Se fugan dos acusados de prostituir menores aprovechando el parón judicial por el covid

Dos acusados de integrar una red de explotación sexual de mujeres se han fugado aprovechando la excarcelación obligatoria de la que se beneficiaron por el parón de la Justicia en el confinamiento. Integraban una organización que captaba chicas en Nigeria, algunas menores de edad, y las traían engañadas a España para prostituirlas bajo la amenaza de rituales de vudú. La Fiscalía pedía para ellos 86 años de prisión.

Se trata de Twony Osas Aghu, alias ‘Cavalli’, y Jennifer Ugbes, ambos nigerianos, en situación irregular en España y con antecedentes penales. Estaban citados para sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid desde el martes, pero no se presentaron. El tribunal que juzga a la organización ha dictado contra ambos una orden de busca y captura y les ha declarado en rebeldía mientras sigue el proceso contra el resto de los procesados.

TE PUEDE INTERESAR

El covid reduce un 20% los asuntos atendidos por Justicia Gratuita en 2020

Pedro del Rosal

Este juicio tendría que haberse celebrado en abril de 2020, pero el parón judicial decretado por el confinamiento provocó que 12 de los acusados salieran de la cárcel al haber permanecido en prisión preventiva más de los cuatro años que permite la ley. Finalmente, el juicio empezó el martes, un año y medio después de lo previsto, tiempo que Cavalli y Jennifer Ugbes han aprovechado para fugarse. Tenían la prohibición de abandonar España y la obligación de firmar a diario en la comisaría más cercana o de fijar un lugar de residencia.

El juicio empezó el martes y no se presentaron, por lo que el tribunal dio dos días de espera antes de pedir de nuevo su arresto. Cuando 12 miembros de esta red salieron en libertad obligada, la Audiencia Provincial pidió a la Policía Nacional que contactara con sus víctimas, testigos protegidos, para que extremaran su seguridad. El miedo a sus captores era tal que algunas siguieron ejerciendo la prostitución contra su voluntad incluso después de la operación que desarticuló la organización y llevó a sus jefes hasta la cárcel.

TE PUEDE INTERESAR

Entre el bloqueo y el covid: la apertura más descafeinada del año judicial

Beatriz Parera

Cavalli, uno de los dos fugados, era la pareja sentimental de una de las jefas de la red de explotación, también en paradero desconocido actualmente. Él mantenía contra su voluntad a las chicas en su casa de Fuenlabrada (Madrid). La organización se quedaba todo el dinero que recaudaban las chicas del ejercicio de la prostitución. Como sus víctimas llegaban a España en situación irregular, la trama tramitaba su petición de asilo en el Ministerio del Interior para evitar que las expulsaran.

Para sacar más dinero, en verano las trasladaban a Ibiza. Allí contaban con varios pisos donde las mujeres vivían hacinadas. Jennifer Ugbes controlaba uno de estos inmuebles, castigaba a las chicas cuando no obedecían sus órdenes, recaudaba el dinero y daba un parte diario a las jefas de la organización en Madrid. También participaba en el traslado de algunas de las víctimas a España.

TE PUEDE INTERESAR

La vida (restringida) en pisos tutelados para las mujeres liberadas de explotación sexual

Guillermo Martínez

Captaron a una decena de mujeres prometiéndoles un trabajo digno. Al llegar a España, les hacían saber que habían contraído con la organización una deuda que podía alcanzar los 30.000 euros. Las sometían a jornadas de hasta 12 horas ejerciendo la prostitución. Si se negaban o daban problemas, las amenazaban a ellas y a sus familias en Nigeria. Las castigaban con maltrato físico y psicológicamente mediante rituales de vudú, según el escrito de acusación de la Fiscalía. Sacrificaban animales y les obligaban a comerse el corazón y las entrañas.

El proceso —para el que hay programadas 37 sesiones de juicio— se dirige contra 25 acusados de esta trama desarticulada en la operación Cheval de la Policía Nacional. La Fiscalía pide desde cinco hasta decenas de años de prisión para los implicados. Se les acusa de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, lesiones, inmigración y cooperación con organización criminal.