El TS se opone al indulto total de Juana Rivas, pero la mitad de la Sala defiende el parcial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha pronunciado este jueves en contra de conceder a Juana Rivas un indulto completo. En su informe, todos los magistrados coinciden en rechazar la gracia total para la mujer condenada a dos años y medio de prisión por desaparecer con sus hijos para no devolverlos al padre. Sin embargo, ocho de ellos sí apoyan la concesión de un indulto parcial que se traduzca en una disminución de la pena, mientras que los otros ocho miembros de la Sala apoyan la postura contraria y se pronuncian también en contra de un perdón relativo.

El informe se ha emitido después de que el Tribunal Supremo recibiera en junio el expediente del Ministerio de Justicia sobre la petición de indulto realizada por Rivas, condenada por un delito de sustracción de menores. A finales del pasado abril, la misma Sala de lo Penal del Supremo estimó parcialmente el recurso de casación planteado por la mujer contra la condena a cinco años de prisión impuesta por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada y la rebajó a dos años y seis meses de cárcel al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos —sus dos hijos—, cometió un único delito y no dos.

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El dictamen refleja en su integridad las posturas discrepantes de los magistrados. La mitad de los miembros de la Sala coinciden con la Fiscalía en apoyar una rebaja de la pena de medio año de prisión —dejándola en dos años— y reducir de seis a cuatro años su inhabilitación para ejercer la patria potestad. La otra mitad se opone a los dos tipos de indulto. La cuestión queda ahora en manos del Gobierno de coalición en el que Unidas Podemos defiende con rotundidad la concesión del perdón. La formación morada formalizó ante el Ministerio de Justicia una petición de indulto total al considerar que concurren circunstancias de utilidad pública y se dan motivos de "justicia y equidad".

A través de la ministra de Igualdad, Irene Montero, la formación se ha mostrado públicamente en contra de la condena. En distintas declaraciones, Montero atribuyó la sentencia al "maltrato institucional y judicial" a "una mujer que se está defendiendo a sí misma y, sobre todo, a sus hijos frente a la violencia machista" y llegó a indicar que es necesario defenderla "para evitar que los maltratadores sigan asesinando y ejerciendo violencia contra los niños y niñas". Sus declaraciones provocaron que el padre de los menores, Francesco Arcuri, la demandara por injurias y calumnias.

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El Supremo se ha inclinado por exponer los argumentos contrapuestos y no dirimir la disparidad de pareceres ni mediante voto de calidad ni a través de la fórmula diseñada para ello, que hubiera supuesto sumar a la Sala tres magistrados de otra diferente. El informe refleja así la ponencia del magistrado Andrés Palomo que suscriben Antonio del Moral, Ana Ferrer, Susana Polo, Vicente Magro, Javier Hernández, Andrés Martínez Arrieta y Juan Ramón Berdugo, a favor de la reducción de seis meses, y la de su compañero Leopoldo Puente en contra del indulto parcial con la adhesión del presidente Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar, Carmen Lamela, Ángel Hurtado y Eduardo de Porres.

El informe es preceptivo pero no vinculante. El Gobierno debe contar con el dictamen obligatorio del tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo, que dictó hace unos meses una sentencia firme, pero su decisión no es de obligado cumplimiento para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde el pasado junio, Rivas cumple condena en su casa con control telemático al acceder a un tercer grado directo que le permitió abandonar el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada donde ingresó en inicio de forma voluntaria.

A favor del indulto parcial

Los magistrados a favor del indulto parcial recuerdan en su escrito la condena impuesta en 2009 al padre Francesco Arcuri por un delito de lesiones en el ámbito familiar, así como las manifestaciones realizadas por su hijo mayor sobre él. En concreto, apuntan a dos documentos de 2019 en los que este "manifiesta su deseo de vivir con la madre y los malos tratos de su padre", destacando una ocasión en la que, tras hablar con un juez, "se había enfadado mucho y le había maltratado", hasta el punto de decir que "le coge de las muñecas y le escupe en la cara y concreta diversos insultos que le profiere".

"Somos conscientes de que denuncias similares han sido objeto de archivo", reconocen los magistrados. Pero estos documentos son posteriores y, según explica el informe, "el Ministerio Fiscal ha incoado contra Francesco Arcuri nuevos procedimientos penales para los cuales las diligencias previas aún están en curso".

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De esta manera, consideran que se debe tener en cuenta "la acreditación actual a través de documentación e informes en referencia a hechos que suceden en data posterior a la fijación de los hechos declarados probados en este proceso, de una situación de angustia que el hijo mayor principalmente, mantiene ante la separación de la madre y la afirmación de malos tratos por su padre, más allá de que resulten acreditados o no".

Los magistrados dejan así los posibles malos tratos en el aire, pero consideran que "el interés del menor en los términos expuestos, por sí solo sería suficiente para informar favorablemente la conveniencia de su concesión [del indulto parcial], pero que asimismo facilita que la prevención general y especial, se encuentre satisfecha y nos encontremos ante penas cortas". Su tesis, por tanto, se centra en que, "a la angustia extrema del menor, deba sumarse la propia y refleja en la madre ante el indicado estado de los hijos, que conlleva consecuentemente una aflicción natural muy superior a la que ordinariamente ocasiona el cumplimiento de estas penas".

En contra del indulto parcial

Los magistrados que se muestran en contra del indulto parcial apuntan por su parte a que "nada distintivo o específico advertimos para justificar tampoco sobre esta base, aquí y no en los demás casos referidos, un informe favorable". "Por lo que respecta a los criterios relacionados con la prevención general, simplemente dan nuestros compañeros por sentado, que los objetivos de la pena desde esta perspectiva ya estarían cumplidos". Ellos, sin embargo, no aciertan a "comprender por qué razones en el caso de Dª Juana Rivas estos objetivos se habrían cumplido ya y no, en cambio, en todas las demás condenas a penas equivalentes".

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En cuanto a la angustia de la madre y su hijo mayor, reconocen que "el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad comporta, por su propia naturaleza, si no la ruptura, sí al menos un sensible estrechamiento de las relaciones familiares y sociales de quienes las padecen". Pero insisten en su "falta de competencia en esta materia, al punto que ni siquiera hemos tenido oportunidad de entrevistarnos con el menor, lo que no permite, creemos, considerar justificada tampoco en este aspecto la existencia de una situación cualitativa distinta con relación a otros en principio equivalentes (otros penados y penadas con hijos también menores)".