Un dosier para los eurodiputados cifra en casi un 40% los asesinatos de ETA impunes

“La Justicia pendiente. Asesinatos de ETA no esclarecidos”. De este modo se titula el dosier de 36 folios que el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo le ha entregado este miércoles a la delegación del Parlamento Europeo desplazada esta semana a España. Su misión es atender una petición en la que se denuncia la elevada cifra de asesinatos de la banda sin resolver. El documento, elaborado por el departamento que lidera el periodista e investigador Florencio Domínguez, cifra en torno al 40% los atentados mortales de la organización que gozan de inmunidad.

Un grupo de cuatro eurodiputados de Francia, Malta, Rumanía y Polonia estarán en España hasta el viernes. Les acompañan los también eurodiputados españoles Dolors Montserrat (PP), Cristina Maestre (PSOE), Maite Pagazaurtundúa (Cs) y Jorge Buxadé (VOX). La primera parada de su visita ha sido el Centro Memorial, con sede en Vitoria. Tras reunirse con su responsable, se les ha hecho entrega de este trabajo al que ha tenido acceso El Confidencial. En él se arrojan cifras, se fija el debate y se analizan las causas de que haya tantos asesinatos sin resolver.

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A la hora de definir qué se entiende por un caso sin resolver, el dosier se refiere a “aquellos cuyos autores materiales no han sido identificados o no han podido ser juzgados por las razones que sean. Incluso si ha habido juicio, pero no ha habido condenas, el crimen sigue pendiente de esclarecimiento legal”. Precisa que es posible que en algunas ocasiones hayan sido sentenciados colaboradores o cómplices de los autores materiales. En estos casos se sigue considerando como asesinato no esclarecido al no haber sido encausados los autores directos.

El Centro Memorial explica así la disparidad de datos en este material, ya que, por ejemplo, hay quienes consideran no esclarecido un asesinato mientras falte la condena de los inductores del crimen, aunque estén sentenciados los autores materiales. También influye el hecho de que en unos estudios se contemplen todos los asesinatos de la historia de ETA --853, según el Gobierno-- y en otros solo los registrados desde 1978. De 1968 a 1977, ambos incluidos, hubo 74 asesinatos atribuidos a ETA. En seis de ellos fueron juzgados y sentenciados los autores y en otros tres no hubo ocasión, al haber muerto los terroristas que cometieron los crímenes.

El investigador Florencio Domínguez toma como referencia la cifra de 315 asesinatos pendientes cuyos autores materiales no habían sido juzgados por los tribunales por diversas circunstancias. Este dato se estableció en 2011 y fue el resultado de contrastar la información en poder de los colectivos de víctimas y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. “La cifra era muy importante, porque suponía que casi un 40% de los asesinatos de ETA posteriores a 1978 no habían tenido la debida justicia al no poder juzgar a sus autores”, dice al tiempo que avisa de que esos datos han variado en estos diez años. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) considera que se han resuelto una quincena de casos en esta última década.

El Centro Memorial elude fijar una cifra exacta y acude a aquel año 2011 porque fue el momento en el que se apreció la dimensión del problema. Pero a su juicio, todos los estudios que se han hecho posteriormente son bienvenidos: “Todos los criterios son válidos porque reflejan una misma realidad desde prismas diferentes”.

La causa “principal”

En su capítulo de conclusiones contextualiza las razones de esta asignatura pendiente. Sostiene que “la situación de terror provocada por ETA en el País Vasco y Navarra en los primeros años de la democracia es la causa principal de que exista una cantidad tan elevada de crímenes no resueltos en esa época y en esas comunidades”. Los atentados de ETA, recuerda, buscaron “aislar a los cuerpos de seguridad de los ciudadanos mediante ataques sistemáticos” y de ese modo “obligarles a dedicar la mayor parte de su esfuerzo y de sus recursos a la autoprotección, en detrimento de la investigación y la prevención”.

ETA centró sus acciones también en atacar a “sectores de la sociedad acusados de colaborar con los cuerpos policiales para dificultar e impedir el trabajo de investigación. Todo ello se tradujo en que un porcentaje significativo de casos de asesinato no pudieran ser resueltos”. A partir de esta causa “principal”, el informe establece otras razones que, a su juicio, han contribuido a las dificultades para esclarecer estos crímenes. Una de ellas son los "desajustes en el funcionamiento de los órganos judiciales” o los “problemas en la adaptación de las fuerzas de seguridad al reto del terrorismo en los primeros años de la democracia”.

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El documento precisa que la mayor parte de los asesinatos no esclarecidos (un 70%) fueron cometidos en la década que transcurre entre 1978 y 1987, los conocidos como “años de plomo”, el periodo más activo y con más atentados de ETA. Un 85,8% de esos crímenes tuvieron lugar en el País Vasco y Navarra, y la mayor parte de ellos dentro del decenio señalado. En un porcentaje significativo —aproximadamente el 40% de los asesinatos de ETA posteriores a 1977—, los autores materiales de los crímenes no han podido ser juzgados o condenados, “lo que provoca una falta de justicia con las familias de las víctimas”.

Omisión al investigar a los 'polimilis'

Otra de las razones sobre casos sin resolver afecta a un aspecto sensible como la “omisión de investigación en algunos crímenes de ETApm tras su disolución en 1982”. Fue una escisión de ETA, conocida como los 'polimilis', que terminó renunciando a los atentados y aceptando las vías exclusivamente democráticas. Posteriormente el Gobierno aceptó concederles medidas de gracia.

El Centro Memorial culpa también a la “falta de colaboración internacional con las autoridades españolas al dar refugio a terroristas huidos que estaban acusados por los tribunales nacionales” o a la “muerte por circunstancias diversas de terroristas acusados de asesinatos que no han podido ser juzgados”. También a “la dificultad para convertir la información de inteligencia o los indicios policiales en pruebas judiciales”. Con todo, apunta el documento, los índices de impunidad del caso de ETA (un 40%, como se ha indicado) son notablemente más bajos que los de los otros territorios analizados: Irlanda del Norte (un 88,35%), Córcega (entre un 58% y un 90%, según las épocas) e Italia (un 80%).

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El trabajo del Centro Memorial cita como “casos especiales” cinco personas desaparecidas de las que no se volvió a saber nada. “Cinco familias que ni siquiera han tenido los restos de sus allegados”, dice. Se trata de Humberto Fouz Escobero, Fernando Quiroga Veiga y Jorge García Carneiro, tres amigos y vecinos de Irún (Guipúzcoa). El 24 de marzo de 1973, cruzaron a territorio francés para ver una película. Miembros de ETA los confundieron con policías españoles, los secuestraron y asesinaron, haciendo desaparecer sus cuerpos.

Otro es el exdirigente de ETApm, Eduardo Moreno Bergareche, alias Pertur. Desapareció el 23 de julio de 1976 después de encontrarse con miembros de su misma organización. Las sospechas principales han recaído siempre en un sector de ETApm, aunque no se ha descartado del todo la posibilidad de que fuera víctima de miembros de la extrema derecha. Culmina esta lista José Miguel Echeverría Álvarez, alias Naparra. Era miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), un grupo terrorista que operó entre 1978 y 1985. Desaparecido en Francia el 11 de junio de 1980. Se cree que pudo ser ETA la responsable, pero tampoco se descarta la extrema derecha.

Los eurodiputados viajarán después a Madrid, donde se entrevistarán el jueves con el peticionario, Miguel Ángel Rodríguez Arias, y el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero de la Torre, quienes fijaron en 379 el número de casos sin resolver. La visita se completará con entrevistas con responsables policiales y judiciales, colectivos de víctimas y el Defensor del Pueblo.