Ayuntamientos del PP se rebelan contra la nueva plusvalía: "Es un despropósito"

La respuesta del Ministerio de Hacienda a la anulación judicial de la plusvalía municipal no satisface a los ayuntamientos. Al menos, a una parte. Si bien la solución de María Jesús Montero estaba diseñada justamente para aliviar el impacto de la sentencia en las cuentas locales, lo cierto es que grandes ciudades gobernadas por el PP no lo han recibido de buen grado y han puesto en marcha un frente común para elaborar un diagnóstico y un marco de actuación compartido. Su primera conclusión es que el nuevo cálculo no solo no paliará el agujero económico generado, sino que provocará un caos administrativo, con la necesidad de un fondo de compensación con urgencia. "Es un despropósito", señalan fuentes de uno de los consistorios.

Esta especie de rebelión engloba ayuntamientos de un tamaño notable, con Madrid a la cabeza. Según ha podido saber El Confidencial, las conversaciones de la delegada de Hacienda en la capital con sus homólogos en otras urbes como Zaragoza, Málaga o Córdoba son habituales en los últimos días. Siempre en torno a esta problemática y nunca con carácter oficial o institucional, aseguran. El denominador común, en cualquier caso, es la certeza de que la fórmula diseñada por el ministerio no acabará con el tsunami al que se enfrentan, con pérdidas millonarias sin excepción.

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La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, calificó el nuevo impuesto como una "muy buena noticia" para los ayuntamientos, pero nada más lejos de la realidad. Fuentes municipales prevén varios problemas en su aplicación, con una inseguridad total a medio y largo plazo. El primero tiene que ver con la recaudación de este impuesto, uno de los más importantes para las administraciones locales. Según algunos cálculos, la merma estaría entre el 20 y el 30% con los nuevos coeficientes, aunque en algunos casos aseguran que el porcentaje no es definitivo y está supeditado a las conclusiones de los técnicos. Es el caso de Madrid, que cifra el agujero derivado del fallo en cerca de 400 millones de euros, contabilizados de la pérdida de ingresos y de las devoluciones. "Tenemos que ver cómo se ajusta al presupuesto y cómo se aplica después", indican desde la capital, que presenta sus cuentas el próximo lunes.

Pero no solo eso. La preocupación es notable porque esperan un aluvión de reclamaciones que supondrán un cuello de botella en el funcionamiento habitual, además de las dudas respecto a su constitucionalidad, señaladas por fiscalistas. Pero las alertas remiten fundamentalmente a un tema de la atención del día a día, habida cuenta de que los funcionarios no conocen el nuevo impuesto y actuarán a ciegas, previsiblemente sin poder resolver las dudas de quien reclame. "Se ha hecho rápido para que los ayuntamientos cuadren sus presupuestos, pero no es tan sencillo", apuntan las mismas fuentes.

La configuración de las cuentas es una de las claves, aunque los propios implicados aseguran que tienen margen para garantizar la cobertura de los servicios públicos. Lo que de verdad subyace bajo estas quejas es la reclamación de que el Gobierno de Pedro Sánchez preste un fondo de compensación que ayude a cubrir en la medida de lo posible la pérdida de la recaudación. Tanto, que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya ha anunciado que insistirá en esta cuestión pese a la reforma. La cantidad dependerá del volumen de cada ayuntamiento, pero la primera cifra global está en 2.500 millones de euros.

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El número dos de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, se ha sumado a esta corriente crítica y vaticina que los ayuntamientos incurrirán en inconstitucionalidades. "Exigimos su comparecencia urgente y un plan de financiación alternativo para los municipios", publicó en su perfil de Twitter.

Nueva fórmula

Como ha venido informando este diario, el departamento dirigido por Montero ha articulado un nuevo mecanismo para calcular el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), conocido coloquialmente como plusvalía municipal, tras el fallo del Tribunal Constitucional, que lo anuló incluso en el caso de que la transacción produjera ganancias. Así, una vez aprobados los cambios el pasado lunes a través de un decreto ley, tendrá a partir de ahora dos fórmulas de cálculo, una objetiva y otra real, donde el contribuyente puede elegir la que más le interese.

La primera de las opciones que plantea es el resultado objetivo de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes adaptados a la realidad inmobiliaria, que era uno de los elementos señalados por el Constitucional. La segunda, por su parte, será un método que calcule la diferencia entre el precio de la venta y el de la adquisición del inmueble en cuestión. Al resultado se le aplicará el tipo que fije cada municipio, que nunca puede superar el 30%, con seis meses para adaptarse.