El Gobierno prorrogará la suspensión de desahucios hasta tramitar la ley de vivienda
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ESCUDO SOCIAL

El Gobierno prorrogará la suspensión de desahucios hasta tramitar la ley de vivienda

El departamento de Transportes rescata el plan para convertir la paralización de desahucios de familias vulnerables en indefinida, dando cobertura hasta que se apruebe la futura ley

Foto: La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. (EFE)
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. (EFE)

La futura ley de vivienda regulará los desahucios para ofrecer una alternativa habitacional a las familias vulnerables. Una de las medidas del texto legislativo que, al contrario que la regulación de alquileres o la subida del IBI a las viviendas vacías, no quedará en manos de las comunidades autónomas o los municipios la decisión sobre su aplicación. La previsión del Gobierno es llevar el proyecto de ley al Consejo de Ministros del próximo martes, aunque se prevé una tramitación parlamentaria larga. Es por este motivo que fuentes del ministerio de Transportes, que dirige Raquel Sánchez, avanzan que se prorrogará el escudo social hasta que se apruebe definitivamente la futura ley de vivienda. Al menos en lo referente a la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para que "las familias vulnerables no queden desprotegidas" durante este tiempo.

La última prórroga del real decreto-ley sobre el denominado "escudo social" expira el próximo 31 de octubre, y desde Moncloa ya han avanzado que se volverá a extender antes de final de mes. Lo que no se ha determinado todavía es el plazo de la nueva prórroga, según las mismas fuentes de Transportes. Si volverá a ser de tres meses, como hasta ahora, y seguir encadenando prórrogas hasta la aprobación definitiva de la futura ley de vivienda, o extenderlo de forma indefinida.

Foto: El ministro de Presidencia, Félix Bolaños (d), conversa con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

El departamento de Transportes ya elaboró el pasado mes de junio, antes de la salida de José Luis Ábalos, un plan para convertir la paralización de este tipo de lanzamientos en indefinida, dando cobertura hasta que finalizase la tramitación parlamentaria de la ley, como adelantó este diario. La intención, entonces, pasaba por recoger "las líneas fundamentales del acuerdo en materia de desahucios que se incluirán en la futura ley de vivienda".

El Congreso debatió este mismo martes una propuesta no de ley de EH Bildu instando al Ejecutivo para convertir en "derechos sociales permanentes" las medidas del escudo social. La iniciativa se votará el próximo jueves y contará con los apoyos necesarios para salir adelante tras pactarse una enmienda transaccional con PSOE y Unidas Podemos, en la que se comprometen a mantener "mientras sea necesario" las medidas en materia de vivienda y suministros básicos contempladas en el escudo social "hasta que se arbitren otros mecanismos de carácter permanente". La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se ha apoyado en este acuerdo para exigir su cumplimiento inmediato, recordando que los morados han reclamado desde hace meses que el Gobierno prorrogue el escudo social "hasta que sea necesario".

Foto: Un hombre mira unos carteles en una inmobiliaria de Madrid. (EFE)

En la futura norma impulsada desde el ministerio que dirige Raquel Sánchez, fruto del acuerdo alcanzado entre los socios de Gobierno para pactar los Presupuestos de 2022, se asegura que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo. Estas alternativas habitacionales, previo informe que constate dicha situación vulnerabilidad, serán municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado.

Los plazos para la suspensión de los lanzamientos mientras se gestionan estas alternativas serán diferentes si el propietario es una persona física o una persona jurídica. A la espera de cerrar los últimos flecos del texto, en el primer caso serán de dos meses, mientras que en el segundo se incrementan los plazos a cuatro meses. El texto del borrador al que ha accedido este diario indica que "presentados los escritos de las partes o transcurrido el plazo concedido para ello, el tribunal resolverá por auto, a la vista de la información recibida de las Administraciones públicas competentes y de las alegaciones de las partes, sobre si suspende el proceso para que se adopten las medidas propuestas por las Administraciones públicas, durante un plazo máximo de suspensión de dos meses si el demandante es una persona física o de cuatro meses si se trata de una persona jurídica".

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

Solo una vez adoptadas las medidas por las Administraciones Públicas competentes o transcurrido el plazo máximo de suspensión previsto, añade el artículo de la futura ley referente a los desahucios, "se alzará automáticamente y continuará el procedimiento por todos sus trámites". La norma pretende introducir en el procedimiento "criterios objetivos" con el fin de determinar las situaciones de vulnerabilidad económica. Todo ello, "con independencia de los criterios que puedan establecerse para determinar la vulnerabilidad social, simplificando y agilizando el procedimiento, e identificar las situaciones a las que se debe dar respuesta".

El borrador para extender de forma indefinida la paralización de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional recogía por su parte mejoras en el procedimiento de desahucio que pueda "afectar a la vivienda habitual de hogares vulnerables para garantizar una comunicación efectiva y rápida entre el órgano judicial y los servicios sociales a través de un requerimiento para que estos evalúen la situación y, en su caso, atiendan rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica y/o social".

Entre las medidas del escudo social, se incluye la prórroga extraordinaria para el alquiler por un máximo de seis meses

Entre las medidas en materia de vivienda del escudo social, se incluye la prórroga extraordinaria para los contratos de alquiler por un periodo máximo de seis meses, con la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor. Los propietarios podrán asimismo solicitar compensaciones. En materia de pobreza energética se garantiza el suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión. Esto es, a las familias con ingresos inferiores a 11.900 euros anuales si no hay menores y 19.800 euros anuales si tienen hasta dos menores.

En el actual decreto se recogía también el descuento en la factura eléctrica, ampliando el concepto de consumidor vulnerable a personas en situación de desempleo, afectados por un ERTE o que cumplan determinados requisitos de renta, de tal forma que puedan beneficiarse de un bono social eléctrico. Por último se incluyen medidas contra la violencia de género, manteniendo la consideración de "esenciales" a los servicios de protección y asistencia a las víctimas.

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