Otro frente para el PP: imputaciones en Salamanca por financiación irregular

El juez de Instrucción número 2 de Salamanca acaba de abrirle otro frente judicial al Partido Popular. El magistrado ha imputado a la formación en Salamanca, su presidente y su gerente por un caso de financiación irregular que se remonta a las primarias de la formación en Castilla y León en el año 2017. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el juez aprecia descuadres en las donaciones percibidas por el partido que se justificaron como aportaciones supuestamente altruistas de cargos políticos de la región para compensar un agujero económico provocado por el impago de cuotas de los afiliados.

En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado explica que, antes de las primarias, había cerca de 5.000 afiliados que no estaban al día de sus cuotas desde el último congreso. A raíz de convocarse elecciones para la presidencia del Partido Popular de Castilla y León, que ganó el actual presidente Alfonso Fernández Mañueco, el PP actualizó los pagos de sus morosos ya que solo podían votar en las primarias los afiliados al corriente en el pago.

Fue el presidente del partido en Salamanca, Javier Iglesias, quien lideró la actuación mediante reuniones con cargos públicos y asesores del Partido Popular, en las que instaba al pago de esas cuotas impagadas. El resultado fue la recaudación de 61.937,65 euros. Más de 40.000 fueron recaudados por la aportación de "cargos electos, personal de confianza y afiliados que supuestamente colaboraron voluntariamente en el pago".

El auto asegura que de esos más de 40.000 solo se han podido acreditar con documentación y declaraciones juradas 17.350 euros. "Queda sin justificar la suma de 24.140 euros que ha de calificarse como donación anónima ilegal", dice. Pone en duda, además, la validez de distintos justificantes de cantidades extraídas de cuentas bancarias personales de cargos públicos del PP. "Aceptándose hipotéticamente las cantidades recogidas en documentación bancaria fuera de la semana del 10 al 17 de marzo de 2017, que ascienden a 7.250 euros, queda sin justificar la suma de 7.090 euros (como donación anónima ilegal)", agrega.

Las citaciones responden a una petición efectuada por la Fiscalía que considera que las entregas económicas no se registraban de forma que no quedó constancia de lo aportado por cada donante. La recaudación se troceaba 'a posteriori' en cantidades de 90 euros —los importes más habituales de las cuotas de los morosos— y el partido se ofrecía a cubrir a los afiliados que no hubieran pagado la deuda pendiente.