El precio de la luz y la errática política energética: de Sánchez a Aznar pasando por ZP

Déficit de tarifa. Dícese de “la diferencia entre los derechos de cobro reconocidos a las compañías eléctricas y lo ingresado a través de las tarifas reguladas”. La definición fue acuñada por los economistas Natalia Fabra y Jorge Fabra y viene a explicar el mecanismo que ideó José María Aznar en 2002 para hacer frente a los problemas de la factura. Porque hace dos décadas ya existían estos inconvenientes y Gobierno y oposición utilizaban el precio de la luz como herramienta de desgaste político. Sin acuerdos entre las principales fuerzas parlamentarias y recurriendo a políticas improvisadas que, con el paso de los años, se han demostrado erráticas y equivocadas.

El precio de la luz ya no es un asunto económico. Con el paso de los años, se ha convertido en un problema político e, incluso, social. La tarifa de la electricidad sigue desgastando los gobiernos, sean del color que sean, y ninguno de ellos cuenta con la varita mágica para solucionarlos. El primer Ejecutivo del PP que gobernó con mayoría absoluta fue el primero en intentar encontrar una solución a los problemas. El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, decidió compensar a las eléctricas por el desfase que tenían que soportar entre lo que costaba generar la electricidad y lo que pagaban los usuarios. El problema es que esa deuda reconocida no paró de crecer porque los costes de producir energía no bajaron, sino todo lo contrario. El déficit de tarifa se disparó y finalmente al Gobierno de Aznar no le quedó más remedio que subir la luz hasta un 1,5% en los dos últimos años de su mandato. Su política naufragó y su sucesor le llegó a acusar de haberle dejado una pesada mochila.

Pero si Aznar dejó un problema, el que creó José Luis Rodríguez Zapatero no lo fue menos. El Gobierno socialista fijó la política energética como una de las prioridades de sus dos mandatos y en 2007 decidió, también con mayoría absoluta y vía decreto, dar un impulso a las renovables. El Ministerio de Industria pensó que invertir en placas solares podría ayudar al bolsillo y, además, atraer inversión internacional. El Real Decreto 661/2007 estableció una serie de primas y puso España en el radar de los grandes inversores del sector por las posibilidades que se abrían. Pero el Gobierno no pensó que se generaría un enorme problema, como así sucedió. Y es que esas primas para financiar las energías renovables se incluyeron en la factura de la luz, que acabó disparándose. Como la tecnología fue quedando obsoleta, los españoles pagaron esos sobrecostes en su recibo a lo largo de los siguientes años. Así, en 2007 la luz subió un 10%; en 2008, un 11%, y en 2009, un 14%.

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Para las eléctricas, las primas a las renovables fueron el origen de todos los males. Que Zapatero introdujera esas ayudas provocó, de hecho, que el precio de la electricidad subiera más en España que en otros países. Así lo explicó a principios de año José Bogas, presidente de Endesa: “Hay toda una serie de cargas que asumió el sector eléctrico y que no tiene ningún sentido que solo pague el sector eléctrico”. Las empresas energéticas hicieron un sobreesfuerzo en beneficio de todos los ciudadanos y, en definitiva, acabó pagando el consumidor.

Esa burbuja la tuvo que pinchar el Gobierno de Mariano Rajoy. El déficit de tarifa tocaba su máximo con el PP de nuevo en la Moncloa: 28.700 millones acumulados, lo mismo que la facturación anual de todo el sector. La decisión fue una ambiciosa —y a la vez arriesgada— reforma que se aprobó en 2013. El Ministerio de Industria, con José Manuel Soria al frente, admitió entonces una subida del recibo de la luz del 63% entre 2003 y 2012. El agujero por el déficit de tarifa ascendía entonces a 4.500 millones de euros anuales. La reforma Soria lo que hizo fue cargar en el recibo una parte de los peajes de acceso y financiar vía presupuestos generales los costes extrapeninsulares de la luz en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El Gobierno de Rajoy también acabó, vía decreto, con las primas a las renovables que había puesto en marcha su predecesor y estableció un nuevo marco: el de la llamada 'rentabilidad razonable' que se debía pagar a las plantas por la inversión que hicieron y que no lograban cubrir por la venta de electricidad.

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Los afectados por la reforma de Rajoy no tardaron en llevar el Gobierno a los tribunales al sentirse perjudicados por una reducción a través de un decreto de las retribuciones que estaban percibiendo. Años más tarde, el Tribunal Constitucional avalaba la norma y cerraba la puerta a las reclamaciones: “La crisis provocó una caída imprevista de la demanda de energía que, junto al incremento general de costes, causó una aumento del déficit tarifario”, concluía el TC. Era el año 2016 y en Moncloa respiraban tranquilos. Ese mismo año Rajoy decidió crear el Ministerio de Energía y colocar al frente a un viejo conocido de las eléctricas, Álvaro Nadal. El jefe de la Oficina Económica de Moncloa tomaba las riendas de un departamento que continuó batallando con el sector y al que no le dio tiempo a cumplir sus objetivos: la moción de censura de 2018 se llevó por delante todos los planes.

En España se frenó el problema, pero no en el extranjero. Los inversores internacionales se fueron a los tribunales para demandar al Reino de España por ese recorte a las primas a las renovables y ahí el Gobierno aún sigue peleando, con la Abogacía del Estado ejerciendo la defensa, para que la factura no sea mayor. En total, el Estado se ha enfrentado a más de 30 laudos en el Ciadi, el organismo dependiente del Banco Mundial, por los recortes a las primas a dichas instalaciones de energías. La suerte ha sido dispar y España ha perdido ya casos que han costado a las arcas públicas más de 10.000 millones de euros, según datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica.

Con Pedro Sánchez ya en Moncloa, la política energética sigue siendo una prioridad. Su decisión tras la moción fue crear un Ministerio para la Transición Ecológica y colocar a una colaboradora suya como Teresa Ribera al frente. Luego ese departamento se convirtió en vicepresidencia y con los fondos europeos cobró más relevancia aún. Los problemas a los que se enfrenta el actual Gobierno siguen siendo similares a los que tuvieron que hacer frente sus predecesores y las soluciones no están claras. En los últimos meses, Moncloa y la propia Ribera han declarado la guerra a las eléctricas con un decreto, fraguado en silencio y sin consensuar, que luego tuvo que ser rectificado también vía decreto. Sánchez ha intentado, asimismo, una reforma del mercado europeo, en la que ha naufragado, e incluso ha llegado a poner sobre la mesa la posibilidad de que España abandone, en lo que sería una decisión inédita, el mercado común eléctrico. No ha especificado cómo y en qué condiciones volvería.

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En el acuerdo de coalición, PSOE y Unidas Podemos prometieron varias medidas: por ejemplo, acabar con los llamados beneficios caídos del cielo. O modificar la tarifa eléctrica para "reducir el porcentaje que representa el término de potencia" y "que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros kWh sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética". Esta solución aún no está sobre la mesa. Mientras, el Gobierno mantiene la promesa de Sánchez (al cierre de 2021, los españoles pagarán lo mismo que en 2018) y ha tenido que recurrir a agresivas bajadas de impuestos, algo que ya hizo el de Rajoy, para intentar contener en parte la subida de los precios de la electricidad.

El problema, sin embargo, vuelve a ser el mismo: falta una política de Estado energética en la que las grandes fuerzas políticas pongan en común sus recetas y ofrezcan seguridad jurídica a los inversores. Con ello, se evitaría que los siguientes gobiernos enmienden las medidas del anterior. Es algo en lo que ya está pensando Pablo Casado, que este domingo, en una entrevista en El Confidencial, explicaba que su plan energético pasa por aprobar un IVA superreducido para la luz (4%), repercutir en la factura todos los derechos de emisión de CO₂ y sacar los costes no energéticos del recibo de los consumidores. La historia, y los errores, se sigue repitiendo.