron puntualmente trasladadas".

La Comisión de Control descargaba así toda responsabilidad sobre Ibercaja, pero al mismo tiempo, incluía un párrafo en el que hablaba en nombre de la entidad: "Mediante burofax de fecha 9 de junio de 2014, Ibercaja Pensión le informó de que estaba legalmente obligada a atender el documento de cambio de beneficiario y de que el pago de la prestación no podía dejar de efectuarse salvo que por su parte se ejercitasen acciones legales que determinasen la suspensión de cualquier orden".

Mientras los tribunales no les obligasen a atender sus demandas, la respuesta era la misma: "De acuerdo con la información trasladada en sus últimos escritos, el conflicto se encontraría en la actualidad judicializado, por lo que será en sede judicial donde se dirima definitivamente la controversia y se adopten las medidas de reparación que, en su caso, resulten procedentes".

El auto del Supremo

Tras recurrir la sentencia, el caso terminó por llegar al Tribunal Supremo. Desestimó su escrito, pero a la hora de analizar los fundamentos de derecho, deja caer dos frases que dan oxígeno a las herederas: "La declaración de falsedad del documento citado en el procedimiento penal permite a las partes el ejercicio de sus derechos ante la entidad indicada [el Banco de España]". De esta manera, quedan "intactos los derechos de las querellantes para, en su caso, ejercitar las acciones civiles pertinentes".

Esa es la vía que planean activar ahora para continuar su pulso contra el Banco de España e Ibercaja. Según explican, se han cruzado nuevos burofaxes desde que el Supremo les notificó su auto el 20 de mayo de 2021, pero la respuesta ha seguido siendo la misma: "Revisado el asunto, consideramos que esta entidad gestora actuó diligentemente", alegó Ibercaja en julio. Desde la entidad insisten para ello en el peritaje de 2014 que "confirmó la autenticidad de la firma".

Sus argumentos no convencen a la hija y a la exmujer de F.F.N y, cansadas de las idas y venidas de escritos, pretenden llevar el pulso contra las entidades a la vía civil. Su historia recuerda a las películas de los domingos por la tarde; una cinta que se alarga más de seis años y todavía no tiene final.