Un juez del Supremo defiende que Delgado no es "idónea" para el cargo de fiscal general

El Tribunal Supremo ha notificado este miércoles la sentencia con la que ratifica el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado frente a los recursos de PP y Vox. La Sala de lo Contencioso ha concluido que ambos partidos carecen de legitimación activa para impugnar su designación por parte del Gobierno porque carecen de un interés legítimo, pero dos de los siete magistrados se desmarcan de esta decisión: consideran que PP y Vox sí podían recurrir y, en el caso del magistrado Antonio Jesús Fonseca, va un paso más allá en su voto particular al sostener que Delgado no cumple la condición de "idoneidad" para ocupar el cargo.

"Es indudable que para el desempeño del cargo de fiscal general del Estado la idoneidad debe entenderse referida a la aptitud, adecuación, capacidad que alguien tiene para un fin determinado, que en este caso es el desempeño imparcial del cargo de Fiscal General del Estado", explica Fonseca. "La falta de imparcialidad, como premisa determinante de la idoneidad, se nos plantea por el hecho de que la persona nombrada fue propuesta inmediatamente después de haber desempeñado, sin solución de continuidad, concretas funciones políticas, ejecutivas y parlamentarias en el ámbito de otros poderes del Estado —ministra y diputada—".

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Según destaca, la propuesta de nombrarla fiscal general del Estado arrancó incluso antes de que renunciara a su escaño en el Congreso, por lo que se produjo cuando aún se erigía como "persona integrada funcionalmente en una concreta formación política (Partido Socialista Obrero Español —PSOE—), que resulta ser también una de las que conforma el Gobierno que presentó la propuesta del nombramiento". Con esta conexión temporal entre los dos cargos como telón de fondo, Fonseca argumenta que su nombramiento "no solo no es conveniente, sino que resulta contraria a la finalidad de mantenimiento de la apariencia de imparcialidad que persigue el legislador".

Su voto particular, por tanto, defiende que el Supremo debería haber anulado el nombramiento de Delgado como fiscal general: "Esta conclusión se alcanza sin necesidad de reparar y analizar detenidamente las diferentes actuaciones o manifestaciones realizadas por la persona propuesta durante el ejercicio de las funciones gubernativas y parlamentarias inmediatamente anteriores a las funciones de fiscal general del Estado, que son válidamente denunciadas como claramente partidistas y que denotan un claro posicionamiento político ante la ciudadanía que, como ya he advertido antes, puede tener una clara incidencia negativa en la pérdida de confianza".

La legitimación de PP y Vox

Como adelantó El Confidencial el 6 de octubre, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ya se inclinaba entonces por avalar la legalidad del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general. La postura mayoritaria en aquel momento se debatía entre dos opciones: descartar la legitimación activa de PP y Vox para recurrir la decisión del Gobierno, como finalmente ha ocurrido y permite no entrar en el fondo de sus argumentos en la sentencia, o dar por buena su impugnación y centrarse en que se cumplieron los elementos reglados por ley para ratificarla en el cargo.

Esta segunda vía es a la que se agarra el magistrado José Luis Requero en su voto particular, quien considera que PP y Vox sí tenían legitimación y, apoyándose en esa idea, entra en el fondo de sus recursos para defender que no se produjo irregularidad alguna en la forma en que Delgado accedió al cargo.

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"En cuanto al juicio de idoneidad, es más que manifiesto que no se trata de un requisito reglado sino puramente valorativo: es ahí en el que la naturaleza política del acto de nombramiento se manifiesta con la mayor intensidad, luego el planteamiento de la demandante fuerza el entendimiento en Derecho de su exigencia para lograr el enjuiciamiento de este acto y lo hace hasta unos extremos que exceden de lo que es el enjuiciamiento de los elementos reglados", argumenta el magistrado.

En cualquier caso, reconoce que podría haberse trasladado una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para aclarar este punto. En concreto, que se le preguntase por dos opciones:

• "Si cuando se plantea la eventual falta de idoneidad del candidato a fiscal general del Estado por haber tenido una manifiesta significación política (...), para la garantía de los estándares del Derecho de la Unión Europea referidos a la imparcialidad e independencia exigible al Fiscal General del Estado, basta con el examen político del candidato en sede parlamentaria, siempre dependiente de las mayorías parlamentarias".
• "Si esta norma nacional que excluye el control jurisdiccional de la idoneidad del candidato por las razones expuestas, se opone al Derecho de la Unión Europea en cuanto que impide dotar de efectividad a esas exigencias de imparcialidad e independencia".

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Su voto particular sostiene así que debería haberse aceptado la legitimación de los partidos y entrado en el fondo para pronunciarse sobre dos aspectos: corrección del procedimiento y alcance del enjuiciamiento del acto de nombramiento. "En cuanto al segundo, esa sentencia que defiendo debería haberse quedado ahí y desestimar la demanda por razón de que nada se ha razonado ni justificado acerca de la concurrencia de alguno de los elementos que sí permiten controlar jurisdiccionalmente este acto del Gobierno, salvo que se optase por haber planteado la cuestión prejudicial antes apuntado", concluye en su voto particular.