La Policía entrega dos informes con nuevas pruebas contra Galán y su cúpula por Villarejo

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que investiga los presuntos encargos irregulares de Iberdrola a Villarejo ha enviado dos informes a la Audiencia Nacional para comunicar el hallazgo de nuevos indicios que apuntalan la implicación del presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, comprometen a otros directivos y evidencian que su cúpula era consciente de que el comisario se encontraba en activo cuando lo contrató para obtener información comprometedora de rivales políticos, empresariales y sindicales.

Los dos informes de la Policía, a los que ha tenido acceso El Confidencial, tienen fecha del pasado miércoles 10 de noviembre y analizan documentos y archivos de audio relacionados con los supuestos espionajes de Iberdrola y que han sido localizados ahora. Por un lado, los agentes exponen en el primero de los oficios que las pruebas intervenidas acreditarían que “el interlocutor habitual de Iberdrola con Cenyt [la empresa de investigación de Villarejo] es Antonio Asenjo”, el director de Seguridad de la multinacional hasta 2019, cuando pactó su salida tras las primeras informaciones sobre los vínculos de la compañía con el policía.

“Asenjo no solo conoce la existencia de los encargos y recibe las novedades y avances que aporta Villarejo, sino también conoce y acepta los medios ilícitos empleados por este (y que constituyen el valor añadido o la razón última que justifica los elevados precios que factura Cenyt)”, sostiene Asuntos Internos. Como ejemplo, la unidad reproduce extractos de grabaciones en los que se escucha a Asenjo pedir a Villarejo que rastree las llamadas telefónicas de diferentes víctimas de espionajes, como una concejala de Arcos de la Frontera (Cádiz) que se oponía a la construcción de una planta de ciclo combinado en su término municipal (proyecto Arrow).

Con todo, los investigadores subrayan que, de las grabaciones descubiertas, se desprende con “meridiana claridad” que Asenjo obedecía órdenes de sus superiores y señalan directamente a Sánchez Galán, a quien el director de Seguridad y Villarejo se referían llamándolo “Ignacio”, “don Ignacio”, “señorito”, “jefe”, “gran jefe” y “consejero”, como adelantó 'Vozpópuli' este viernes.

El uso de la palabra “consejero” coincide con el periodo en el que Galán era consejero delegado de la cotizada (2001-2006). Así, en una conversación registrada el 2 de septiembre de 2004, se oye a Asenjo contarle a Villarejo que había estado “hablando el otro día con el señorito” y, también, que el espionaje se lo “pide expresamente el consejero”. En otro audio clave relacionado con la investigación a Manuel Pizarro (proyecto BlackBoard) y con fecha del 13 de septiembre de 2004, Villarejo se refiere al encargado de supervisar las operaciones encubiertas utilizando las fórmulas “jefe”, “Ignacio” y “señorito”, sin que Asenjo intervenga en ningún momento para corregirlo.

Asuntos Internos incluye en sus dos informes extractos de hasta 10 audios diferentes que inciden en la supuesta implicación de Sánchez Galán. En otro diálogo de 2005, en el que Villarejo pregunta por la opinión que tiene el “señorito” sobre uno de los espionajes, Asenjo desvela un problema de salud del hijo del aludido que, a juicio de los investigadores, demostraría de manera inequívoca que ambos estaban hablando del entonces consejero delegado de Iberdrola y actual presidente. La Policía ha omitido en el oficio pasajes de esa conversación para “preservar” la intimidad de esa tercera persona.

Según Asuntos Internos, a los audios con referencias a Sánchez Galán hay que sumar las abundantes menciones al “consejero delegado” y al “presidente de Iberdrola” en los numerosos informes que elaboró Villarejo en sus 13 años de relación con la compañía y que están incorporados igualmente al procedimiento. Todos estos documentos fueron publicados por El Confidencial en 2019.

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Las pruebas halladas en los últimos meses también comprometen a otros directivos de Iberdrola. Los informes de la Policía incluyen correos electrónicos enviados por Asenjo en 2016 sobre el proyecto Wind, dirigido contra un antiguo socio de Iberdrola Renovables, que revelan que los detalles de esta operación circularon por la bandeja de entrada del secretario del consejo de administración de esta filial, Javier García de Fuentes Churruca, y por una integrante de su equipo jurídico, Úrsula Zabalza.

Asuntos Internos recuerda que “Antonio Asenjo desempeñaba durante el periodo de tiempo en el que se contratan los proyectos investigados el cargo de director de Seguridad Corporativa de Iberdrola, siendo su superior jerárquico inmediato Fernando Bécker (director de Recursos Humanos y Servicios de 2004 a 2012 y director de Recursos Corporativos a partir de 2013) y el de este Ignacio Sánchez Galán”.

En uno de los informes, el más breve, de solo 11 páginas y centrado en la contratación del comisario para vigilar a dos líderes sindicales de la central nuclear de Cofrentes (proyecto Front), los investigadores recogen otra grabación del 13 de febrero de 2007 en la que Asenjo se excusa ante Villarejo porque no ha conseguido una documentación imprescindible para poder comenzar el encargo. Según el director de Seguridad, la persona que debe proporcionarle la información para ponerlo en marcha es un directivo que “se ha tirado 10, 11 días… con los temas de generación que tenemos por ahí que... viendo temas de Scottish Power”, y también de viaje en “Estados Unidos”.

Las pruebas intervenidas probarían, a juicio policial, que Iberdrola contrató al comisario para tratar de obtener información privada

Asenjo explica que, sin ese responsable, no puede dar ningún paso. Se da la circunstancia de que, solo siete días antes de esa llamada, Sánchez Galán estuvo en Escocia acompañado por varios directivos de la compañía para cerrar la adquisición de Scottish Power. Algunos de esos altos cargos también se desplazaron luego a Estados Unidos.

Las pruebas intervenidas probarían, a juicio policial, que Iberdrola contrató efectivamente al comisario para tratar de obtener información privada de dos miembros del comité de empresa de la central de Cofrentes a los que atribuía la filtración a la prensa de un informe que reveló deficiencias en la seguridad de la planta. Estos dos representantes de los trabajadores están personados en el procedimiento como acusación, igual que otra presunta víctima, el antiguo líder de Greenpeace España Carlos Bravo.

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Por último, Asuntos Internos considera que los indicios recopilados demuestran que Asenjo supo en todo momento que Villarejo era funcionario en activo de la Policía Nacional, un elemento que reforzaría la acusación por cohecho contra el comisario y los responsables de Iberdrola. “Se tiene constancia de que el detalle de la situación administrativa de Villarejo en la Policía era conocida por el director de Seguridad de Iberdrola, quien, como se ha reiterado, tenía pleno conocimiento de los métodos (carentes de soporte legal) empleados por Cenyt para la ejecución de los encargos (desde el primer encargo del que se tiene constancia, esto es, proyecto Arrow)”, de 2004, concluyen los agentes.

La Policía ya aportó el pasado mayo al instructor del caso, el juez Manuel García-Castellón, nueve audios inéditos que comprometían a Sánchez Galán y que acabaron desencadenando su imputación en el caso en el mes de junio. Los dos nuevos informes consolidan los indicios contra él. También están imputados su mano derecha, Francisco Martínez Córcoles; el exjefe del Gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo, y Bécker. El juez todavía no ha fijado una fecha para tomarles declaración. Se espera que lo haga de forma inminente.