La indemnización que exige el exfiscal del caso Villarejo e irrita a Delgado: 245.203 euros

185.202,76 euros por "perjuicio económico" y otros 60.000 por "daños morales". Esa es la indemnización que reclama el exfiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa al Ministerio de Justicia: considera que su salida de Anticorrupción en 2020 se produjo de manera irregular y señala a Dolores Delgado como responsable. Entre las acusaciones que vierte contra ella, su "interés personal" en el caso Villarejo y la relación de su "pareja sentimental", Baltasar Garzón, con algunos investigados.

A lo largo de 30 páginas, los ataques contra Delgado son constantes y, en un correo enviado este lunes a toda la carrera fiscal, ella misma anunció que respondería a las "gravísimas y difamatorias imputaciones" el próximo 24 de noviembre ante el Consejo Fiscal. Su mensaje no menciona a Stampa, pero fuentes jurídicas explican que la intervención se centrará en sus acusaciones: sin entrar en la polémica a título personal, defenderá que su salida de Anticorrupción no incluyó irregularidad alguna.

Este jueves, Delgado comparecerá además ante la comisión de Justicia del Senado para informar sobre las declaraciones que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, hizo en octubre de 2020, cuando tachó la actuación de Stama en el caso Villarejo de "escandalosa". Días después, el propio Navajas pidió disculpas por sus "desafortunadas e imprudentes" palabras a través de una carta: "Me limité a hacer eco de anteriores publicaciones que ahora sé que eran rotundamente falsas".

Todo ello se recoge en la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Stampa ante el Ministerio de Justicia. Por el momento, el fiscal pide 245.203 euros por la vía administrativa. Para apuntalar su relato, solicita que se extraigan del caso Villarejo los "testimonios" que puedan afectar a la fiscal general y que se cite como testigo a Miguel Serrano, quien todavía ejerce como fiscal en dicha causa. Si el Ministerio rechaza pagarle la indemnización, tendrá vía libre para recurrir ante los tribunales.

La salida de Stampa de Anticorrupción

El fuego cruzado tiene su origen en lo ocurrido el 27 de octubre de 2020. Para entonces, Stampa llevaba tres años como fiscal del caso Villarejo junto al mencionado Miguel Serrano, y el futuro de ambos pendía de un hilo: se encontraban en comisión de servicios en la Fiscalía Anticorrupción y necesitaban que el Consejo Fiscal les asignara una plaza fija para seguir al frente del procedimiento. Serrano lo consiguió gracias a los votos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece la propia Delgado. Stampa, por el contrario, no consiguió ni un solo apoyo de los 11 vocales presentes, ni siquiera de los de la Asociación de Fiscales, a la que estaba adscrito.

Como adelantó El Confidencial, en la reclamación de responsabilidad patrimonial él asegura que la votación fue injusta: "La fiscal general del Estado, con apoyo en otros órganos, creó unas condiciones totalmente perjudiciales con el deliberado fin de justificar la falta de apoyo a la candidatura, con vulneración de los principios de transparencia, imparcialidad, interdicción de la arbitrariedad, igualdad, mérito y capacidad". El mensaje de fondo es claro: su salida de Anticorrupción está relacionada con el caso Villarejo.

La investigación contra Stampa

Para sostener esta tesis, Stampa relaciona el resultado de la votación con lo ocurrido meses antes, cuando la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid abrió una investigación contra él por un presunto delito de revelación de secretos. Las diligencias se basaron en la publicación por parte de El Confidencial y de 'El Mundo' de una serie de conversaciones en las que el equipo jurídico de Podemos daba cuenta de reuniones con él y su compañero Miguel Serrano en el marco del caso Villarejo.

Los primeros chats a los que tuvo acceso este diario se remontan a 2018. En ellos, la abogada de Podemos Marta Flor explicaba al equipo jurídico del partido que se estaban coordinando con los fiscales. "Quieren ayudarnos en esto", llegó a decir en el grupo, en referencia a un proceso que tenían en marcha en el Supremo. Las comunicaciones acreditaban la cercanía entre el Ministerio Público y Podemos, hasta el punto de que algunos mensajes apuntan a que los fiscales les facilitaron información confidencial.

Pero en febrero de 2021, con Stampa fuera de Anticorrupción, la investigación acabó archivándose. La fecha no es baladí, pues el fiscal acusa a Delgado de jugar un papel determinante en la prolongación de las diligencias. Él afirma que, antes de que el Consejo Fiscal le diera la espalda, el fiscal superior de Madrid ya había redactado dos "borradores" para dar carpetazo a la investigación: uno el 5 de octubre de 2020 y otro 18 días después. Ambos fueron remitidos a la Secretaría Técnica de la Fiscalía. Según Stampa, desde allí ordenaron al fiscal superior de Madrid que siguiera investigándole por la "trascendencia del asunto".

La votación del Consejo Fiscal

El fiscal responsabiliza a Delgado de esta decisión y defiende que debería haberse abstenido de participar en la votación: "No solo estaba actuando al mismo tiempo de instructora de un procedimiento interno contra el suscribiente (...), sino que también había rechazado las propuestas de archivo". A continuación, va un paso más allá y asegura que la fiscal general ni siquiera "informó a los vocales de la existencia ni de los términos de los dos borradores de decreto de archivo" de la investigación.

Según Stampa, ese silencio por parte de Delgado se extiende además a la supuesta ocultación de las órdenes con las que la Secretaría Técnica de la Fiscalía mandó seguir investigándole: "Las instrucciones, verbales y/o escritas, que la fiscal general del Estado dirigió al fiscal superior de Madrid (...) tampoco constan por escrito, como habría sido preceptivo legalmente en todos los casos", critica. Tener acceso al expediente completo es otra de las batallas que ha emprendido el fiscal desde hace un año.

Pero frente a esta tesis, las fuentes consultadas apuntan a que Delgado defenderá el 24 de noviembre que no se produjo irregularidad alguna. Según señalan, seguirá para ello un razonamiento similar al expuesto por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en un reciente escrito: "El fiscal jefe inspector informó de manera concreta y expresa que todas las diligencias que se habían abierto en la Inspección Fiscal estaban archivadas, manifestando que las denuncias interpuestas no habían tenido recorrido", advierte. "No se tomó en consideración para la votación de las plazas ninguna cuestión ajena al mérito y capacidad del total de las candidaturas presentadas".

El "interés personal" de Delgado

Hasta ahí, las supuestas maniobras de Delgado para alargar la investigación contra Stampa más allá del Consejo Fiscal. En cuanto al motivo que él achaca a la fiscal general para querer sacarle de Anticorrupción, su explicación arranca en la página 12, donde señala a tres personas: la propia Delgado, "su pareja sentimental", Baltasar Garzón, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Apoyándose en ese triángulo, denuncia un "interés personal y directo" de la primera en la causa que investigaba.

No es la primera vez que la fiscal general se ve envuelta en una polémica en torno al caso Villarejo. En un audio grabado por el comisario en 2009, se escuchaba a la entonces fiscal de la Audiencia Nacional junto a Garzón deslizar confidencias durante una comida en el restaurante Rianxo de Madrid. A esto se añade que las agendas personales del investigado también hacen alusión a citas con Garzón y que su despacho de abogados ha ejercido la defensa de varios investigados en la causa.

Stampa hace referencia a todas estas cuestiones y denuncia además "una eventual participación [en el caso] de la propia fiscal general del Estado en su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional". Su escrito incluye la expresión "pareja sentimental" hasta en ocho ocasiones para hacer referencia al interés de Garzón en la investigación. Dada "la relación de su pareja sentimental con varios de los investigados en el llamado caso Tándem", incide en que Delgado no debería haber participado en la votación.

La indemnización

Con ese relato como telón de fondo, Stampa finaliza su escrito reclamando una indemnización al Ministerio de Justicia. Apunta para ello a la diferencia retributiva entre su antiguo puesto en Anticorrupción y el que ocupa ahora en la Fiscalía Provincial de Madrid. Al extender este cálculo hasta su supuesta jubilación con 72 años y reducir el resultado un 50% por "un principio de moderación y prudencia", la deja en 185.202,76. También pide 60.000 euros por "daños morales". En total, 245.202,76 euros.

Pero, más allá de la reclamación de responsabilidad patrimonial, pide a Justicia que admita su "proposición de prueba y acuerde su práctica". Solicita que se aporte el expediente de la investigación que se abrió en su contra, así como aquellos testimonios del caso Villarejo que "fueren necesarios en orden a corroborar las causas que impedían a la fiscal general del Estado participar en el proceso de valoración/elección de la plaza Anticorrupción". También quiere que se practiquen dos testificales: la del instructor de las diligencias que le abrieron en la Fiscalía de Madrid y la de su compañero Miguel Serrano, quien todavía ejerce como fiscal en el caso Villarejo.

En el caso de que su escrito sea desestimado, hace "expresa reserva de las acciones que nos asistan en otras vías para depurar las responsabilidades". En otras palabras: si Justicia echa por tierra sus argumentos, Stampa no descarta recurrir ante lo contencioso administrativo para retomar su pulso contra Delgado en los tribunales.