Un muerto y un pacto secreto: la obra del AVE a La Meca esquiva otro caso en la Audiencia

La Audiencia Nacional no seguirá investigando las condiciones en que trabajaban los obreros españoles que construyeron el AVE a La Meca, unas diligencias abiertas a raíz de la muerte de uno de ellos en accidente laboral. El Juzgado Central de Instrucción número 1 y la Fiscalía llevaban cinco años de pesquisas hasta que el pasado julio llegó un escrito de la familia del fallecido pidiendo el archivo tras haber llegado a un acuerdo económico. El caso se cerró definitivamente hace apenas dos semanas, según informan varias fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial.

Tras sacar a la luz diversas irregularidades como resultado de años de diligencias judiciales —incluso en el ámbito internacional—, renuncian a las acciones penales. Dicen ahora que no creen que haya indicios sólidos de criminalidad y dudan de que los hechos pudiesen acabar en una condena. Explican que han firmado un acuerdo por el que serán indemnizados y por eso renuncian también a cuantas acciones civiles les pudieran corresponder. La Fiscalía ha mostrado su conformidad y destaca que son los propios afectados los que piden el archivo.

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Se investigaba la muerte de Sergio Rivera Moles, un joven mecánico granadino de 30 años que perdió la vida en la obra desarrollada en Arabia Saudí por un consorcio empresarial hispano-saudí. Falleció en febrero de 2016 al caérsele encima una mesa hidráulica que estaba reparando. La familia ha evitado ofrecer explicaciones a este periódico amparándose en el acuerdo de confidencialidad suscrito a cambio de recibir una indemnización por la muerte.

Abengoa: "La empresa se hace cargo de gastos y una indemnización por el accidente"

Trabajaba para Inabensa, una filial de Abengoa, empresa que contrató al joven. Este periódico se ha puesto en contacto con la compañía para conocer por qué ha alcanzado un acuerdo con la familia tras años de pleito en distintas instancias. “El principio que rige es la responsabilidad objetiva de la empresa en la que uno de sus trabajadores ha sufrido un accidente. Bajo esa premisa, la empresa se hace cargo de gastos y una indemnización por el accidente, sea o no responsable objetivo del accidente”, dicen sin ofrecer tampoco detalles de cantidades.

La querella iba dirigida contra Abengoa, ADIF e Ineco, entre otras firmas encargadas de la construcción de la faraónica obra conocida como el AVE del desierto. Les acusaba de homicidio imprudente en concurso ideal con otro delito contra el derecho de los trabajadores. En el marco de las diligencias 61/2016, el juez Santiago Pedraz citó a declarar como investigados a los representantes legales de algunas de las empresas del consorcio llamado Al Shoula. La investigación estaba en marcha y afectaba a algunas de las empresas más potentes del país.

Sergio Rivera resultó aplastado por la mesa hidráulica y sus compañeros no pudieron hacer nada por salvarle. En la querella, la familia incluía el relato de un compañero. Contaba que la maquinaria que mató al joven tuvieron que arreglarla “miles de veces”, ya que su mantenimiento era “defectuoso” y se usaba por encima de su capacidad debido a “los retrasos en la obra que acumulaban los contratistas”. Trabajaban en jornadas de 12 horas bajo un calor extremo “en un clima de casi terror político del Estado saudí, ante cualquier tipo de protesta que se pudiera producir”.

Entre la documentación aportada, constaba un informe pericial sobre el accidente o grabaciones de compañeros del fallecido. Pero la querella arrojaba sospechas que iban más allá de las condiciones de seguridad. Según el escrito, una empresa llamada Consultrans se encargó de seleccionar al personal para Abengoa e Inabensa. Sin embargo, siempre según la querella, estas empresas cometieron un fraude porque cuando los trabajadores españoles llegaban a Arabia Saudí pasaban a depender de una compañía nueva llamada Inabensa Saudi SL, creada en el país árabe. De ese modo, no se los daba de alta en España.

La Fiscalía vio "caracteres de delito"

En su momento, la Fiscalía apoyó abrir una investigación porque entendía que los hechos presentaban “caracteres de delito”. Tras varios años a la espera de una comisión rogatoria con información de Arabia Saudí, el ministerio público concluyó que la empresa no cumplió “con las normas de prevención exigidas a la normativa de riesgos laborales”. Y que con ello contribuyó “de forma relevante al deceso del perjudicado Sergio Rivera”.

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Una de las derivadas de este pleito enfrentó a la familia y a Abengoa en el Juzgado de lo Social número 7 de Madrid. La empresa pretendía desentenderse de su extrabajador fallecido alegando que dependía de aquella otra empresa radicada en Arabia Saudí. No obstante, el juzgado dio la razón a los familiares. Como muestra, destacó que fue Abengoa la que se encargó de la repatriación del cadáver mediante el seguro que tenía suscrito con Europ Assistance España SA. La sentencia además decía que Abengoa creó esa otra firma llamada Inabensa Saudí “con fines defraudatorios” para eludir su responsabilidad con los empleados desplazados.

Los precedentes le eran adversos a Abengoa, pero el 1 de julio remitió la familia su escrito al juzgado. En consecuencia, el magistrado informó de la novedad a la Fiscalía y le preguntó qué hacer: procesar a los investigados o archivar como pedían los afectados. El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballó, informó el 7 de octubre de que no se oponía al archivo del caso al no haber reunido los elementos suficientes tras cinco años de investigación. Admitió que los hechos están en la frontera entre la responsabilidad penal y la civil y, en este punto, destacó que los perjuicios a la familia de la víctima han sido reparados.

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En consecuencia y atendiendo a la regla del principio acusatorio —no se puede proseguir un procedimiento sin la acusación de ninguna de las partes implicadas—, el actual titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, terminó por decretar el cierre del caso. Su auto, dictado el pasado 11 de octubre, no ha sido recurrido ni por la familia que ejercía la acusación particular ni por la Fiscalía, y por tanto ya es firme desde el pasado 21 de octubre.

Abengoa reivindica que el archivo de las actuaciones no tiene nada que ver con la indemnización pagada: “En el ámbito penal, más allá del tema laboral, la Fiscalía ha de iniciar las diligencias para dilucidar si existe o no un delito en relación con el accidente. El archivo de las diligencias penales que se ha producido implica una determinación de que la empresa no tuvo responsabilidad o culpa en el accidente, lo que es independiente de la existencia o no de una indemnización”.

Otras causas

De este modo, la obra del AVE a La Meca esquiva así otra causa en la Audiencia Nacional. Hace ahora justo un año, el mismo tribunal decidió mandar a los juzgados de Sevilla la investigación sobre la parte del proyecto del AVE Meca-Medina que ejecutó Abengoa. La Plataforma de Perjudicados por Abengoa acusa a la compañía de alterar la contabilidad de Inabensa y Abeinsa, dos de las filiales más importantes del Grupo Abengoa, mediante la "manipulación de cuentas", la "alteración de los flujos de tesorería" y la "emisión de facturas ficticias con base en contratos simulados".

La obra también estuvo en el foco de la Justicia después de que trascendieran los audios de las confesiones al polémico comisario José Villarejo de la examante del Rey emérito, Corinna Larsen. La mujer desvelaba todo tipo de sospechas de corrupción sobre la concesión de la construcción a las empresas españolas y el papel del Rey en prácticas de blanqueo de dinero procedente de la familia real saudí. Tanto la Fiscalía como el juzgado que investiga las actividades del mando policial abrieron una pieza separada, pero la archivaron en tiempo récord apelando a la inviolabilidad de Juan Carlos I en el momento de los hechos.

El ministerio público mantuvo tan solo vivas las pesquisas sobre los empresarios españoles y no consta de momento que se hayan judicializado. Una delegación de la Fiscalía Anticorrupción viajó a Londres para entrevistarse con Corinna Larsen, que no aportó ningún detalle adicional a los investigadores. Más bien al contrario, afirmó que lo que dijo lo conocía por terceros. Paralelamente, la acumulación de indicios sobre las actividades del Rey en el presunto cobró de una comisión llevó a la Fiscalía del Tribunal Supremo a asumir el caso. Según ha venido informando este periódico, la investigación se archivará sin presentar una querella.