El Gobierno busca dar la puntilla a la investigación sobre el rescate de Plus Ultra

El Gobierno confía en que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid archive la investigación sobre el rescate de Plus Ultra en cuestión de semanas. Fuentes jurídicas apuntan a El Confidencial que la Abogacía del Estado presentó un escrito el pasado mes para solicitar el sobreseimiento de la causa y, a falta de respuesta, consideran que no hace falta realizar nuevas diligencias para atenderlo. Al igual que la Fiscalía, alegan que se cumplieron todas las condiciones y que la operación se ajustó a derecho.

La investigación se remonta a lo ocurrido el pasado 2 de marzo, cuando el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobó un rescate de la aerolínea que consistía en la entrega de 53 millones en dos pasos: por un lado, 19 que se desembolsaron como préstamo ordinario con un vencimiento a cinco años y, por otro, 34 como préstamo participativo con vencimiento a siete años.

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Un mes después, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid abrió una investigación y puso el foco en el consejo de administración de la SEPI. No imputó a ninguno de sus miembros, pero apuntaba a la posible comisión de dos delitos: prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. En el escrito remitido a finales de octubre al juzgado, la Abogacía del Estado repasa el rescate de Plus Ultra para echar por tierra ambos, explican las fuentes consultadas.

En cuanto al primero, incide en que el Código Penal establece que solo se da cuando un funcionario dicta una resolución "a sabiendas de su injusticia", condición que descarta en este caso: tras alegar que la operación de rescate se ajustó a derecho, el mismo no tiene cabida. En lo que se refiere a una posible malversación, sigue el mismo razonamiento y destaca que la entrega de los 53 millones de euros se lleva a cabo mediante dos préstamos, por lo que conlleva unas obligaciones de reembolso.

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Las fuentes consultadas señalan que el escrito de la Abogacía se centra para ello en el último informe pericial incorporado a la causa y, frente a las dudas que deja en el aire, descarta la idea de que la compañía estuviera en crisis cuando recibió la ayuda. Según argumenta, Plus Ultra no se encontraba en concurso ni en suspensión de pagos y, al cierre de 2019, tenía una situación patrimonial que avalaba el rescate, tal y como recogen su auditor de cuentas y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

De esta manera, rechaza el único requisito que el informe pericial cuestionaba —que la aerolínea se encontrara en crisis— y recuerda que las cuentas de 2020 no pueden incorporarse a este análisis, pues no estaban disponibles cuando se acordó otorgar la ayuda, explican las fuentes consultadas. Respecto al resto de cuestiones que se han puesto en duda durante el procedimiento, entre ellas, que la aerolínea estuviera al corriente de obligaciones tributarias, insiste en que el propio informe así lo reconoce.

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La Fiscalía Provincial de Madrid coincide con este análisis y, en un escrito remitido al juzgado el pasado 25 de octubre, también pide el archivo de la investigación: "El análisis efectuado por el perito contempla cuatro escenarios posibles, dos de los cuales no permiten colegir que la sociedad estuviera en crisis en la fecha referida, evidenciando así que, al menos en esos casos, se cumplirían la totalidad de las condiciones establecidas", concluye el Ministerio Público en el mismo.

Con ambos escritos sobre la mesa, la decisión final queda ahora en manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos. El pasado julio, el Tribunal de Cuentas ya archivó su investigación sobre el rescate de Plus Ultra al entender que la concesión de las ayudas no provocó daños para los fondos públicos.